A pocas horas de que el pueblo ecuatoriano exprese en las urnas su aceptación o su rechazo a la propuesta de una nueva constitución, el resultado de la consulta es incierto. Los sectores conservadores, incluyendo a los principales partidos políticos tradicionales, han sido el motor de la campaña por el NO. Entre sus argumentos mencionan la presunta inviabilidad de muchas de sus propuestas, cambios que “alteran la normalidad”, o artículos poco explícitos que “ponen en riesgo a la familia”.
La Iglesia ecuatoriana, o más concretamente su cúpula formal, la Conferencia Episcopal, ha participado de diversas maneras en la campaña, aferrándose precisamente a supuestos “principios morales”, entre los cuales mencionan la posibilidad de que se legalicen parejas del mismo sexo. Otros sectores de base de la Iglesia, por el contrario, forman parte del conglomerado popular integrado por indígenas, campesinos y movimientos sociales urbanos que defienden los cambios propuestos en la nueva Carta Magna elaborada por la Asamblea Constituyente. Dirigentes conservadores como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participaron de “la marcha por la vida, la libertad y la familia”, promovida e impulsada desde diversos centros educativos católicos. Quienes se oponen a los cambios, han salvado transitoriamente sus diferencias para coincidir en la campaña por el NO en la que han volcado importantes recursos económicos.

El apoyo al “SI”
Mientras tanto, el campo de los partidarios del SI no resulta tan homogéneo, porque son visibles los apoyos condicionados: votarán “si”, pero eso no implica un “cheque en blanco” para el presidente.
Además del Movimiento PAIS, que es la coalición política que llevó a la presidencia a Rafael Correa, diversos sectores de la sociedad ecuatoriana se han pronunciado a favor de los cambios. Entre ellos la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Si bien el nuevo texto no contempla todas sus reivindicaciones, hay importantes avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Otros cambios importantes refieren al proyecto de Constitución en la que la salud sería gratuita y universal. Además, se prohibirá el trabajo a menores de 15 años, la educación será obligatoria hasta el bachillerato, y las parejas homosexuales estarán amparadas por la ley con la unión de hecho, lo que les permitirá ejercer los derechos de una sociedad conyugal.
El economista Alberto Acosta, que presidió casi hasta el final el trabajo de la Asamblea Constituyente, reafirmó que el proyecto aprobado se adecua a los procesos de cambio que vive América Latina y rompe con el monopolio que actualmente ejercen grupos económicos poderosos, por otra parte dueños de la mayoría de los medios de comunicación. Acosta renunció días antes de concluir su tarea a la Constituyente por diferencias con el presidente Correa, pero ratificó que el proyecto que será sometido a voto, puede ser una herramienta indispensable para los cambios que necesita el país.
El próximo domingo, casi diez millones de ecuatorianos, incluidos unos 140.000 que viven en el exterior y que han cumplido el trámite de empadronamiento, podrán votar «sí» o «no» sobre el proyecto constitucional. De acuerdo con las normas legales, el texto constitucional deberá ser aprobado por, al menos, la mitad más uno de los votantes (incluidos también nulos y en blanco). En caso contrario, el proyecto será rechazado.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info