Mientras
la presidenta del Consejo Escolar, Gabriela Costa, afirma que la situación de
las escuelas está mucho mejor, el anterior presidente y actual consejero Manuel
Mendoza, señala lo contrario. Su acusación de malversación de fondos fue
desmentida y explicada por Costa.
Diferentes idas y vueltas en un mismo organismo con las escuelas en el medio.

Con el inicio del ciclo lectivo 2011, EcoDias quiso saber en qué estado se
encontraban las escuelas de Bahía Blanca para contener a sus alumnos y alumnas.
Desde hace varios años el tema de la infraestructura escolar y sus deficiencias
ha sido motivo de discusión y también de preocupación, ya que se trata de las
condiciones que los chicos y chicas necesitan para estudiar como corresponde y
que no siempre son las mejores. Pero de las respuestas a una simple requisitoria,
surgieron cuestiones que dejan ver que en el seno del Consejo Escolar el clima
está agitado.
EcoDias dialogó con el consejero Manuel Mendoza, uno de los que más se expresó
sobre los problemas en el Consejo en diferentes medios de comunicación, y
también con la presidenta del organismo, Gabriela Costa. De ambas declaraciones
se pueden divisar fácilmente las distintas opiniones y las miradas frente a la
realidad de la infraestructura escolar.
Mendoza manifestó que el reciente inicio de clases ha sido peor que en años
anteriores: “Más que
nada en lo que es la nueva secundaria, porque desde que la anunció Oporto en
2010 acá en Bahía Blanca no hemos tenido ni una sola aula. Recién ahora estamos
empezando a hacer algo en la
Media 2, pero necesita tanto la Media 2 como la Media 14, la Media 11, la Media 7, la Media 10: todas estas
escuelas necesitan aulas para poder albergar a los chicos de la nueva
secundaria. En realidad, de esto no se hizo nada”.
Grandes diferencias a la hora de analizar el mismo tema tiene la presidenta del
Consejo, Gabriela Costa: “Nunca vamos a estar conformes, yo
la primera, pero hemos tratado de ver todo lo que es filtraciones de techos,
todo lo que es electricidad. Estamos haciendo algunas cosas que se tendrían que
haber hecho antes como obras de gas que no están correctamente. Nosotros
tenemos un goteo de impuestos coparticipables que se llama Fondo Compensador y -eso
también gracias a la descentralización- va fluyendo dinero mes a mes y con eso
podemos ir resolviendo estas cuestiones que tenemos de mantenimiento de
escuelas. A su vez, a principios de año tenemos un monto importante para riesgo
de inicio… En fin, nunca vamos a estar conformes, siempre vamos a estar
pidiendo más pero realmente si tengo que medirlo en perspectiva estamos cada
vez mejor en educación”.
En lo que sí mostró similar preocupación a la de su colega, es que la
nueva ley educativa exige la separación de primario y secundario de los
edificios, lo cual dificulta la tarea por la falta de espacio para alojar al
alumnado: “Nos complicó en el sentido de que nosotros no tenemos la cantidad de
edificios de escuelas medias como tenemos cantidad de primarias, y ahora hay
que sacar a esos chicos de la primaria y ponerlos en la secundaria. Por lo
tanto, se está trabajando rápidamente”.
En este sentido, Mendoza habló de la responsabilidad del gobierno provincial ya
que no se previó qué hacer con siete escuelas que el Informe Hábitat Escolar no
autorizó a funcionar. Pese a ello, a esos edificios siguen concurriendo estudiantes
y docentes: “Va a
estar todo igual pese a que una persona de Habitar Escolar de la provincia dijo
que no era conveniente que sigan. Un ejemplo es la ESB que funciona en la Escuela 22, no puede
seguir funcionando con la EPB
de la 22. Este es uno de los tantos ejemplos que tenemos y esto es pura y
exclusivamente culpa de la provincia de Buenos Aires: no queramos cargar las
tintas sobre infraestructura local que no tiene nada que ver y trabajan para
solucionar los problemas de una manera brillante. Esto pasa porque la Provincia
no pone el dinero suficiente para que las obras se hagan”.
Para Mendoza, la
inhabilitación, por un lado, y la falta de decisiones y acciones del gobierno
provincial, por otro, ponen a los inspectores entre la espada y la pared: “Un
ente de la Provincia de Buenos Aires te dice que acá no se puede funcionar,
pero no te da respuesta de dónde tenemos que poner los chicos. Entonces, como
inspector no queda otra que seguir escolarizándolos en ese lugar”.
