Continúa por estos días el desfile de represores antes el juez federal Alcindo Álvarez Canale para prestar declaraciones indagatorias en el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos en el ámbito del Comando V Cuerpo de Ejército, delitos que el magistrado en sus lentas resoluciones reconoce de lesa humanidad y configurativos de genocidio.

Semanas atrás, les tocó a los ex jefes del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Mansueto Swendsen y Cipriano Tauber y Miguel Ángel García Moreno.
En los tres casos, se los imputa de “haber formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir desaparición forzada de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-“.

“Niego todos los cargos”
Jorge Enrique Mansueto Swendsen, coronel retirado del Ejército y abogado en ejercicio de 76 años, se presentó ante el magistrado y los fiscales el 4 de abril y finalizó diez días después tras más de treinta y un horas de audiencias. Su legajo personal dice que fue Jefe del Batallón 181 de Comunicaciones desde el 26 de noviembre de 1976 hasta el 30 de diciembre de 1978.
“Inicio mi declaración negando todos y cada uno de los cargos que se me imputan”, arrancó el anciano genocida y desafió: “Pasadas las circunstancias de este juicio, continuaré mi vida normal, mal que les pese a algunas personas empeñadas en atribuirme hechos que nunca cometí y cuyo detalle comenzaré a partir de este momento…”.
A pesar del coraje prometido, basó su testimonio en deslindarse de responsabilidades al frente de la subzona 551 y negar la existencia de un centro clandestino de detención en su Batallón.
Sobre La Escuelita, manifestó que “no tenemos nada que ver (…) Allí no se podía ir. Una vez fui y no me permitieron ingresar. Fui detenido por una persona vestida de civil y portando un arma larga, que me identificó y evitó que me acerque al sector”.
Además, explicó que “era conocido públicamente. No solamente en el ámbito militar sino en el ámbito civil. A mi me hablaron por primera vez de algo llamado La Escuelita en el medio civil, a poco de llegar y relacionarme con el medio civil se me comentó chiste (sic), un mal chiste que se hacían entre sí los jóvenes cuando veían muy flacos o estaban muy flacos, era preguntar: ‘¿Estuviste en La Escuelita?’ Lugar donde se conversaba ese tema: bar del Hotel Austral, donde tenía infinidad de amigos y amigas”.
“El Batallón no tuvo ningún centro clandestino de detención durante mi jefatura. Puede ser que transitoriamente y por horas, haya permanecido algún personal, que carecía de instalaciones e infraestructura para tener detenidos”, sostuvo.
Respecto a las declaraciones de los generales Vilas y Catuzzi que lo identificaron como jefe del Área 551 afirmó que “cuando efectué mi presentación en el Comando de Cuerpo se me hizo saber que la nueva organización establecía que el jefe del Área 551 era el jefe de Operaciones del Comando y jefe más antiguo de la guarnición, por designación específica del gral. Catuzzi”. En ese caso, según Mansueto el jefe del área 551 sería el fallecido mayor Freire y Vilas y Catuzzi lo habría mencionado a él “para proteger al jefe de área que era el coronel De Piano”.
En cuanto, a los hechos de que fueron víctimas un grupo de jóvenes de la ENET, dijo haber estado de licencia en esa época intentando desligarse de cargos pero el magistrado presume igualmente su participación ya que el acusado aseguró que fue reemplazado por el segundo jefe, mayor Marjanof, quien “si en alguna oportunidad hubo de ceder alojamientos o sectores del Batallón al Comando de Cuerpo (para alojar a los estudiantes secuestrados), lo hizo respetando una severa orden que le impartí; ‘aquí solamente se cumple lo que ordeno yo y lo que ordene el comandante…’”.
Canale concluyó que el Batallón de Comunicaciones “era utilizado en el marco de la ‘lucha contra la subversión’ para mantener detenidas a las personas previamente secuestradas en los operativos ordenados por el Departamento III (Operaciones) con la información suministrada por el Departamento II (Inteligencia) y realizados por la Compañía Operacional, Agrupación Tropas, Equipo de Combate o Equipo de Lucha contra la subversión”.
Así, resolvió dictar falta de mérito en 35 casos y procesarlo por ser participe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos sobre diez personas. Hoy Mansueto espera en el Penal de Marcos Paz y tiene sobre sí un embargo de cinco millones de pesos.

