El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha recorrido todas las variantes pacíficas para volver a su país y recuperar el cargo y las funciones para las cuales fue elegido por su pueblo. Cuenta con el respaldo de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del ALBA y de todos los bloques por áreas del continente americano.
Pero el presidente de facto, Roberto Micheletti, denominado por muchos hondureños como “Goriletti”, ratifica cada día que “el regreso de Zelaya no es negociable”. E insiste en que si vuelve “tendrá que presentarse en tribunales”. Pero esta opción no deja de ser una bravuconería, porque cuando Zelaya intentó aterrizar en Tegucigalpa en un pequeño avión acompañado por un grupo de 6 o 7 de sus colaboradores, la respuesta de Micheletti y los militares golpistas fue cerrar el aeropuerto y cruzar la pista con camiones militares. Ese día, completaron su operación reprimiendo a los miles de manifestantes que aguardaban el regreso del presidente, provocando un muerto y decenas de heridos.

¿Y el gobierno norteamericano?
Cada día que pasa, queda más en evidencia la posición “dubitativa” del gobierno norteamericano. Sus declaraciones han sido de clara condena a los golpistas. Afirmaron reconocer a Zelaya como único y legítimo presidente de Honduras. Pero en los hechos, no han actuado en consecuencia.
Hillary Clinton propició una mediación del presidente de Costa Rica que sólo significó perder tiempo y posponer la recuperación democrática de Honduras. Y mientras los países europeos dispusieron el retiro de sus embajadores, Estados Unidos mantiene el suyo. Es impensable que los militares hondureños, muchos de ellos formados en la “Escuela de las Américas” de los Estados Unidos y con vínculos estrechos con el ejército norteamericano, estén actuando “por cuenta propia” y sin el consentimiento al menos del Pentágono.
Revelaciones públicas de un diputado golpista confirmaron que el embajador norteamericano participó en reuniones previas a la detención y expulsión del país del presidente Zelaya. “The New York Times” publicó que Micheletti, el presidente de facto, ha contratado varios abogados norteamericanos que tienen vínculos con el poder, para integrar su equipo de asesores en Tegucigalpa y en la delegación negociadora en Costa Rica. Entre ellos, el diario menciona expresamente a Bennet Ratcliff y a Lanny Davis. El primero fue asesor de Bill Clinton entre 1993 y el 2001 y el segundo, es abogado personal del ex presidente norteamericano.

Detienen y asesinan a líderes sociales
Mientras tanto, en los últimos días continuaron las detenciones arbitrarias de dirigentes sociales en diversas ciudades hondureñas. En San Pedro Sula, un grupo de sicarios asesinó a Roger Iván Bados, uno de los principales líderes del Bloque Popular y del Frente Nacional de Resistencia.
Juan Barahona, portavoz del Frente, responsabilizó del crimen a los golpistas. «Todo esto es parte del ambiente y la acción de represión del gobierno golpista que no se va a cansar de reprimir al pueblo, porque es la única forma de mantenerse en el poder, aterrorizando y matando”, dijo Barahona. Indicó que como el gobierno de facto no tiene un respaldo popular, «no le queda mayor opción que matar a los dirigentes, no hay otra manera de que este gobierno pueda sostenerse». Estiman que unas 1.200 personas han sido detenidas desde que se anularon las garantías constitucionales.
Pese a la ola represiva, se mantienen las marchas populares de rechazo al golpe y reclamando el regreso de Zelaya. Por su parte la canciller hondureña, Patricia Rodas, confirmó la denuncia de que el ex represor Billy Joya, responsable del escuadrón de la muerte que actuó en los años 80 secuestrando, torturando y asesinando a dirigentes sociales, se desempeña como “asesor” de los golpistas.
Al momento de redactar esta crónica, el presidente Zelaya esperaba la decisión de los golpistas ante su anuncio de que daba esta semana de plazo para ser repuesto en el cargo. Y desde Caracas, Hugo Chávez anticipaba que Zelaya “volverá pronto y aparecerá en cualquier parte de Honduras, junto a su pueblo”. De la resolución de la cuestión hondureña depende la estabilidad política continental. Los últimos años confirmaron el camino democrático y el respeto por los resultados electorales en todo el continente. De prosperar al menos en sus principales objetivos, el torpe golpe de la oligarquía hondureña puede inaugurar una involución de trágicas consecuencias para los pueblos latinoamericanos.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info.