La oligarquía hondureña no ha tolerado el proceso de cambios iniciado por un presidente que proviene de sus filas, pero que en el ejercicio del poder advirtió que las experiencias neoliberales causaron mucho daño en su país y a quien le preocupa la enorme pobreza que llega al 63% de su población. Este privilegiado sector optó por ejecutar un torpe golpe militar en una conjunción que reunió a los parlamentarios de los partidos tradicionales, algunos de los grandes empresarios, un sistema judicial heredado que responde desde hace decenios a la voluntad de una minoría social, y finalmente un ejército que hasta hace 20 años era un apéndice del Pentágono norteamericano.

Antecedentes del golpe
Manuel Zelaya había convocado para el pasado domingo una consulta popular no vinculante, para que sus ciudadanos expresaran su conformidad o su rechazo con la posibilidad de que en coincidencia con las elecciones generales de noviembre se convocara un referéndum para que los hondureños se pronuncien sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente.
Esta convocatoria fue la excusa para que los sectores conspirativos pusieran en marcha su plan golpista. Se inició con la desobediencia del Jefe del Estado Mayor Gral. Romeo Vázquez a cumplir la orden de controlar y custodiar la consulta popular. Eso determinó que el presidente Zelaya, Comandante en Jefe de las FF.AA. dispusiera su inmediata destitución. Se produjo entonces una crisis institucional, porque en el parlamento los conspiradores intentaron el pasado miércoles destituir al presidente.
Pero -no se saben las causas- a último momento desistieron. La convocatoria de la consulta siguió adelante y el presidente encabezó una marcha popular que recuperó urnas y papeletas guardadas en una Base Aérea.

Secuestran a Zelaya
El domingo a la madrugada, horas antes de iniciarse la consulta, grupos militares entraron violentamente en la residencia presidencial y secuestraron a Zelaya. Horas más tarde, el presidente llegaba por avión a San José de Costa Rica expulsado por los militares.
Mientras tanto los parlamentarios fraguaban una presunta renuncia de Zelaya “por razones de salud” y nombraban presidente de facto a Roberto Micheletti, hasta ese momento titular del Congreso unicameral. Zelaya, desde San José de Costa Rica declaró que ese documento con su renuncia era falso lo mismo que su firma y afirmó que es el presidente constitucional de Honduras hasta el término de su mandato, a fines de enero del año próximo. Como tal fue recibido en Costa Rica por el presidente Oscar Arias.
Horas más tarde Zelaya fue sumando el apoyo y reconocimiento de los países del ALBA, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y del secretario de las Naciones Unidas. Los golpistas seguían dando excusas a veces contradictorias para explicar su decisión. En Tegucigalpa y en el interior del país se iniciaban las protestas populares, reprimidas por la policía y el ejército.

Reacción popular
En la tarde del lunes varios cientos de hondureños desafiaron a las fuerzas policiales que rodeaban la residencia presidencial en Tegucigalpa. Llegaron con su protesta y su reclamo a favor de Zelaya a las proximidades del cerco formado por tropas con uniforme de campaña y tanquetas.
La policía reprimió con bombas de gases, chorros de líquido colorante, e incluso cuando estuvieron a punto de ser desbordados, hicieron disparos al aire con sus metralletas. El pueblo hondureño quedó aislado de la realidad por la censura a los informativos de los medios independientes, algunos de los cuales fueron cerrados o destruidos sus equipos emisores. Las cadenas privadas de TV, que habían mantenido una permanente posición opositora a Zelaya, optaron por transmitir telenovelas, documentales o programas de entretenimiento, ignorando por completo los acontecimientos que se producían en la capital, en San Pedro Sula y en otras regiones del interior. El cerco informativo se completó por los golpistas al anular la señal de Telesur por los canales de cable.
Sin embargo, este canal de televisión que tiene cabecera en Caracas pero que gestionan varios países latinoamericanos, sí podía verse a través de su emisión por Internet. Telesur transmitió esa jornada durante varias horas desde el piso elevado de un edificio próximo a la residencia presidencial las escenas de la continua represión a los manifestantes, imágenes de los heridos, desplazamientos de ambulancias, etc. En un momento dado, la periodista expresó por su móvil satelital que el equipo de Telesur era detenido por militares golpistas. La rápida intervención del embajador de Venezuela en Tegucigalpa logró momentos después que los trabajadores de prensa fueran liberados y devueltos sus equipos.

Respaldo internacional a Zelaya
Al cierre de esta crónica para el Mirador, el presidente Manuel Zelaya recibía el pleno respaldo de todos los países del área, e incluso del gobierno norteamericano que le reconocía como legítimo gobernante de Honduras. Habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas. La Asamblea Extraordinaria de la O.E.A. aprobó la noche del pasado martes una resolución por la que otorga 72 al gobierno de facto para restablecer en su cargo al presidente Zelaya. Caso contrario, le aplicará el art. 21 de la Carta de la OEA, y el país será suspendido como miembro de la organización.
Ya veremos y comentaremos el desarrollo de los próximos acontecimientos. Esta burda intentona golpista es un pésimo antecedente de retroceso para la restablecida democracia continental, y es urgente y necesario desmontar este golpe de la oligarquía hondureña.

Reflexión personal
Quiero finalizar este Mirador con una reflexión personal, porque estos sucesos golpistas en el continente coinciden con un nuevo aniversario del asesinato de dos compañeros del gremio gráfico de Bahía Blanca, a quienes conocí y con quienes compartí hace muchos años la defensa sindical de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Me refiero a Heinrich y Loyola, cuyas muertes por una patota de asesinos en julio de 1976 todavía permanecen en la impunidad. Fueron dos de las miles de víctimas de otro golpe militar como el que ahora se consumó en Honduras.

Por eso nos duele profundamente tener que ver nuevamente en las calles de un país latinoamericano uniformes de campaña, tanquetas y fusiles amenazando a los ciudadanos. Otra vez soldaditos en las calles, mandados por generalotes que parecen continuidad de aquellos uniformados represores que torturaron, secuestraron y asesinaron a su propio pueblo. Creíamos que nunca más veríamos este lamentable espectáculo. 
La torpeza de los golpistas no disminuye su responsabilidad. Ni la de los parlamentarios que intentaron fraguar una presunta renuncia del presidente Zelaya y pretendieron “legalizar” el golpe. Ni la de los medios de comunicación privados, cómplices de la instigación y la mentira. Y menos aún, la de quienes desde alfombrados despachos y sólo midiendo sus intereses personales, alientan la violencia para quebrar cualquier intento de cambio social, de avance hacia la justicia y la equidad. Toque de queda; detenciones arbitrarias de líderes sindicales y sociales, censura y corte de la señal de canales de cable extranjeros son los primeros pasos del gobierno de facto. Pero los tiempos han cambiado. La condena internacional a los golpistas es unánime. Tarde o temprano, los pueblos sabrán poner las cosas en su lugar.
Como nos legó Salvador Allende en sus últimas palabras: «Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra, y la hacen los pueblos».

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info.