El viernes 24 se presentó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, el informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial, “El Sistema de la Crueldad II. Ojos que no ven”, que plantea las violaciones a los derechos humanos que sufren los internos por parte de las fuerzas de seguridad.
A continuación compartimos fragmentos de las disertaciones del fiscal general Hugo Cañón; Rosendo Otegui, hermano de Aroldo Otegui (interno fallecido en la Unidad Penal de Villa Floresta); y el sociólogo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales Roberto Bergalli.

El eje no es la seguridad
En la apertura del acto, el fiscal Cañón aseguró que “el tema del servicio penitenciario y los demás lugares de detención, está muy vinculado y ligado a algo que está permanentemente en debate en la sociedad, a través de los medios y de las declaraciones y declamaciones políticas: la seguridad.
Parece esencial ver desde dónde se aborda el tema, colocado como número uno de la agenda pública, con lo cual se ha convertido en una suerte de columna central de la discusión pública con un gran imán que va atrayendo y sumando elementos para pasar a ser una columna inmensa, abarcativa de todo”.
“(…) Sabemos que el sistema penal, además de ineficaz, cuando puede servir tiene que servir para otras cosas. Para pocas cosas, que tengan que ver con la resolución de la conflictividad social (…) que pasa por otro eje que no son ni el derecho penal, ni la seguridad. Tiene que ver la falta de educación, de trabajo, de salud pública… Quien no se acople al sistema tiene que ser excluido”, analizó Cañón.
A su vez, el fiscal general destacó que “es importante que veamos esto para entender y así no caer en el discurso fácil que nos instalan diariamente, como que soltar un preso significa sumar inseguridad, entonces hay que dejarlo en la jaula, adentro. Y cuantos más enjaulemos podemos ir logrando mayor seguridad mientras van abarrotándose los countries con cercos y armas… y los pobres, los negros, los más desclasados son los que hay que ir enjaulando y exterminando”.
“Solá dice que usamos palabras muy cargadas, que este informe es muy duro… y la que es dura es la realidad. Las palabras están reflejando lo que esa realidad indica”, advirtió Cañón.

“Represión no es prevención”
“Los sistemas penales modernos fueron precisamente elaborados por los ilustrados del siglo XVIII con objetivos muy semejantes a los que se han expresado aquí: limitar el abuso del poder, del poder político punitivo; eliminar los resquicios de venganza privada que a través del sistema penal se puedan reflejar; y darle a la condición humana una centralidad en el ámbito de aplicación del castigo. A través de 250 años de historia moderna esto ha sido oprobiosamente pisoteado”, explicó el doctor en Derecho Roberto Bergalli y responsabilizó a “los juristas y a la cultura jurídica moderna que se ha elaborado muy apegada al conocimiento del universo de las reglas y poco apegada a informarse y conocer cómo se aplican esas reglas”.
Bergalli reconoce en el informe las falencias en las instancias de aplicación de las reglas jurídicas argentinas: “Policías, fiscalías, jurisdicción penal, instituciones de cumplimiento de las penas… cada una en mayor o menor medida son el espejo, la demostración de que este sistema penal se aplica con un despropósito abusivo de los principios que pueden gobernar el estado constitucional de derecho”.
Si bien históricamente se creyó en el principio de que la utilización de la cárcel tiene por fin la rehabilitación o readaptación social, Bergalli sugiere “que ninguna disciplina de la conducta puede orientar a privar de la libertad con un castigo con un objetivo de hacer que esa persona modifique su conducta. Esto parece una incongruencia que hasta el más neófito de la disciplina de la conducta se le presenta. Sin embargo, nos hemos embanderado en el mito de la resocialización y hemos creído que efectivamente la cárcel puede rehabilitar. No hace falta decir que somos unos ignorantes, unos torpes o unos ilusos porque no sólo no hay rehabilitación sino que hay corrupción y perversión”.
Por otra parte el sociólogo sostuvo que “no hay tortura sin abuso de poder, el poder que le es entregado a un funcionario policial, judicial o penitenciario está obviamente concedido en el ámbito y límites de la actuación que le corresponde a cada uno de ellos. Todos estos no son más que aparatos represivos. Nadie puede creerse que la policía, la cárcel o la jurisdicción no son represoras… ha sido una de las formas racionales que la modernidad ha creado y que ha permitido en ciertas épocas que realmente las reglas cumplidas en todos sus principios y categorías fueran un instrumento de organización social. Pero la represión es una cosa y la satisfacción de las necesidades que se reclaman en los ámbitos sociales son otras”.
Teniendo en cuenta lo antedicho, Bergalli manifiesta que el error está en “confundir la represión con la prevención y asignarle a la policía, a la justicia o a la cárcel funciones preventivas es un error mucho más grave y profundo”.

El testimonio de Rosendo Otegui
“Al año, nadie nos informó nada sino que el dr. Cañón se comunica con mi familia diciendo que mi hermano estaba padeciendo una enfermedad. En ese momento yo estaba de viaje, me encuentro con mi hermano en la ruta y decidimos venir al Servicio Penitenciario. Cuando nos presentamos en el Servicio no nos dejaron pasar a la mañana y nos dijeron que a la tarde nos iban a dejar pasar porque lo llevaban al médico. En ese momento lo sacan en un camión al hospital.
A la tarde cuando vamos a ingresar nuevamente, nos dicen que esperáramos que iba a hablar un médico del Servicio Penitenciario con nosotros. Nos dice que mi hermano sufría una enfermedad y que había tenido un deterioro bastante importante. Trata de darme algunas explicaciones, se aleja y un ayudante me dice: ‘cuando usted vea a su hermano se va a impresionar’. Le digo: ‘pero, ¿por qué?, ¿es tan grave?’. ‘Sí, es bastante grave’, me dijo.
Cuando me llevan a la enfermería y lo traen a mi hermano, fue una cosa terrible ver a una persona en el estado en que estaba él. Ni la persona más vagabunda de la calle muere como murió él.
Lo primero que tengo que hacer es sacar fuerza, se quiebran mis hermanos al verlo, y me dirijo al enfermero que estaba ahí pidiéndole una explicación de por qué no estaba ni medicado, ni con suero en el estado en que estaba.
Cuando salgo de la cárcel pido hablar con alguien y nadie me quiso atender. Al otro día vuelvo porque ya era tarde y no había nada adónde acudir. Volvemos a Bahía Blanca y ahí recién empiezan a tratarlo. Lo sacan al hospital y desgraciadamente al otro día falleció.
Hasta el día de hoy no hemos encontrado ningún tipo de justicia. Fui amenazado. Me presenté en la Fiscalía que lleva el caso. No se me tomó nunca la denuncia. Jamás levantaron un teléfono para decir: ‘en esto se encuentra la causa’… o ‘de esta manera’. Mensualmente vengo a la Fiscalía y nunca he sido atendido como es debido”.