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Un proyecto de resolución de reciente presentación propone restringir la publicidad de los debates del CSU, que este año registraron altos niveles de polémica en virtud de las decisiones tomadas por el cuerpo. El texto aún no llegó al recinto, pero se estudia en comisión.
Categoría: Locales

Un proyecto de resolución de
reciente presentación propone restringir la publicidad de los debates del CSU,
que este año registraron altos niveles de polémica en virtud de las decisiones
tomadas por el cuerpo. El texto aún no llegó al recinto, pero se estudia en
comisión.

Un controvertido proyecto de resolución, que pretende restringir el acceso de
público a las sesiones plenarias del Consejo Superior Universitario (CSU), fue
presentado la semana pasada por el consejero de la lista Universidad Miguel
Ángel Cantamutto. Si bien no llegó al plenario del último miércoles 10, se
estudia ahora en la Comisión de Interpretación y Reglamento del cuerpo, donde
ya habría sumado adhesiones.
El escrito pretende precisar los alcances del artículo 16 del Reglamento de
Funcionamiento del CSU, que establece la publicidad de las sesiones del cuerpo.

Puerta entreabierta
En sus nueve artículos, el proyecto regula las distintas medidas que se
implementarían para limitar el ingreso de público en el caso de que el CSU
diera luz verde a su puesta en práctica.
Las mismas se dividen en dos, para los casos del público perteneciente a la
comunidad académica y para aquellos en los que se trate de personas o grupos
que no pertenezcan a la misma, como es el caso de periodistas, partidos
políticos, agrupaciones de derechos humanos u otras entidades sociales.
Para los miembros de la comunidad universitaria, dispone que la Secretaría
General del CSU “habilitará un registro para la acreditación de interesados en
integrar el público presente en la reunión del Consejo con al menos 24 horas de
anticipación”, donde quede documentada “fehacientemente” tal condición. Curioso
resulta que, además de exigir la presentación del Documento Nacional de
Identidad y la Libreta o Legajo de la UNS, se requerirá el domicilio postal,
una dirección de correo electrónico y un número telefónico de contacto.
El segundo artículo, en tanto, reglamenta que “el número máximo de integrantes
del público que ingresará al recinto de deliberaciones quedará determinado por
el número de asientos disponibles en los sectores habilitados para tal fin”.
Estos espacios, de por sí pocos, suelen ser ocupados por consejeros suplentes o
funcionarios de la gestión de gobierno de la propia UNS.
Los interesados en asistir deberán también firmar un registro, que “se
archivará junto con el listado de asistencia que rubrican los miembros
naturales del Consejo y será utilizado como prueba documental en el caso de que
algún miembro del público incurra en falsedades, amenazas o agravios”.
El cuarto de los artículos establece al sorteo como método para seleccionar a
los asistentes, en caso de que el número de interesados supere al de asientos
disponibles. La obtención de un lugar “será intransferible” y “si el candidato
no estuviera presente, la plaza será asignada a otro interesado siguiendo el
orden sorteado”.

Así, no
El quinto y sexto artículo constituyen una seria amenaza no sólo a la
publicidad directa de las sesiones del CSU sino también al normal desarrollo de
la labor de prensa y difusión lo que ocurrido en el recinto.
El primero señala que “para tomar fotografías, filmaciones o grabaciones de las
deliberaciones, los miembros del público deberán solicitar la autorización del
Consejo, explicitando el objetivo que los mueve a tomar esa documentación. En
ningún caso se admitirá la circulación entre los pasillos”.
Este punto seguramente satisface los deseos de la decana de Matemática Liliana
Castro. Durante la polémica sesión plenaria en que el cuerpo aprobó la
continuidad docente de la abogada Gloria Girotti, Castro amenazó desde su banca
a una cronista de EcoDias, advirtiéndole que si persistía en su afán de tomarle
fotografías e identificarla la haría echar de la sala.
El sexto artículo, por su parte, pretende reglamentar la asistencia al lugar de
personas que no pertenecen a la actividad académica, indicando que las
autorizaciones para el ingreso serán excepcionales. Para lograrlas, “los
postulantes deberán manifestar las razones de su interés en una nota dirigida
al señor rector, quien decidirá si tales postulantes se integran al listado de
público acreditado”.
En rigor, tanto este último punto como el que exige a los miembros de la
comunidad universitaria elevar su pedido de acreditación con 24 horas de
antelación son impracticables, al menos si se lo piensa desde la óptica de la
cabal difusión de lo ocurrido en el recinto.
La razón es simple y se vincula con que el Orden del Día suele difundirse con
algo más de 48 horas de anticipación a la sesión en que se tratará, y a él se
agregan a última hora temas ingresados sobre tablas. En el caso eventual de que
uno de estos puntos revista carácter de sumo interés público, no podría ser
abierto a la comunidad universitaria ni cubierto por los medios, que no
alcanzarían a cumplir con el tiempo que requiere elaborar una nota al rector,
elevarla y esperar su respuesta.
El proyecto nada dice en torno a esta contradicción, que se constituye en la
más seria amenaza para la difusión de una Universidad que no sólo es Nacional
sino también pública.
Vale aclarar que, en caso de aprobarse, la resolución propuesta no tendría
precedentes en el ámbito público bahiense, donde, por caso, las sesiones del
Honorable Concejo Deliberante son abiertas a la comunidad en general, sin
requerirse para el ingreso ninguna acreditación previa.

Recuerdos para Girotti
Aunque varios son los temas polémicos que trató y tratará este año el CSU,
resulta evidente que lo que más preocupa a la mayoría docente del recinto es el
antecedente de difusión y protesta que se dio al respaldo por ella otorgado a
la abogada Gloria Girotti.
Como se recordará, Girotti pretendía revalidar su condición de docente en una
cátedra dictada por el Departamento de Derecho de la UNS. Cuando el tema llegó
al CSU, se pretendió impugnar su continuidad al revelarse su pasado: durante la
dictadura, la letrada se desempeñó como secretaria del juez Guillermo Madueño.
Por su actuación en tal función, que incluyó la asistencia a interrogatorios bajo
tortura, pidieron su detención y procesamiento los fiscales Abel Córdoba y
Antonio Castaño.
Tanto el juez vitalicio Alcindo Álvarez Canale como la Cámara Federal de
Apelaciones se negaron a tal requerimiento, pero los datos sobre el accionar de
Girotti fueron cobrando estado público y aumentaron la polémica en el CSU que,
el 24 de mayo pasado, votó nominalmente respecto del tema.
En dicha oportunidad, salvo contadas excepciones, los docentes de distintas
listas y los decanos de los Departamentos demostraron funcionar como un bloque
compacto de mayoría automática. El resultado de la votación indignó a los
presentes, entre los cuales había víctimas del accionar de la letrada durante
la dictadura. Incluso, durante la sesión se brindaron testimonios en tal sentido.

También se realizó una amplia cobertura de la sesión, por medios gráficos,
radiales, televisivos y de internet, que impidió la difusión de la versión
oficial de amenazas del público hacia los consejeros que, desde el micrófono,
quería instalar el propio rector Guillermo Crapiste. “Mentira: no hubo
amenazas. Vos estás diciendo eso para que quede en actas, pero es mentira”, le
respondió un asistente. Todo fue publicado en su oportunidad, para el
conocimiento de la comunidad y la libre formación de la opinión pública. De
aprobarse el proyecto de restricción en el acceso recientemente presentado a
Comisión, se adivina como una tarea difícil el conseguirlo nuevamente.



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2011-08-15 14:08:00
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