El plenario que
el CSU desarrolló en diciembre pasado para decidir en torno a la aceptación o
el rechazo de los fondos del YMAD contó con una participación especial.
Invitada por ADUNS, la docente Elena González llegó a la ciudad para narrar su
experiencia como parte de la comunidad académica de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, cuyo Consejo Superior rechazó las partidas.

Tal como informó EcoDias, el cierre del 2012 en la
Universidad Nacional del Sur (UNS) trajo aparejado una decisión mayoritaria del
Consejo Superior Universitario (CSU) en torno a la aceptación de los fondos
provenientes de las explotaciones mineras que se realizan en el Bajo La
Alumbrera, en la provincia de Catamarca, en el marco del acuerdo que la estatal
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) selló con una empresa
transnacional.
Tal como ha reseñado en diversas oportunidades este periódico, la historia de
esos yacimientos llevó a que todas las Universidades Nacionales del país
cuenten con la posibilidad de recibir, anualmente, un porcentaje de las
regalías que arroja la explotación, cuestionada por su impacto ambiental, la
evasión impositiva que la circunda y la violación a distintas leyes que supone.
Las casas de estudios no están obligadas a aceptar los fondos, que sin embargo
les corresponden. En el caso de la UNS, la decisión final se dilató por tres
periodos, llegando a acumular más de cuatro millones de pesos. En diciembre,
por mayoría, el CSU dio el visto bueno para que se incorporen los fondos. De
este modo, se arribó a una decisión. Pero el debate está lejos de encontrarse
saldado.

Una voz del sur
La sesión que el CSU desarrolló el miércoles 19 de diciembre pasado contó,
al llegar a la discusión en torno al YMAD, con una oradora especialmente
llegada para aportar su visión y experiencia en torno al tema: la profesora
Elena González, que visitó ese día la ciudad invitada por la Asociación de
Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
Secretaria de Prensa de la CONADU Histórica y miembro de la Asociación de
Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, González se
desempeña como profesora e investigadora en esa casa de estudios austral, que
tiene sedes en las ciudades chubutenses de Trelew, Esquel y Puerto Madryn. Su
campo específico es la genética, siendo magíster en biotecnología de planta.
Como miembro del Consejo Superior de dicha Universidad, y aquí el dato
importante, González formó parte de la mayoría con la que el cuerpo rechazó en
2011 las partidas giradas desde el YMAD.
La sesión del CSU de la casa de estudios bahiense se desarrolló desde las 16
horas de ese día. Un par de horas antes, la docente pasó por los estudios de la
radio LU3 para participar de un reportaje en el ciclo La Máquina de Hacer Mañana. En ese marco, resumió los principales
aspectos de la cuestión, referenció la discusión y relató su experiencia como
miembro del Consejo Superior que rechazó las partidas.

El pensamiento de Peirano
“Nosotros ya veníamos de una historia, en Chubut: aquel ‘no a la mina’, en
Esquel. La gente de allí hizo un trabajo militante para rechazar la presencia
de la minera en la zona cercana. Por ello, la delegación zonal de Esquel ya
había rechazado los fondos y dicho que ninguno de los que llegasen a la
Universidad querían que sea transferido a esa sede. La Facultad de Humanidades
también los había rechazado. Y entonces el Consejo Superior fue como el broche
a esa situación”, explicó González.
En la discusión que se dio en ese cuerpo resolutivo, relató, “había mucha gente
que hablaba de (el farmacéutico Abel) Peirano”, pionero en las expediciones
mineras en el norte argentino, “pero realmente la situación actual de La
Alumbrera es una traición a su pensamiento. Él fue el descubridor de la mina y
la donó a la Universidad de Tucumán, pero dijo que nunca debería ser explotada
por alguien que no sea argentino, ya que debía ser para el bienestar del país.
Todo eso se ha traicionado. Y esos fueron los argumentos que tuvimos para rechazar
los fondos”.

