“Aquello que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza” (Raúl Scalabrini Ortiz)

No es tarea sencilla poner negro sobre blanco en la discusión a la que asistimos -como la mayoría de las veces- a través de las pantallas de la televisión. Como señalara el diputado Manuel Baladrón, el debate no se reducía simplemente a una Ley de Medios, sino sobre si la política debe continuar subordinada a los medios o si logrará independizarse de ellos.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del 17 de septiembre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el gobierno nacional. Los 147 votos favorables que obtuvo el proyecto fueron aportados por el Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Neuquino, Encuentro Popular, la Concertación, Solidaridad e Igualdad y el socialismo, entre otros. Por su parte, la oposición -encabezada por radicales, peronistas disidentes y macristas- se retiró del recinto varias horas antes de la votación con el argumento de que la sesión debió haberse suspendido por cuestiones formales.
Mucho antes, hace cinco años atrás, un grupo de organizaciones sociales y gremiales -mayoritariamente- se organizaban bajo la figura de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Ellos son los verdaderos responsables de este cambio de paradigma que intenta viabilizarse en la legislación argentina, bajo el impulso de una nueva ley de medios que sustituya a la de la dictadura.
Una de las organizaciones que motorizó el debate y la redacción de este proyecto de ley es el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) cuyo presidente, Néstor Busso, fue el primero en exponer durante las audiencias públicas que se realizaron en el Congreso Nacional justamente por el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue una instancia de consulta en la legislatura que se acordó en plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
Busso había apoyado en su intervención el proyecto en general, haciendo nuevos aportes, y destacando la postura de un sector de la oposición: “Lamentamos que un sector de la oposición siga diciendo que hace falta más debate. Con todo respeto les decimos que ese argumento está gastado. Por ingenuidad o con expresa intención están defendiendo la vigencia de la ley de la dictadura, y faltan el respeto a quienes desde hace mucho trabajamos por la democratización de las comunicaciones. Desde FARCO y desde ALER creemos que hoy es el momento y que es necesario su rápido tratamiento en este congreso. El momento es hoy desde hace 25 años”. El dirigente social aludía así al extenso recorrido que durante cinco años transitó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que alentó que el Comfer organizara foros públicos a lo largo y a lo ancho del país.

Voces, todas las voces
Ese 27 de agosto la mayoría de los expositores se había manifiesto a favor del proyecto presentado por el gobierno, basado en los 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación. Diego Boris, en representación de la Federación Independiente de Músicos Argentinos, expuso: “Tiene aspectos muy positivos que ayudarán a la difusión de la música nacional y a la democratización de la información en la Argentina. Creemos que la difusión de la música nacional, y particularmente la música de producción independiente, como cuotas de pantalla resulta fundamental a fin de lograr valorar y acrecentar nuestro patrimonio cultural”.
También se habló desde la producción cinematográfica. En representación de la Federación Argentina de Productores Cinematográficos Audiovisuales, Pablo Rovito defendió que haya una cuota de pantalla, un porcentaje mínimo, para el cine nacional: “La mayor parte de nuestra identidad cultural se nutre hoy del consumo audiovisual. Nuestros niños y nuestros jóvenes pasan más horas frente al televisor que en la escuela o en la universidad y conocen más los personajes y las historias ajenas que las propias. Nuestros ciudadanos no tienen en sus pantallas lugar para su propia historia, sus propios héroes, sus pensadores, sus artistas o sus científicos”.
Por su parte, en representación del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios, Matías Melillán, de la Confederación Mapuche Neuquina, expresó que “nosotros como pertenecientes a los pueblos originarios tenemos en nuestras manos un momento histórico. Por primera vez en muchos países de América Latina los pueblos originarios nos organizamos y realizamos propuestas de inclusión del derecho a la comunicación basados en nuestra propia identidad. Este proyecto de ley puede pasar a ser sin duda alguna un modelo de comunicación para el resto de los países de Latinoamérica o de nuestros hermanos de Abiayala”.

