Muchos corresponsales que cubrieron la información del paro general convocado en seis departamentos bolivianos, recordaron las características de la huelga con la que la oposición a Hugo Chávez intentó desestabilizar al gobierno venezolano. En aquella oportunidad, las cámaras empresariales financiaron una huelga “por tiempo indeterminado”, paralizando actividades y en muchos casos pagando puntualmente los salarios de los trabajadores.
La similitud radica en que en este caso la propuesta de huelga partió de los dirigentes de Santa Cruz, el departamento más rico y desarrollado del país, y lo secundaron otros como Pando, Tarija y Beni, que también tienen recursos propios y que alientan el sentimiento de no compartirlos con el resto del país. Tras esta movilización impulsada desde las clases dirigentes, renacen posiciones autonomistas de aquellos enclaves que constituyen una excepción de riqueza entre el emprobrecimiento generalizado de la población.
Sin embargo, la huelga sólo se hizo sentir en algunas capitales, y tuvo mínima expresión en el interior de los departamentos. El paro “en defensa de la democracia”, según el lema de los promotores, se inició en Santa Cruz de la Sierra con una salida violenta de los miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista armados con palos y piedras. Bloquearon calles, y saquearon locales públicos amedrentando a todos aquellos que querían trabajar. En la zona del mercado “El Abasto”, a golpes con los vendedores. Uno de ellos resultó con heridas al ser embestido intencionalmente por negarse a cerrar su tienda. El conductor de la camioneta era uno de los miembros violentos de la U.J. Cruceñista.
El gobierno calificó el paro de “forzado, parcial y violento”, mientras que los llamados “Comités Cívicos” afirmaron que fue “contundente y pacífico”. El paro, además de ser importante en Santa Cruz, fue visible en Pando, Tarija, Beni, Chuquisaca y Cochabamba.

Frenar los cambios
La oposición, que pretende bloquear y provocar el fracaso de la Asamblea Constituyente, también agitó una antigua reivindicación de Sucre, para que los poderes Ejecutivo y Legislativo que funcionan en La Paz, sean trasladados a esa ciudad que ejerce de capital administrativa.
El gobierno, previendo que ese sería un elemento de confrontación, excluyó ese conflictivo tema de la agenda de la Constituyente y reiteró su oferta de organizar una ronda de diálogo entre representantes de ambas ciudades.
Grupos de campesinos e indígenas rechazaron la huelga incluso en aquellas localidades donde el paro tuvo alguna expresión. Según ellos, esta huelga “sólo busca defender los intereses de la oligarquía”, y señalaron con duros términos a uno de los promotores de la huelga, el latifundista y presidente del Comité Cívico Cruceño, Branco Marinkovic. Organizaciones como la COB (Confederación Obrera Boliviana) y el magisterio rural y urbano, también rechazaron la huelga.
Fuentes del gobierno expresaron su convicción de que la oposición seguirá intentando paralizar la Asamblea Constituyente para evitar los cambios que pretende Evo Morales, compromiso electoral que fue apoyado por una mayoría absoluta de los bolivianos en las urnas. Afirman que tienen sospechas de que ricos latifundistas recaudan fondos para formar “grupos armados irregulares” contra la política de reforma agraria. Y esto “no coincide con la defensa de la democracia que proclaman los empresarios”, afirmó Cliver Rocha, director de Tierras al diario La Prensa de La Paz.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info