Ejes de la discusión
“La ley en realidad no dice que las Universidades deben aceptar los fondos.
Lo que pasa es que como llega este a nuestro gusto dinero mal habido, el CIN
(Consejo Interuniversitario Nacional, del que el rector de la UNS Guillermo
Crapiste es presidente desde hace un semestre) no quiere ser el único
responsable de la aceptación y hace que sean los Consejos Superiores de cada
Universidad los que tengan que aceptar”, explicó la sureña docente.
“Yo manifesté en nuestro Consejo Superior un término que no sé si se utiliza
aquí, pero en el campo sí: dije que ‘nos quieren hacer hocicar’, diciéndonos:
‘les damos esta plata, pero si la quieren utilizar tienen que rendirse ante lo
que nosotros les decimos’”, ejemplificó. “Las casas de estudios deberían ser,
como se dijo en alguna época, lugares donde se promueva lo mejor para el país.
Entonces, esto es algo que deberíamos denunciar. Estas empresas tienen
denuncias en el mundo. Son multinacionales que están en distintas partes del
mundo. En todas han contaminado y maltratado a la gente”, refirió.
“En una época en que nuestro país se está recuperando la memoria histórica, con
la realización de los juicios (por delitos de lesa humanidad) como el que hace
muy poquito tiempo tuvo sentencia ejemplar en Bahía Blanca, seguimos con estas
otras situaciones… Es decir, tenemos una suerte de doble discurso. Es hora de
tomar las medidas que correspondan”, reflexionó González, antes de subrayar que
las empresas que giran estas utilidades a las UUNN “no pagan ningún impuesto.
Están eximidas en el Impuesto a las Ganancias y en Ingresos Brutos. Son
dieciocho los impuestos que debería pagar y no paga. Entonces: claro que
necesitamos que se engrose el presupuesto nacional con el dinero de estas multinacionales.
Pero que sea algo legal, con los impuestos y no como una dádiva a partir de la
cual, nosotros, debemos encima rendir pleitesía y agradecer”.

Historia de una entrega
“Entre el ’33 y el ’45, Peirano, que era docente de la Universidad de
Tucumán, hace exploraciones y descubre este yacimiento de Bajo La Alumbrera. En
1958, durante el gobierno de (Arturo) Frondizi, se forma la empresa estatal
YMAD, integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el
Estado nacional. La ley por la que se crea dice expresamente que YMAD no podrá
transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le
otorgan’”, historió Elena González en su visita a los estudios de LU3.
La historia de la explotación minera a través del YMAD creado durante el breve
periodo desarrollista parece la metáfora del país, al reflejar la entrega
ocurrida en casi todos los sectores de la economía nacional: “esa ley, que
hacen con el acuerdo de un Peirano aún vivo (falleció en 1969), dice
expresamente que no se pueden transferir los derechos de la minera. Pero viene
la dictadura de (Juan Carlos) Onganía y con (Adalbert) Krieger Vasena se
transfieren. Luego, en el año ’75 se sanciona una ley donde se restablece la
situación inicial. Pero eso duró poco tiempo, porque después vino (José)
Martínez de Hoz, que reformuló el Código de Minería. Y, finalmente, el
neoliberalismo de 1994 dice que se puede hacer cualquier tipo de unión con
empresas extranjeras y es el propio (Carlos) Menem el que les da la posibilidad
de no pagar ningún impuesto”.

Las posturas
Durante el reportaje, González resumió además las dos posturas que llegaron
encontradas al Consejo Superior de su Universidad al momento de votar la
aceptación o el rechazo a los fondos mineros.
En ese sentido, reseñó que “de los que proponen aceptar los fondos, todos
reconocen que la explotación contamina, que se deberían hacer estudios de
impacto ambiental y modificar la ley de Minería. Pero evidentemente con ello no
alcanza. Hay que buscar que haya un rechazo generalizado. Pero no por el
rechazo en sí, sino para que se cambien las políticas de minería en el país.
Porque no puede ser que puedan contaminar de la forma en que contaminan, usar
el agua de la forma en que la usan, no paguen ningún impuesto y se lleven absolutamente
todas las ganancias”.
“En el caso de Chubut, las regalías para la provincia eran del dos por ciento
con respecto a lo que se llevaban las empresas. Pero hay un reintegro por
puertos patagónicos del diez por ciento. Es decir, que nosotros le pagábamos un
ocho por ciento para que se lleven nuestras riquezas. Es totalmente
inentendible”, concluyó.

Hacerse amigo
Finalmente, la docente chubutense hizo referencia a uno de los argumentos
que esgrimía en la UNS el sector de la comunidad académica que promocionaba la
negativa a los fondos: el resentimiento que se daría en el rol de contralor que
deben cumplir las Universidades respecto de estas explotaciones, si se tiene en
cuenta el temor de parcialidad que se desprende de la recepción de fondos de parte
de las mismas empresas a las que se debe controlar. “Es como el médico al cual
determinado laboratorio le paga los viajes”, comparó.
Y fue más allá, indicando que existe la posibilidad de que, a partir de una
lectura de la tipificación del delito de encubrimiento en el Código Penal, “los
Consejos Superiores que acepten este dinero van a ser investigados, por ser un
dinero proveniente de la violación a derechos humanos y ambientales”, entre los
que enumeró la quita de tierras a pueblos originarios y la contaminación de las
mismas, que según los informes de las propias empresas superan holgadamente los
niveles permitidos.
“En Tucumán están contaminando el agua de toda la ciudad de San Miguel. Y en
Catamarca hay un pueblo entero donde la población casi no tiene dientes, porque
la contaminación del agua ha hecho que se degrade el calcio de sus dientes”,
ejemplificó.