Año 1997: hace dos años la reforma educativa está en marcha en la provincia de Buenos Aires. Gobierna Eduardo Duhalde quien ha designado a Graciela Gianetassio al frente de la Dirección de Cultura y Educación para llevar adelante el desquicio de primarizar la escuela hasta noveno año y desmantelar la escuela media, técnica y agraria. Todo aceitado con créditos del Banco Mundial que hoy engrosan la deuda externa del país. Rige la ley de Convertibilidad (23.928/91) un peso, un dólar. Menem y Cavallo han conducido el desguace y la privatización del patrimonio público. Los negocios y los negociados florecen en el país al tiempo que millones de argentinos son asolados por el hambre y la desocupación.
 
En Bahía Blanca una escuela especial, la 514 necesita un edificio para seguir funcionando. El 1 de agosto de 1997 la provincia alquila un inmueble en Roca 336. El funcionario que firma el contrato de locación como “asesor a cargo de la Dirección Administrativa y de Propiedades de la Dirección General de Escuelas” se llama Juan Carlos Nievas.
El grupo propietario o locador está compuesto por Isabel Oms, Marisa Izco, Silvana Storti y Hugo Solier.
 
El contrato se firma con una opción de compra por dos meses a partir de la firma del mismo. El señor Nievas se revela como un ágil operador dado que el 27 de agosto del mismo año (o sea 26 días después) firma un boleto de compra venta del inmueble. En ese lapso debe haber habido una designación ya que no firma como asesor sino como “administrador de la Subdirección de Propiedades de la Dirección General de Cultura y Educación ad referéndum de la señora Directora de Cultura y Educación de la Provincia”.
El precio se fija en la suma total de 348 mil pesos (recuérdese el uno a uno) que la provincia pagará en 4 cuotas de 87 mil pesos: el 31/10/97, el 31/12/97, el 28/2/98 y el 30/4/98 según consta en el boleto de compra venta.
El boleto tiene, digámoslo así, tiene un detalle: en su artículo quinto nos enteramos que el grupo vendedor no se encuentra “inhibido para disponer de sus bienes” pero “en el dominio que consta a su nombre se observa una hipoteca”. Curiosamente el comprador que para pagar, firma con plazos bien determinados, acepta que el grupo vendedor “se haga cargo del pago y cancelación definitiva” de la hipoteca sin fijar ningún plazo (tampoco está determinado en el boleto el monto a pagar para dicha cancelación)
El señor Juan Carlos Nievas que dispone así de los recursos estatales, ¿no habrá incurrido en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público?
Demorando un poco los plazos la Provincia comienza a pagar la compra del inmueble. Así, la señora Marisa Izco en nombre del grupo vendedor recibe de manos de la Asociación Cooperadora de la Escuela 514 sucesivos cheques por 87 mil pesos los días 7/11/97, 30/1/98 y 20/3/98. Para esta fecha la Provincia había cumplimentado el pago de tres de las cuatro cuotas estipuladas en el boleto de compra venta y el grupo vendedor no había cancelado la hipoteca. A partir de allí comienza un bicicleteo mutuo entre las partes involucradas que se prolonga durante 11 años: si Ud. no paga la última cuota no cancelo la hipoteca, si Ud. cancela la hipoteca le pago la última cuota. Durante ese lapso el grupo vendedor inició un juicio por desalojo que fue desestimado por la justicia.
Es de destacar que el grupo vendedor es hoy propietario del Colegio del Solar y el jardín La Abuela Aurea y ha comprado en el último tiempo el Colegio Oral del Sur.
El resultado de todo esto es que luego de 11 años el Banco Nación decide en diciembre de 2009 ejecutar la hipoteca y la justicia ordena el desalojo del edificio.
La reacción de los docentes de la escuela, acompañados por SUTEBA, ATE, el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia y consejeros escolares hace que acudan a la ciudad, el 17 de diciembre pasado, los actuales directores de la áreas de Propiedades y de Legal y Técnica de la cartera educativa provincial, Leonardo Como y Claudio Gigli, para apagar el incendio que significa el desalojo de una escuela especial que tiene 96 alumnos con trastornos emocionales severos.
Los funcionarios provinciales negocian con el Banco Nación una quita a la deuda hipotecaria que a la fecha se acerca a los 700 mil pesos. El acuerdo a ser firmado compromete a la Provincia a pagar en cuotas una suma cercana a los 240 mil pesos. Es decir, recursos públicos van a saldar una deuda privada.
 
Teniendo en cuenta que en su momento la provincia pagó 261 mil pesos el inmueble va a ser pagado por segunda vez. Además, en la nueva negociación no se ha tomado la precaución de suscribir convenio con los vendedores y dejar establecido que la cancelación de la hipoteca comprende el pago total y cancelatorio de la última cuota de precio más intereses, gastos y costas. Esta “menor” circunstancia permitiría pensar por segunda vez en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Al día de hoy docentes, padres y alumnos esperan una autorización expresa de la Fiscalía de Estado que asegure la continuidad de la escuela en sus actuales instalaciones.

Víctor Heredia escribió alguna vez: “entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión”. Para sacar provecho, es necesaria la impunidad. Tomamos partido y luchamos por la escuela pública, por la verdad, la justicia y el castigo a quienes corresponda.

SUTEBA Bahía Blanca y Amanda Heguilen (directora Escuela 514)