Aunque
las reuniones pactadas no lograron llevar aún hacia un consenso interclaustros
para abrir un Juicio Académico a Gloria Girotti, el docente Dante Patrignani ya
elevó al rector Guillermo Crapiste un pedido individual de someter a proceso a
Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército
Argentino durante la última dictadura cívico militar.

La
comunidad académica de la Universidad Nacional del Sur (UNS) sigue transitando
un año atravesado por las discusiones en torno a sus miembros vinculados a la
última dictadura cívico militar. A los casos de Hugo Sierra y Gloria Girotti, profesores
de la casa de estudios bahiense que se encuentran en la mira de la Justicia por
su participación en delitos de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V
Cuerpo, se suma ahora la revisión de la situación docente del catedrático de
Derecho Néstor Luis Montezanti.
Sobre el letrado pesa desde el lunes 3 un pedido de enjuiciamiento académico
elevado al rectorado por el docente Dante Patrignani, de la lista Integración.
El proceso de Juicio Académico es aquel que puede determinar la exoneración
definitiva de un miembro de la comunidad académica. Vale aclarar que para que
se inicie tal proceso debe contarse con un pedido formal en tal sentido firmado
por un docente, graduado o estudiante de la casa de estudios.
Montezanti es camarista y escritor, y en la UNS dicta tres materias, bajo la
órbita del Departamento de Derecho: Ciencia Política, Derecho Administrativo I
e Introducción al Derecho. Pero no es esa triple condición lo que lo puso en la
mira de la comunidad universitaria. Tampoco que el Consejo de la Magistratura
se dispone a citarlo por la denuncia elevada en su
contra por el gremialista Julio Piumato.
He aquí la historia.

Dime a quién asesoras…
El cuarto decreto que la presidenta Cristina Fernández firmó en 2010
ordenaba al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea revelar los listados del
personal civil que prestó a las fuerzas servicios de inteligencia en el periodo
comprendido entre 1976 y 1983.
Hasta el momento, la única institución que respondió al mandato presidencial -el
titular del Poder Ejecutivo Nacional es Comandante en Jefe de las tres armas,
según estipula la Constitución- de desclasificar sus archivos de inteligencia
fue el Ejército.
Los datos revelados comenzaron a confirmar las sospechas de siempre y arrojaron
nuevos nombres. En Bahía Blanca, las tareas de inteligencia del Ejército se
cumplían bajo la esfera del V Cuerpo a través del Destacamento de Inteligencia
181, dependiente del Batallón 601 de la Capital Federal.
Noventa y un nombres de agentes de Bahía Blanca y la región fueron listados y
oficialmente difundidos en una nómina que lleva la firma del General de Brigada
César Gerardo Milani, actual director general de Inteligencia del arma.
Entre las especialidades con que se clasificó al Personal Civil de Inteligencia
(PCI) se encuentran: agentes secretos, redactores dactilógrafos,
fotointérpretes, programadores del Servicio de Computación de Datos (SCD) y dos
“asesores universitarios” (ver recuadro). Uno solo de ellos se desempeñó en el
periodo comprendido entre enero de 1981 y junio de 1982: Néstor Luis
Montezanti.
La información oficial difundida hasta ahora no especifica qué funciones debía
cumplir un “asesor universitario”. Tampoco un “analista universitario”, otra de
las especialidades que figuran en el listado rubricado por Milani. Sin embargo,
la caracterización comporta una gravedad institucional especial, debido a la
mención del mundo académico que supone.
Por ello, en los últimos meses la UNS fue escenario de revisiones sobre su
historia reciente que confluyeron en algunas determinaciones sobre los docentes
vinculados con la dictadura y sus servicios de inteligencia. El ejemplo más
reciente es el pedido de Juicio Académico solicitado por Patrignani.