“Arriesgue mi vida por la libertad”
Miguel Ángel García Moreno, militar retirado, ex diputado nacional y legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 64 años de edad. Declaró en la sede judicial de calle Alsina durante más de 23 horas entre el 15 y el 21 de abril.
Inició su defensa advirtiendo que con él ”se está cometiendo un grave error” porque “yo también fui víctima de las dictaduras militares y, fundamentalmente, la que se instaló en el país a partir del 24 de marzo de 1976 (…) Yo fui de los que tuvieron el coraje de hablar durante el proceso militar y no mucho después (…) a mí no me importa nada de las consecuencias de lo que he hecho en mi vida, donde arriesgue mi vida por la libertad y arriesgué la vida de mi familia”.
Después del golpe, fue destinado al V Cuerpo donde “en ningún momento se me asignó tarea específica militar”. Recién en abril del 76 fue designado intendente de Coronel Dorrego y días después fue relevado para pasar a ser a partir de mayo, interventor de la UOCRA seccional Bahía Blanca.
“Jamás fui incorporado a la Agrupación Tropas, ni al equipo de lucha contra la subversión, ni a ningún sistema operacional. Incluso cuando empecé a oír hablar de un lugar de reunión de detenidos llamado La Escuelita, yo pensé -sin saber que se trataba de un lugar clandestino de detención- que lo que se llamaba La Escuelita era el Puesto de Comando del gral. Vilas. Por cuanto tenía entendido que en Tucumán él ocupó una escuela en Famaillá justamente para establecer su puesto de comando”, manifestó.
Reconoció que la única vez que fue solicitado por el gral. Vilas para concurrir con efectivos de la Agrupación Tropas fue el 14 de noviembre de 1976, donde debía inventariar lo que se encontrara en un allanamiento en Fitz Roy al 100 “donde existía la alta probabilidad de que existieran armas y explosivos” para luego acercársela al juez federal Madueño. Una vez en el lugar, según su declaración, se detonó una bomba “que me produjo la pérdida de la audición” lo que posteriormente le valió una medalla “al heroico valor en combate”.
“Otra actividad de carácter militar fue la de haber integrado un Consejo de Guerra (…) presidido por el teniente coronel Bernardino Páez que “juzgó la conducta supuestamente subversiva de tres civiles”.
En ese sentido, Álvarez Canale afirma en su resolución que “no puede sino concluirse que el Consejo de Guerra era utilizado en el marco de la ‘lucha contra la subversión’ para mantener detenidas a las personas previamente secuestradas”.
Más allá de los intentos por desligarse de la represión en nuestra región, el juez menciona que García Moreno, en el informe de calificación del año 1975/76 por su desempeño en el V Cuerpo, obtuvo “una calificación notable (100 puntos) de cada uno de sus superiores -todos con acreditada participación en la lucha contra la subversión y en el sostenimiento del llamado ‘proceso de reorganización nacional’” entre quienes se encuentran el entonces teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, el coronel Juan Manuel Bayón y el general de brigada Adel Vilas “quien el 15 de octubre de 1976 lo calificó sintéticamente como ‘Uno de los pocos sobresalientes para su grado’”.
Por lo tanto, el magistrado ordenó el procesamiento como participe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos de Pablo Bohoslavsky, Julio Ruiz y Rubén Ruiz (los tres civiles enjuiciados por el Consejo de Guerra), dispuso su prisión preventiva en Marcos Paz y embargó al represor por dos millones de pesos.

“Tuve visiones”
Argentino Cipriano Tauber, hoy militar retirado de 80 años de edad, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde el 15 de octubre de 1975 al 15 de diciembre de 1976.
Su primera audiencia indagatoria fue fijada para el 22 de abril aunque estuvo signada por numerosos reclamos de estudios médicos solicitados por el represor. Por ello, profesionales del Servicio de Salud Mental del Hospital Penna informaron, tras evaluarlo, que Tauber “puede entender, comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, no presentando alteraciones en sus facultades mentales”.
Con este análisis en la mano el juez “atento a lo informado por Tauber, quien oportunamente manifestara en su declaración indagatoria que ‘… voy a declarar después de que se me haga el examen médico que pedí’, fijó una nueva fecha de audiencia para el 28 aunque dos días antes el acusado “…refirió que quería ver a un médico psiquiatra porque había tenido visiones…’”. A pesar de todo, luego de escuchar las imputaciones y las pruebas en su contra se limitó a decir: “no voy a declarar”.
Tauber está imputado por 51 hechos que -según el fallo judicial- “denotan un modus operandi particular: irrupción violenta y con amenazas en los domicilios o en la vía pública, secuestro de las víctimas, conducción de las personas a los centros clandestinos de detención -donde eran mantenidos en condiciones infrahumanas- y el sometimiento a interrogatorios mediante tormentos. Posteriormente, en algunas oportunidades, las víctimas eran liberadas, en otras eran pasadas a disposición del PEN -siendo alojadas en establecimientos carcelarios (como la Unidad Penitenciaria provincial Nº 4 de Villa Floresta) y, en otros casos, esas personas aparecían muertas en supuestos ‘enfrentamientos’ con las Fuerzas Armadas”.
Finalmente, Canale lo procesó como participe necesario en 15 de los 51 hechos en cuestión, estableciendo su prisión preventiva en el Instituto Penal Federal “Campo de Mayo”, Unidad 34 del Servicio Penitenciario y fijó su responsabilidad civil mediante un embargo de ocho millones de pesos.

Nota: El encomillado de esta nota es cita textual de la causa Nº 05/07, caratulada “Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo el control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército”, en trámite en el Juzgado Federal Nº 1 Secretaría de Derechos Humanos a cargo del dr. Mario A. Fernández Moreno.