Al intentar corroborar esa información con la presidenta del Consejo,
dijo que efectivamente existe dicho informe que señala que en algunas escuelas
se pueden ir haciendo determinadas modificaciones, en otras no se puede y otras
están en condiciones de funcionar: “Hay escuelas en las que no se puede como la
63 o la 22, y sin embargo la comunidad se puso muy firme, ellos tramitan por
cuerdas separadas. Por ejemplo, la 63 se quedó y dicen que después comprarán un
terreno al lado, son temas que escapan al Consejo Escolar. El cuerpo de
consejeros lo que hace es tratar de gestionar, dentro de lo que se puede hacer,
los arreglos necesarios, y en otras decir que no directamente. Pero las
comunidades saben su realidad y a veces tiene más peso que lo que disponen los
consejeros”.

De Jardín de Infantes
El tema más espinoso que tuvo el Consejo en las últimas semanas surgió por
unos jardines de infantes cuya construcción estuvo a cargo del gobierno nacional
y que, según Mendoza, tendrían que haberse habilitado en octubre pasado. Esos
jardines no contarían con gas, cloacas, ventiladores y rejas y una decisión de
las autoridades del Consejo desató una aparente crisis institucional en ese
organismo ya que se hicieron pagos, sin seguir el camino burocrático que
correspondería, para hacer obras en dos establecimientos.
Al respecto, Costa no quiso entrar en polémicas pero brindó algunas
explicaciones.  Señaló que ante la
ansiedad de inscripción de matrícula y para que los edificios no se estropeen,
se intentó colaborar en cuestiones centrales, como por ejemplo el gas: “Dijimos
que si ese es el motivo, conectamos el gas envasado hasta que se terminen las
obras del gas natural, porque eso lleva su tiempo. Y a su vez la conexión de
cloacas que son obras menores, no llegan ni a dos mil y pico por jardín. Claro,
si sumamos todo da 10 mil pesos, son obras que por ese monto podemos disponer
del Fondo Compensador, fue gastado en edificios escolares, no está gastado en nada”.
Otras obras que se hicieron desde el Consejo y que en este caso no correspondían,
fue la colocación de juegos enviados por Nación y los areneros que no se
encontraban en los pliegos.
Al mismo tiempo, Costa aclaró que los fondos destinados deben ser devueltos por
la empresa constructora o por la Unidad
Ejecutora de la provincia de Buenos Aires: “Así que esos
dineros, esos 10 mil pesos en total gastados, los repone ya sea la unidad
ejecutora o la empresa a través de ella, por las demasías o economías que
arreglaron. O sea que ese no es un dinero malversado sino un dinero hecho,
estamos trabajando para que si se demora la provisión de gas natural, podamos
seguir con esta instalación de gas a granel”.
Acerca de si el método utilizado por la presidencia del Consejo Escolar es
lícito, la presidenta Costa defendió la decisión: “A veces, por ejemplo, en
otros casos, nos sale 5.000 pesos una tarea que hay que hacer. Para no hacer la
compulsa, para no perder tiempo, ¿qué hace el Consejo Escolar? Pongo los insumos,
los materiales, facturo y después una cooperadora pone la mano de obra. Mientras
esté gastado en las escuelas, esté gastado de acuerdo a la normativa,
diferenciándose a continuación de su predecesor, el radical Mendoza: “Bueno, hay
gestiones y gestiones… Habrá gestiones muy prolijas que no comparten problemas,
esta gestión trata de ser prolija pero fundamentalmente lo que quiere es el
bienestar primero de los alumnos y de las comunidades. Y después, si hay que
pagar costos se pagarán”.
Vuelta a consultar sobre si el destino de fondos se hizo por los carriles normales,
Costa respondió: “Sí, sí. Según como quieran ver, hay gente que lo entiende y
gente que no lo quiere entender, y está en todo su derecho. Estamos en
democracia, tenemos auditorías que al final de nuestra gestión y durante todos
los meses nos van mirando cómo están las cosas, cómo se está gestionando, en
qué se invierten los dineros y tenemos que rendir cuentas. No es que nosotros
gastamos alegremente lo que queremos, porque somos funcionarios políticos,
tenemos auditoría”.