El pedido
El lunes 3 de octubre pasado, Patrignani elevó formalmente al rector de la
UNS Guillermo Crapiste una nota que tenía por objeto “solicitar se someta a
Juicio Académico, para ser separado de su cargo, al doctor Néstor Luis
Montezanti”.
Patrignani funda su pedido en el Reglamento de Juicios Académicos de la UNS,
que establece como una de las causales la “falta de ética en el ámbito
universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”, y recuerda la documentada
participación del letrado en los servicios de inteligencia de la dictadura.
También asienta como fundamento la resolución 17 que la Asamblea Universitaria
aprobó durante este año, por la que declara “que la participación en esas
tareas de inteligencia está reñida con toda norma ética y moral aceptable
dentro de la comunidad universitaria en particular y en el marco ciudadano en
general”.
La mencionada disposición del órgano de cogobierno universitario establece
además que “esta actividad queda comprendida en las causales de impugnación de
los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios y 17 del
Reglamento de Concursos de Asistentes y Ayudantes”. Es decir, de pretender una
reválida en algunos de los cargos docentes que ostenta, Montezanti podría
resultar impugnado por sus antecedentes como PCI.
Esta determinación “manifiesta claramente que quienes desarrollaron tareas de
inteligencia, como las que está probado realizó el doctor Montezanti, no tienen
cabida en la Universidad Nacional del Sur”.
“La comisión de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última
dictadura militar que sufrió nuestro país necesitaron de complicidades a través
de toda una red de informantes que facilitaron el genocidio. En muchos casos,
fueron civiles y formaron parte de lo que se llamó Personal Civil de
Inteligencia. En consecuencia se puede afirmar que han sido partícipes
necesarios en estos delitos”, manifiesta el docente promotor del proceso de
enjuiciamiento académico al ex PCI.
“Muchos son los estudiantes, docentes y no docentes de esta universidad
víctimas de detenciones, secuestros, torturas, cesantías u obligados al exilio.
Sus nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales eran suministrados a
los grupos de tareas por los agentes civiles de inteligencia”, recuerda a
continuación.
Por último, menciona la misión que a la casa de estudios confiere el segundo
artículo de su propio Estatuto: “La Universidad tiene como fin la formación integral
de sus miembros, capacitándolos para el ejercicio de las actividades
científicas y profesionales, e inculcándoles el respeto a las normas e
instituciones de la Constitución Nacional”.
Esta orden estatutaria, entiende Patrignani, “no puede ser cumplida cabalmente
mientras la tarea docente esté en manos de personas cuya complicidad con
quienes terminaron con el orden constitucional en el año ‘76, está probada por
documentos oficiales”.
Tras ser recibida por el rectorado, la solicitud de Patrignani deberá encontrar
aprobación en el Consejo Departamental de la unidad académica de incumbencia,
en este caso el Departamento de Derecho de la UNS. Recién entonces podrá
abrirse el proceso contra el ex “asesor universitario” de los servicios de
inteligencia de la dictadura.

Amigos de ayer y hoy
El listado de PCI del Destacamento de Inteligencia 181 revelado por el
Ejército en los primeros meses de 2010 incluye a otras dos personas con
funciones vinculadas al mundo universitario.
Además de Montezanti, otro “asesor universitario” prestó servicios de esa
índole durante la dictadura, aunque en el periodo inmediatamente anterior al
ingreso del actual docente de Derecho.
Se trata de Ernesto Daniel del Punta, de quien figura como fecha de alta el
primer día de 1979 y como día de la baja el 1 de febrero de 1981, por lo que
sólo coincidió algunos días con Montezanti.
Por otra parte, en el rol de “analista universitario” (sic) figura María Judith
Muzlera. Su fecha de alta es el primer día de 1981 y como día de su baja
aparece el último de 1983. Este dato, de todas maneras, puede ser engañoso:
como el decreto firmado por Cristina Fernández ordenaba desclasificar los
listados hasta 1983 inclusive, no puede determinarse si ese 31 de diciembre
cesaron efectivamente las funciones de Muzlera o si continuaron y el dato de su
baja permanece aún clasificado, si es que ocurrió.
De acuerdo a los padrones actualizados para las próximas elecciones generales,
del Punta sigue viviendo en Bahía Blanca y -paradojas del destino- cumplirá con
sus deberes cívicos en el edificio de la UNS de Alem 1253. Aún no fue posible
obtener datos sobre el paradero de Muzlera.
Finalmente, resulta interesante repasar otro mapa de relaciones, revelado a la
luz de la recusación a Luis María Esandi que el fiscal Abel Córdoba solicitó
luego de la orden de detención que el magistrado ad hoc ordenó para el imputado
Hugo Sierra.
Según documentó Córdoba, Sierra y Esandi compartieron en 2002 una lista por el
claustro docente en el Departamento de Derecho de la UNS. La agrupación se
denominaba “Fundacional”. De ella participaba también Néstor Luis Montezanti,
de quien Sierra sería abogado defensor cuatro años más tarde. Otros nombres
conocidos que integraban la nómina son los de José Luis Centurión y Eduardo
Conghos, este último actual funcionario del gobierno municipal de Cristian
Breitenstein, quien siempre estuvo muy vinculado a Montezanti, su faro
intelectual. En su momento el PCI dirigió su tesis de investigación “El Estado
y la Política frente a la Modernidad”.