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Informantes, abstenerse
La Asamblea Universitaria determinó que el ejercicio de acciones de inteligencia durante la dictadura significará un causal de impugnación para la presentación de un profesional a un concurso por un cargo docente.
Categoría: Locales

La Asamblea Universitaria
determinó que el ejercicio de acciones de inteligencia durante la dictadura
significará un causal de impugnación para la presentación de un profesional a
un concurso por un cargo docente. La medida también rige para el sector no
docente.

La
Asamblea Universitaria (AU) es, junto al Consejo Superior Universitario (CSU),
el máximo órgano resolutivo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que como
todas las de su clase reviste carácter autónomo en sus decisiones respecto de
los poderes del Estado.
Entre sus competencias están la de crear y suprimir carreras o títulos, pero
también efectuar declaraciones normativas que rijan los principios de admisión
y permanencia en la comunidad universitaria.
El miércoles 13 de julio pasado, según informó oportunamente la página oficial
de la UNS, la AU de esa casa de estudios, se reuniría a considerar la creación
de varias carreras y el aval para sus correspondientes títulos de grado. Como dato
anexo, separado de los cinco puntos enumerados en el Orden del Día previsto, se
encontraba el tratamiento que se daría a la condición de agentes de
inteligencia que pudieran revestir los miembros de la comunidad universitaria.
Fue, acaso, el más importante de los temas tratados durante la jornada.

“Inteligencia”
Con treinta y ocho votos por la afirmativa y siete abstenciones, la AU
decidió dar luz verde al proyecto impulsado desde la lista Integración de
docentes y apoyado por distintos sectores de la comunidad, tendiente a eliminar
la posibilidad de que las personas que se desempeñaron como parte del personal
de inteligencia durante la última dictadura militar sean parte, como docentes o
no docentes, del cuerpo de trabajadores de la casa de estudios.
El texto fue dirigido al presidente de la AU, Alejandro Cantaro, por los
asambleístas Patrignani, Barcia, Albornoz, Cernadas, Kalocai, Pera Vallejos,
Orozco, Stankevicius, Lloret y Cordero. Su resolución más importante declara
“que la participación en esas tareas de inteligencia están reñidas con toda
norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria en
particular y en el marco ciudadano en general” y considera que tal carácter
hace que queden “comprendidas en las causales de impugnación de los artículos
21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios, 17 del Reglamento de
Concursos de Asistentes y Ayudantes y con las “condiciones de conducta” a las
que se refiere el artículo 30 de la Reglamentación del Art. 4 del Convenio
Colectivo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias
Nacionales”.
Además, la resolución dispone “contribuir a la reconstrucción de la memoria
histórica sobre este período nefasto en la UNS dando a conocer a la comunidad
universitaria, a través de las herramientas de difusión habituales, el detalle
de los nombres y funciones de quienes son o han sido parte de ella y
desarrollaron tareas de inteligencia para la dictadura cívico militar 1976 a
1983”.
Asimismo, recomienda al Poder Ejecutivo Nacional “la inclusión expresa de la
incompatibilidad ética en idéntico sentido que el artículo 3 en la Ley que
regula la Educación Superior”, que marca el carácter democrático que debe
observar e inculcar la institución universitaria.
Entre los considerandos con que se fundamentó el proyecto se encuentra la
declaración que la Cámara de Diputados de la Nación realizó en mayo del año
pasado, indicando que la celebración del bicentenario argentino hacía propicio
“reafirmar el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas en el marco del terrorismo de Estado y asegurar el proceso de verdad
y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable que debe
completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las
garantías del debido proceso. Esta política de memoria y justicia, que nos
distingue hoy como país en la comunidad internacional, representa una bisagra
ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina
en su conjunto”.
Por otra parte, el documento recordaba que la UNS se había mostrado
comprometida con la reparación histórica -“debe estar fundada en los principios
de Memoria, Verdad y Justicia”, afirma-, al ceder sus instalaciones para la
realización del histórico juicio que se está llevando a cabo en nuestra ciudad
contra diecinueve represores, acusados de noventa crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo la órbita del V
Cuerpo de Ejército bahiense.

Los alumnos
A diferencia de lo ocurrido durante el tratamiento que el CSU dio a la
reválida de Gloria Girotti, cuando el claustro estudiantil en pleno se
manifestó en contra de otorgar tal beneficio a la letrada, durante el
tratamiento que la AU dio al tratamiento del proyecto de resolución descripto tres
de las siete abstenciones correspondieron a los representantes estudiantiles.
El voto no fue nominal por lo que no quedó registro escrito de los votantes y
sus opciones. Sin embargo, se logró determinar que las abstenciones
estudiantiles correspondieron a las bancas que ostentan en la AU las listas
Generación UNS y Unidad.
También prefirieron abstenerse asambleístas de las listas Línea Phi, Auxiliares
del Sur y Blanca.

Montezanti
Cuando la presidenta de la Nación Cristina Fernández firmó su cuarto
decreto de 2010, ordenó a las Fuerzas Armadas desclasificar sus archivos de
inteligencia del período comprendido por los años 1976 a 1983, a los fines de
difundir quiénes eran los civiles que habían participado del engranaje de
secuestro, tortura y muerte implementado en el marco del Terrorismo de Estado
impuesto por el gobierno militar.
La puesta en práctica de la medida por parte del Ejército -aún no han sido
dados a la publicidad los listados de la Fuerza Aérea y la Armada, que se
conocen sólo extraoficialmente- trajo revelaciones que causaron sorpresa en
distintos puntos del país, donde comenzaron a conocerse nombres y funciones
cumplidas por el Personal Civil de Inteligencia (PCI) que prestaba servicios al
Batallón 601.
En nuestra ciudad, las tareas de espionaje quedaban bajo la órbita del
Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército.
Puntualmente en el caso bahiense, logró confirmarse la participación de algunas
figuras de relevancia pública de los que sospechaba, desde hacía años, una cooperación
en dichas tareas. Tal fue el caso del juez de Faltas Ricardo Germani, quien
todavía permanece en su cargo a pesar de los numerosos cuestionamientos que
recayeron sobre su persona por haberse desempeñado como “agente secreto” de los
servicios de inteligencia dictatoriales.
También se confirmó la efectiva intervención del catedrático, escritor y
miembro de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti. El letrado
participó durante la dictadura como “asesor universitario” del Destacamento 181.
Es el único de los nombres develados que registra tal función. Su caso resultó
paradigmático en la UNS y motivó en gran medida la elaboración del proyecto de
resolución.
Montezanti dicta clases en el Departamento de Derecho de la casa de estudios,
donde tiene a su cargo tres asignaturas: Introducción al Derecho, Derecho
Administrativo I y Ciencia Política.
Desde la aprobación que la AU dio el miércoles 13 de julio al proyecto reseñado,
el letrado no podrá presentarse a un concurso para la obtención de una reválida
o un nuevo cargo sin sufrir la impugnación que la resolución entiende justa
para sus antecedentes como PCI.



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2011-07-18 11:12:00
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