SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ Derechos Humanos

Fecha: Martes, 9 Octubre, 2018 - 00:00

El candidato impugnado

Al cierre de nuestra edición 675 se hacía público que la Comisión de Acuerdos del Senado aprobó el pliego que propone al ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez como fiscal de primera instancia en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La postulación de Ulpiano Martínez, realizada por el Poder Ejecutivo en abril pasado, fue aprobada a pesar de las muchas impugnaciones que diversos organismos de derechos humanos, como ser Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hicieron a la candidatura del ex magistrado para el cargo.
Fueron los senadores oficialistas Federico Pinedo, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard y Humberto Schiavoni; y los justicialistas Rodolfo Urtubey, Carlos Caserio, Guillermo Snopek y Camau Espínola, quienes dieron acuerdo al pliego que, de aprobarse en el recinto, le permitiría al ex juez que benefició represores, ser el nuevo titular de la Fiscalía de Instrucción Federal Número 2 de Bahía Blanca.
Los Organismos de DDHH EN las impugnaciones pusieron en aviso que mientras que subrogaba el Juzgado Federal Nº 1, Ulpiano Martínez protegió a ex funcionarios judiciales, al cura Aldo Vara y empresarios vinculados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entorpeciendo investigaciones o también rechazando los pedidos de indagatorias de los imputados. Entre los ayudados por sus acciones está Vicente Massot, el dueño del diario La Nueva Provincia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en un escrito de 12 páginas realizó su impugnación a la candidatura de Martínez y fue claro al mencionar que Ulpiano tuvo tres años a su cargo el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, como juez subrogante y que durante ese tiempo mostró una incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades.
“En un placard en el pasillo del juzgado que tenía a cargo se encontró material explosivo con la leyenda “…ojo está activado”, que fue analizado por expertos de la brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y otros explosivos a la vista, sobre los escritorios y estantes de las oficinas del juzgado. Había estupefacientes en todo el juzgado, hasta en la terraza: casi 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, un poco más de 2 kilos de hojas de coca, 10 paquetes de papel para armar cigarrillos, 297 cigarrillos armados de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas”.
El CELS dio cuenta de que el relevamiento del “estado calamitoso en el que se encontraba el juzgado federal 1” fue la primera medida que tomó el juez Alejo Ramos Padilla cuando, quien fuera nombrado en reemplazo de Ulpiano Martínez ya que el Consejo de la Magistratura había resuelto no ratificarlo.
“Cuando Ramos Padilla asumió a su cargo el juzgado había una gran cantidad de detenidos sin indagar, algunos incluso llevaban meses privados de su libertad; había detenidos que no tenían resuelta su situación procesal, a pesar de haber sido indagados y otros que, por falta de registro, ni siquiera se sabía adónde se encontraban. Estaba pendiente la resolución procesal de más de medio centenar de imputados que estaban detenidos y tenía personas con su prisión preventiva vencida. No existía un listado de detenidos actualizado y confiable, por eso el nuevo juez debió librar oficios a las fuerzas de seguridad y penitenciarias para conocer la nómina de detenidos alojados a cargo del juzgado”.

Desorden
También se recuerda en el escrito que el Juzgado estaba en un “cuadro generalizado de desorden, desidia, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial, se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia. La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas en los procesos penales que estaban a su cargo”.

Autor: Redacción EcoDias