Si en alguna facultad de periodismo quisiera explicarse lo que es la manipulación u ocultación de la realidad por los medios, no faltarían argumentos. Pero en estos días, lo que sucede en Honduras -con el silencio que se cubre y protege la represión sistemática del gobierno de Porfirio Lobo- sería un ejemplo difícilmente superable.

Tras el traspaso del gobierno golpista de Micheletti al “elegido” en los comicios militarizados y sin libertades, la oligarquía hondureña sigue siendo quien manda y dispone. El presidente constitucional Manuel Zelaya fue derrocado y expulsado del país de forma violenta e ilegal, y amparándose en falsedades tales como la que le imputa que “pensaba perpetuarse en el poder” (a menor escala y salvando distancias, un argumento tan cierto como las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión, ocupación y martirio del pueblo iraquí). Esa violencia inicial de junio del año pasado, continúa y se refuerza con este gobierno ilegítimo. Y con el amparo de Estados Unidos y de otros países complacientes, consiguen “tapar” crímenes, abusos y violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Regresa la “normalidad”
Se han modificado leyes del gobierno de Zelaya que otorgaban beneficios sociales y laborales. Se restablecen y aumentan los privilegios de los grandes terratenientes y empresarios, que todo sea dicho, apenas habían sido afectados durante el gobierno derrocado. Todo eso en nombre de la “democracia” y con el apoyo público de personajes de la oligarquía hondureña, como el empresario Facussé, o del propio Roberto Micheletti, que en lugar de ir a la cárcel, ha sido designado “diputado vitalicio” por el Congreso hondureño controlado por los golpistas para asegurarle impunidad de por vida. La jerarquía católica, tan próxima a los poderosos de Honduras y que en junio se definió golpista, ahora promueve “olvido y reconciliación” y mira para otro lado cuando los sicarios siguen asesinando.
Pero el papel más siniestro y perverso lo cumplen los medios de comunicación que, en lugar de informar, ocultan y manipulan lo que sucede en el país. Las pocas voces independientes se reducen a algunas emisoras de radio y pequeños periódicos. Los “grandes” responden a empresarios ligados con el poder y son parte del conglomerado mafioso que gobierna y controla Honduras. Uno de ellos es Jorge Canahuati, un ultraderechista que financió la campaña progolpista en Washington. Ese muro de silencio y mentiras no se reduce al interior del país. También los grandes medios y agencias de América Latina y del mundo, se “olvidan” de Honduras. Ellos ya guardaron el expediente de ese entrañable país centroamericano en el cajón de “países normalizados”, y por tanto allí “no pasa nada”.

Pero pasa…
Esta semana fue asesinado otro periodista, el séptimo desde el mes de febrero, a poco de asumir Porfirio Lobo el nuevo gobierno. Luis Antonio Chévez Hernández, de 22 años, comunicador de W105, fue asesinado en San Pedro Sula el pasado domingo por sicarios que detuvieron su vehículo. El 17 de febrero pasado había aparecido muerto en Tegucigalpa el periodista Nicolás Asfura. El 1 de marzo mataron en una emboscada a Joseph Ochoa, del canal 51, e hirieron a la periodista Karol Cabrera. El 11 de marzo fue asesinado de varios balazos David Meza, reportero de Radio El Patio y corresponsal de Radio América. El día 14, el periodista Nahúm Palacios Arteaga, de Radio Tocoa y de Aguán Canal 5 fue asesinado tras ser interceptado y embestido su vehículo. A fines de marzo, fueron emboscados en pleno día los comunicadores José Bayardo Mairena y Manuel Juárez cuando circulaban en un automóvill por la carretera a Juticalpa, Olancho.
A pesar de las promesas de esclarecimiento por parte del gobierno, ninguno de esos asesinatos ha sido aclarado y nadie permanece detenido como sospechoso. La impunidad ampara a los sicarios. Pero no son los periodistas las únicas víctimas. Varios dirigentes del Frente Nacional de Resistencia integrado por diversas asociaciones y entidades de la sociedad civil hondureña también han sido asesinados. Y en el Bajo Aguán, región donde el Movimiento Unificado Campesino encabeza un reclamo de tierras, ya se han producido tres muertos. El último, Miguel Alonso Oliva, de 22 años, miembro activo del MUCA, la organización campesina.
El gobierno ha enviado varios camiones con tropas a la región. Se estima que unos 2.500 efectivos militares y policiales se encuentran ya en la zona donde los campesinos ocupan unas 4.500 hectáreas. Entre los propietarios se encuentran los empresarios René Morales y Miguel Facussé. El gobierno afirma que “quiere hacer respetar los derechos humanos en la zona” y “restablecer el orden”. Al redactar esta crónica el MUCA, periodistas independientes y vecinos de la región han denunciado que la presencia militar puede terminar en una masacre de campesinos. Esta es una parte de la tragedia que vive gran parte del pueblo hondureño, pero que resulta casi imposible encontrar en las crónicas de diarios, o en los informativos de radio y televisión. Para los que controlan los medios, Honduras ya está “normalizada”. Y mientras, dedican todo su empeño tergiversador en atacar y difamar a aquellos países, gobiernos y pueblos que en el continente americano intentan encontrar su propio camino.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info