El pedido de Hugo Moyano, secretario general de la CGT, “queremos ser socios en ganancias y no sólo en las pérdidas” al fundamentar el apoyo de la central obrera al proyecto de ley presentado por el diputado Héctor Recalde, tiene varias lecturas posibles.
En primer lugar, habría que remitirse a la historia reciente de nuestro país. Los trabajadores recordamos la última de las crisis, la que se originó en los ’90 y que -corralito y devaluación duhaldiana mediante- generó una fabulosa transferencia de recursos desde el sector asalariado a los grupos de poder dueños de la economía nacional. “Repentinamente” el salario se depreció a un tercio -en algunos casos más-, siempre y cuando se pudiera conservar la fuente laboral. Eran los años del 25 por ciento de desocupación bajo el gobierno radical y del de Eduardo Duhalde.
Tuvieron que pasar varios años para que una porción de la clase trabajadora pudiera recuperar su capacidad de compra de bienes y servicios básicos, de la mano de políticas activas por parte del gobierno nacional.
Ahora bien, pese a las propuestas de préstamos hipotecarios originados en la banca oficial, la adquisición de una vivienda sigue estando fuera de los planes de millones de argentinos.
En Bahía Blanca, se calcula que el gobierno nacional estará entregando la cantidad de tres mil viviendas. Viviendas de carácter social, en planes administrados en su mayoría desde organizaciones gremiales, las únicas con voluntad política de dar respuesta a la problemática habitacional, mal que le pese al intendente Cristian Breitenstein.
¿Qué significa este impulso de construcción de viviendas? Ni más ni menos que la transferencia de alrededor de 300 millones de pesos desde el estado nacional a las aproximadamente 12 mil personas que disfrutarán de este beneficio.
Entendemos que la otra manera de alcanzar este derecho básico a la vivienda, que genera las condiciones mínimas para la constitución de un hogar, sería que los trabajadores, auténticos generadores de la riqueza de una nación, perciban un salario que les permita, en el transcurso de entre 10 y 20 años, adquirir o construir la vivienda propia.
¿Por qué generará tanta molestia que llegue al ámbito legislativo nacional el tratamiento de un proyecto que genera más equidad en nuestro país?