El presidente ecuatoriano Rafael Correa, reveló que el segundo funcionario de la embajada de los Estados Unidos que fue expulsado del país el pasado viernes, era el director de la Central de Inteligencia en ese país. A comienzos de febrero -como publicamos en el “Mirador”- el gobierno de Quito había pedido la salida del país de Armando Astorga, agregado de asuntos migratorios. El viernes 20 abandonó Ecuador Mark Sullivan, que era el primer secretario de la embajada norteamericana. La cancillería ecuatoriana declaró persona no grata a Sullivan al descubrir “que se había cometido una intromisión inaceptable en los asuntos internos del estado”. El diplomático condicionó la cooperación logística y económica a la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía nacional, a la designación de funcionarios recomendados por la embajada estadounidense. Correa destacó que la expulsión de Sullivan -anunciada después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, – ocurrió después de decidir la destitución de Manuel Silva, jefe de la unidad policial dedicada a investigar casos de alto impacto. Correa afirmó que Sullivan cometió -además- una “barbaridad”, al llevarse computadoras de la unidad policial. Las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y el de Estados Unidos se hicieron más tensas a partir de la victoria electoral de Correa, que en su programa electoral había incluido que no renovaría el acuerdo por el cual concedía la utilización de la Base Aérea de Manta, sobre el Pacífico, y la permanencia de tropas norteamericanas en ese lugar. El presidente ecuatoriano, ha ratificado ese criterio e insiste en que no renovará el contrato que otro presidente estableció en 1989. El Departamento de Estado norteamericano
-los nuevos funcionarios del gobierno de Barak Obama- afirmaron que las expulsiones no afectarán la cooperación bilateral con Ecuador en asuntos de seguridad y desarrollo económico. El canciller ecuatoriano Fander Falconí, explicó que Manuel Silva, jefe policial, fue quien señaló a Mark Sullivan como el funcionario estadounidense que exigió la entrega de los discos duros que contenían los archivos de la Unidad, cometiendo un atentado contra la seguridad del país. Aclaró el ministro que eso fue una injerencia en las decisiones del mando policial y del estado ecuatoriano, pues la información de los archivos no estaba vinculada con el retiro de la cooperación norteamericana.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info