El gobierno de Alan García vuelve a repetir su penosa táctica con el pueblo amazónico. Promesas de diálogo sobre la legislación que implica el futuro de las tierras y los recursos de la extensa región, el tiempo que transcurre, la paciencia indígena que se agota y nuevamente al límite de una explosión social. Antes de junio pasado, hubo un año para dialogar, pero el gobierno no lo hizo.
Cuando todos esperaban que el Congreso derogara los decretos que permitirían la entrada de las multinacionales en la bio-riqueza amazónica peruana, los diputados del APRA, partido de Alan García, maniobraron para que el tema ni siquiera fuera tratado. Y a la madrugada del día siguiente, 5 de junio, el gobierno lanzó en Bagua una insensata operación policial para desalojar los cortes carreteros que los pueblos amazónicos mantenían desde hace meses. Un medio centenar de muertos, entre policías y colonos fue el saldo trágico. Una masacre que podría haberse evitado si el gobierno peruano hubiese dialogado y no hubiera dado la orden de reprimir. Cuando aún no se han terminado de establecer judicialmente las responsabilidades por aquellos gravísimos sucesos, la situación puede repetirse.

Se acaban los plazos
La presidenta de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, afirmó que si el gobierno no cumple sus promesas formuladas tras el “Baguazo”, la dirigencia nativa acatará el mandato de su pueblo para reiniciar la protesta. “Y esta vez, dijo Zapata, no tendrá tregua”.
La dirigente amazónica informó también que las bases de Aidesep en Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y Madre de Dios están en reunión permanente para decidir las acciones que van a tomar ante la intención de trasladar el caso de Bagua a Lima y también para exigir el regreso de su máximo líder Alberto Pizango, asilado en Nicaragua. “Ni siquiera han cumplido con la promesa de otorgar facilidades para el traslado, hospedaje y alimentación de los compañeros que están en Lima, ellos no pueden mantenerse por sí mismos mientras esperan su turno para participar en las mesas de diálogo. El gobierno prorroga esta situación para que los indígenas se cansen y pateen el tablero”, añadió Daisy Zapata.

Presión contra la justicia
Mientras tanto, peligra la independencia de la investigación judicial sobre la masacre de Bagua del 5 de junio pasado. El ministerio público desautorizó a la fiscal Marlene Rojas que denunció penalmente a los oficiales de la Policía Nacional que dirigieron la desastrosa operación de “control” de las protestas de los nativos amazónicos.
La fiscal independiente ha sido imputada de “usurpación de funciones” por la representación gubernamental peruana. Rojas rechazó haber cometido delito alguno, y manifestó que lo único que hizo fue cumplir su deber. “Se trata de una campaña de desprestigio personal y profesional de mi desempeño como fiscal, y lo que pretenden, concluyó Rojas, es dejar sin efecto la denuncia por los hechos de Bagua.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info