¿Qué es la Coalición por una Radiodifusión Democrática?
“En 2004 elaboramos los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia. Los presentamos el 27 de agosto de 2004, y fueron 21 puntos consensuados por más de 300 organizaciones sociales, actores políticos, sociales, culturales, las dos centrales sindicales  (CTA y CGT). Fueron 21 puntos, por los 21 años de recuperación de la democracia. Durante 4 años, a lo largo y ancho del país estos 21 puntos fueron discutidos y presentados. En abril de 2009, la Presidenta recibió a la Coalición, y el 18 de marzo de 2009 presentó en el Teatro Argentino de La Plata el Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de esto, se hicieron 24 foros de debate en todo el país, con más de 1200 propuestas o aportes. Los foros fueron abiertos y públicos. Con estos aportes se corrigió la propuesta original y, el 27 de agosto, a 5 años de la presentación de los 21 puntos, se presentó un texto definitivo enviado al Congreso Nacional” (Néstor Busso).

Volver al futuro
Busso también señalaba que “el proyecto de ley que está en debate, parte de la idea de que la comunicación es un derecho humano, un derecho universal de todas las personas y no simplemente un negocio comercial. (…) Entender la comunicación como un derecho frente a la concepción de la ley actual que considera la comunicación y la información como mercancía es fundamental. Este proyecto de ley contempla este derecho. Busca garantizar el pluralismo y la diversidad, lo que el Estado debe garantizar en materia de comunicación. Esto supone promover los medios de organizaciones libres del pueblo e impedir los monopolios, la concentración en la propiedad”.
El sueño: la construcción de un país más federal, más plural y con mayor participación de todos los sectores en el debate de ideas. Una herramienta: los medios de comunicación en manos de las mayorías.
La ley vigente de la radiodifusión es un decreto-ley de la última dictadura cívico-militar, modificada por la ley de Reforma del Estado, que dio origen al proceso privatizador de Menem, y por un decreto de necesidad y urgencia de Menem, el 1005. La única modificación significativa fue la modificación del artículo 45, en favor de la constitución de monopolios.
¿Es necesario recordar el vaciamiento del estado por parte de las políticas neoliberales implementadas durante la década del ’90, con la entrega del patrimonio de todos los argentinos a manos de unos pocos, cuyas consecuencias seguimos pagando hoy día? No casualmente los diputados que se retiraron de la Cámara en el momento final del debate, propician un retorno a ese modelo estatal de “libertad” de mercado. Eso sí, tuvieron cantidades imponderadas de segundos al aire para dar el “debate” ante las cámaras de televisión, propiedad de las empresas que más verán perjudicada su libertad de acción.

Fue durante un gobierno peronista que la política quedó subordinada a la economía, y la vida de miles de ciudadanos se desbarrancó a la pobreza absoluta. Ahora que en este mandato presidencial ha dejado de tener importancia el nombre del ministro de Economía y que la política pareciera imponerse a los técnicos, el reclamo es frente a los comunicadores y los “dueños de la palabra”: la comunicación es de todos y de todas. Habrá que ver cómo escribimos el capítulo que sigue.
Por lo pronto, discutir la desmonopolización de los medios es claramente discutir la democratización de la agenda.

Mientras tanto en Bahía
“Los enviados de la Nueva Provincia” fue el título de un escrito que lleva la firma de Eduardo A. Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, y de Pablo Bussetti, director de EcoDias, que planteaban ante organismos del estado nacional “una ingrata sorpresa. Primero fue el estado público, de la asombrosa designación en la intervención de la delegación Bahía Blanca del COMFER de un periodista fiel y leal al ideario de La Nueva Provincia. Si bien hoy no ‘milita’ activamente en dicha empresa, el periodista Gustavo Mandará mantiene estrechos lazos con la empresa, al igual que el diputado provincial Marcelo Feliú, de quien es asesor -no se sabe bien en qué materia- desde el momento en que oficializara su renuncia al diario”. Gustavo Mandará se regodea en ser “uno de los redactores más prolíficos en 110 años de historia de La Nueva Provincia”.
Denuncian también la operación de prensa que ponía a Verónica Saeta como nueva directora de Radio Nacional Bahía Blanca, quien “trabajó durante varios años en La Nueva Provincia. Fue profesora del Instituto Superior de Comunicación Social, apéndice de La Nueva Provincia en la ‘formación’ de nuevos periodistas. Este instituto tuvo como representante legal al periodista Norman Fernández, uno de los más antiguos de la empresa, y ex funcionario de gobierno de la dictadura en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de  Saint Jean y Aguado. (…) La señora Saeta está casada en la actualidad con otro periodista leal defensor del ideario de la empresa, Daniel Horacio Ciampichini, que cumple funciones en la radio LU2, que se dice fue vendida hace algunos años por La Nueva Provincia, pero que conserva claros lineamientos en la misma sintonía”.