La mediación de la Iglesia Católica no ha logrado -al menos todavía- destrabar el conflicto entre el gobierno boliviano y la oposición. La crisis se plantea en torno al documento final aprobado por la Asamblea Constituyente y la respuesta de varios prefectos (las regiones de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) que pretenden declarar sus autonomías. El secretario de la Conferencia Episcopal dijo a la prensa que el diálogo sería llamado “si las partes muestran vocación sincera y deponen amenazas”, pero hasta ahora solo el presidente Evo Morales dio señales de aparente flexibilidad. A pesar de que la propuesta de nueva constitución fue aprobada por una mayoría legítima, algunas prefecturas la rechazan porque consideran que afecta sus intereses (son regiones que disponen de riquezas naturales). Desde el MAS el partido en el gobierno, se considera que esa oposición pretende defender los privilegios de sectores minoritarios y afirman que incluso tiene un trasfondo racista, porque reniegan de la población colla y de los sectores campesinos. El prefecto de Santa Cruz de la Sierra, sin duda la zona más rica y desarrollada de Bolivia, sigue adelante con su intención de hacer un referéndum el próximo 4 de mayo para aprobar una propuesta autonómica, pese a que fue desautorizada por el gobierno, por el Congreso y por la Corte Nacional Electoral.
Incluso estudian la posibilidad de exportar eludiendo las autorizaciones necesarias del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, o sea, desconociendo las normas vigentes en el estado boliviano. El gobierno prohibió hace unos días las exportaciones de aceite comestible, y otros productos de la canasta familiar, con la intención de garantizar primero el abastecimiento interno. Evo Morales indicó que ante todo, están las necesidades básicas del pueblo boliviano. En los últimos meses, los precios de la canasta familiar se incrementaron de forma sistemática y algunos productos duplicaron su costo como la papa, el arroz, el tomate, la carne, el aceite, entre otros, que alteraron la demanda y la oferta. Por su parte, los movimientos sociales afines al MAS exigirán al Poder Ejecutivo nacionalizar las empresas aceiteras del país por «haber atentado contra el hambre del pueblo boliviano», al aplicar precios inalcanzables para la economía popular. El secretario ejecutivo de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco afirmó que los movimientos sociales plantearán al gobierno “que se nacionalicen todas las empresas privadas de aceite, porque se han aprovechado de los sojeros colonizadores de Santa Cruz”.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info