Ante denuncias recibidas por cobro de plus en
recarga de telefonía celular y venta de cigarrillos en algunos kioscos, la Oficina Municipal
de Información al Consumidor elaboró un proyecto de ordenanza a través del cual
se prohíbe este tipo de prácticas que perjudican al consumidor.

Aquel que sea fumador tal vez se encontró con que al momento de ir a comprar
cigarrillos en un kiosco se los cobraban a un valor mientras que en otro le
cobraban un importe distinto. Tal vez pensaba el fumador que los cigarrillos
habían aumentado y que uno de los comercios se olvidó de aplicar el incremento
pero no es así.
Aquel que realice recargas de telefonía celular tal vez también se encontró con
que le quisieran cobrar un plus solo por el hecho de cargar su celular o de
comprar una tarjeta virtual y ante la urgencia hasta seguramente lo abonó.
Bien, todas estas cuestiones mencionadas son parte de prácticas abusivas por
parte de los kiosqueros que decidieron implementarlas. Tal vez, las comisiones
que reciben por cigarrillos y recargas no son las mejores y por esa razón
decidieron optar por la más fácil que es sacarle más plata al vecino.
Pero hubo muchos consumidores que no se quedaron quietos y llevaron su denuncia
a la Oficina
Municipal de Información al Consumidor donde inmediatamente
se actuó en consecuencia y se elaboró un proyecto de ordenanza que prohíbe
justamente este tipo de conductas y que faculta a la propia OMIC a inspeccionar
los comercios y sancionar en los casos en que corresponda hacerlo.
Matías Italiano es el titular de la
OMIC y en dialogo con EcoDias profundizó sobre el tema: “Esta
práctica es totalmente abusiva e ilegal por parte de ciertos comerciantes
locales de cobrar sumas adicionales, sobreprecios o una especie de impuesto a
la venta o como lo quieran caratular ellos y que afecta a un servicio que si
bien no se considera servicio público a la telefonía celular, pero la magnitud,
la masividad del mismo tranquilamente podría serlo. Es un servicio que se
encuentra perjudicado a raíz de esta práctica, se encuentran perjudicados los
usuarios de este servicio teniendo en cuenta que se les están cobrando sumas
adicionales que no tienen nada que ver y no están reguladas por ninguna
disposición”.
Explicó Italiano que los comerciantes comenzaron con los sobreprecios indicando
que los avalaba una cámara de kiosqueros. Sin embargo, tal cámara no existe en
Bahía Blanca: “Aquel organismo estatal que controla y regula el mercado de
precios es la Secretaría
de Comercio Interior, entonces un grupo de personas no puede atribuirse,
prerrogativas, facultades de la
Secretaría de Comercio Interior y determinar los valores que
ellos deseen cobrando un plus”.
En el caso de los cigarrillos además de lo ilegal de cobrar un plus, se estaría
incurriendo en otra falta: “Estamos en presencia de lo que podría ser evasión
de impuestos internos porque el producto ya viene con un impuesto determinado y
al sumarle una suma adicional implicaría que estemos en presencia de algún tipo
de evasión. A raíz de toda esta preocupación que surge, nosotros empezamos a
trabajar en varias acciones. Una acción fue hacer constataciones de los
comercios que estaban realizando esta práctica. Empezamos las constataciones y
a indicar y avisar en los medios de comunicación que es una práctica ilegal,
que no consuma el consumidor en esos comercios que cobran plus. Entonces
intentamos que el consumidor sea precavido y no consuma ahí. Pero no obstante
muchos kiosqueros empezaron a dejar de hacerlo considerando que era una
práctica ilegal”.

Golpe al más débil
En algunos comercios que cobraban plus y que caían en la evasión de
impuestos internos, se labraron actas y también fueron denunciados a la AFIP “para que investigue el
Departamento de Fiscalización ante una posible evasión impositiva porque puede
ser que esos comerciantes no declaren esas sumas adicionales al final del día,
no emiten ningún tipo de comprobante y estamos hablando de sumas en negro que
en realidad no son declaradas”.
Consultado acerca de las causas que llevaron a los kiosqueros a cobrar
sobreprecios en cigarrillos recargas de celular y venta de tarjetas virtuales,
Italiano señaló: “Lo que indican ellos es que la comisión que les brindan tanto
las tabacaleras como las empresas de telefonía celular es muy baja. Lo que
nosotros decimos es que no se le puede afectar el bolsillo al vecino porque la
comisión sea baja, en realidad eso tendrían que discutirlo en otro ámbito. Si
ellos se agremian para afectar al consumidor, yo digo por qué no se agremian
para conseguir mayores porcentajes. No es el ámbito nuestro poder discutir
porcentajes porque cuando hacemos las constataciones nos preguntan los kiosqueros
por qué no los defendemos a ellos cuando nosotros defendemos al consumidor y
tenemos determinadas facultades y podemos intervenir en determinado ámbito”.
Con este tipo de conductas, dice Italiano, se va encima del más débil, el
consumidor, cuando en realidad el problema tendría que discutirse con el más
fuerte: “Igualmente a raíz de que mucha gente tomó conocimiento de que se trata
de una práctica ilegal, kiosqueros que no quieren tener problemas y que
pensaban que era algo permitido, ya se han acercado acá a la oficina a
comunicarme que no lo van a cobrar más porque consideran que es algo ilegal. En
definitiva también estaban perdiendo clientes”.

Tarjeta Urbana
Un capítulo aparte y que debe ser diferenciado del tema telefonía, es el de
la recarga de Tarjeta Urbana para poder viajar en colectivo: “También cobraban
plus o te exigían una carga mínima. Con respecto al plus, el mismo contrato de
concesión de uso que se le otorga al puestero, establece la prohibición de
cobrar sumas adicionales al porcentaje que se le deja. Entonces, en ese
sentido, no pueden cobrar más de lo que se carga porque el contrato de
concesión de uso así lo establece”.
Al mismo tiempo, informó que tampoco se puede exigir una carga mínima. Si el
usuario quiere recargar 50 centavos, el comerciante debe hacer la recarga sin
poner ninguna objeción: “El puestero recibe el 1 por ciento de comisión, si
cobra sumas adicionales la SAPEM
lo que hace es intimarlo a que deje de hacer esa práctica teniendo en cuenta
denuncias de los vecinos realizadas y, si continúa con esa práctica se le quita
el puesto como sanción máxima”.
Se espera que con este proyecto y con las inspecciones y sanciones
correspondientes, este tipo de prácticas abusivas sean abandonadas para el bien
de todos los vecinos.