VENEZUELA
La fuga de los golpistas
Las herramientas utilizadas por dirigentes golpistas para fugarse del
penal militar de Ramo Verde- a 40 Km. de Caracas-, no parecen haber sido
picos y palas, sino dinero, una antigua llave que suele abrir todos los
cerrojos.
Las investigaciones oficiales no han encontrado túneles ni rastros de
violencia después de la desaparición de la prisión de un ex dirigente
sindical y tres militares implicados en conspiraciones golpistas contra el
gobierno constitucional de Hugo Chávez. Uno de los cuatro fugados es Carlos
Ortega, uno de los dirigentes sindicales del paro petrolero con el que se
pretendió el derrocamiento del presidente venezolano. Los otros son los
coroneles Darío y Jesús Farías y el capitán Rafael Farías. Los militares
cumplían una condena de nueve años de prisión por el caso de 130
paramilitares colombianos detenidos en mayo del 2004 en Venezuela, como
parte de un complot que incluía acciones criminales contra Hugo Chávez.
Ortega actuó coordinadamente con las Cámaras Empresariales a fines del
2003 en el intento de paralizar el país en un inédito paro alentado y
financiado desde el sector patronal. Solamente en el área petrolera, el
paro que se prolongó 63 días provocó pérdidas por 14.000 millones de
dólares al estado venezolano.

Les faltan votos pero les sobra dinero
El titular de Defensa, gral. Raúl Baduel, dijo que se investiga la
responsabilidad que podría tener el personal de la prisión militar en la
fuga. El ministro venezolano de Interior, Jesse Chacón, afirmó que hubo
“mucho dinero de por medio” en la fuga de los golpistas. Se cree que el
plan fue preparado con gran apoyo económico y que no hay que descartar que
los cuatro fugados se encuentren ya en Estados Unidos, donde tendrían más
posibilidades de eludir un eventual pedido de extradición.
Hasta ahora, la oposición venezolana a Chávez no ha logrado una fuerza
electoral significativa, pero ese déficit de votos, lo compensan con una
disponibilidad de fondos que pueden utilizar tanto para acciones legales
como para las ilegales. Dentro de las legales, está la conformación de un
frente para las próximas elecciones presidenciales con una candidatura
única, la del gobernador del estado de Zulia, uno de los escasos enclaves
opositores en el país.
Por su parte, la organización venezolana “Periodistas por la verdad”
acusó al canal privado Globovisión de estar involucrado en la fuga. Dijo
que sólo con conocimiento previo de lo que iba a ocurrir puede explicarse
la cobertura de la noticia por los equipos de ese canal.
Este nuevo suceso pone en evidencia que la oposición a Chávez y a su
revolución bolivariana, si bien es minoritaria, cuenta con importantes
apoyos en sectores claves del país, incluyendo la justicia y algunos
sectores militares. Cabe recordar que otros sucesos, como el asesinato del
fiscal Danilo Henderson, que investigaba las tramas golpistas, no han sido
todavía esclarecidos. La ejecución de ese crimen político reveló una
estructura criminal que disponía de abundantes medios económicos y
sofisticados dispositivos tecnológicos para realizar el atentado.

BOLIVIA
Reducción de la coca
Sin prisa pero sin pausa, el presidente Evo Morales sigue desarrollando
diversos temas que formaron parte de sus compromisos preelectorales. Uno de
ellos es el de conseguir la reducción de la superficie de cultivo de la
hoja de coca.
El mandatario boliviano viajó a Los Yungas, una región cocalera que bien
conoce por su trayectoria como dirigente campesino. En la localidad de
Caranavi inauguró un moderno hospital, oportunidad que aprovechó para
dirigirse a los productores cocaleros de la zona. “Compañeros, les pido que
nos ayuden a erradicar de manera voluntaria para terminar en Bolivia con el
estigma del narcotráfico”.
Evo Morales siempre se opuso a las políticas de “Coca cero”, alentadas
por gobiernos neoliberales y bajo la presión de los Estados Unidos. El
ahora presidente siempre defendió que se trataba de un cultivo milenario,
para utilización de los indígenas. Advirtió que quienes no atiendan este
pedido, podrían ser considerados cómplices e instrumentos del ex presidente
Gonzalo Sánchez de Losada (actualmente residente en Estados Unidos), que
siempre acusó a Evo Morales de pretender “cocainizar” Bolivia.
El mandatario boliviano señaló que a través del diálogo con los
productores de Los Yungas de La Paz y El Chapare de Cochabamba, se acordó
llevar adelante un plan voluntario de erradicación racionalizada de la hoja
de coca. Explicó que su gobierno proyecta apoyar económicamente su
industrialización para diversos usos. También anunció que realizaría
reuniones con las asociaciones y cooperativas de productores cafetaleros
para impulsar el proceso de industrialización de este producto. Les aseguró
que mantiene su compromiso de ayuda económica gubernamental para los
proyectos que se presenten y se consideren viables por los técnicos
estatales.

EL SALVADOR
Freno a las deportaciones
El gobierno salvadoreño está preocupado por la posible deportación de
muchos de sus ciudadanos que residen ilegalmente en Estados Unidos. Como
otros gobiernos centroamericanos, el de El Salvador recibe un importante
aporte en divisas proveniente de las remesas de sus migrantes en el
exterior.
El país, que durante muchos años sufrió represión y guerra interna, no
ha logrado despegar y mejorar durante la etapa constitucional. La falta de
perspectivas sociales y económicas generó un éxodo espectacular,
proporcionalmente el más elevado en el continente. Según el cálculo del
canciller salvadoreño Francisco Lainez, aproximadamente 2,5 millones de
salvadoreños viven en Estados Unidos. Esos ciudadanos emigrados envían a su
país 3.000 millones de dólares anuales en concepto de remesas.
Las autoridades migratorias norteamericanas dieron plazo hasta el 1 de
septiembre para que los 240.000 salvadoreños registrados bajo el estatus de
protección temporaria renueven su registro anual. El gobierno salvadoreño
tiene datos de que solamente menos de un tercio de ese total han cumplido
el trámite. Los que no lo hagan antes de finalizar agosto, podrían ser
deportados a su país de origen.
Un regreso masivo sería un riesgo para el gobierno salvadoreño, no sólo
por la disminución de las remesas que envían los inmigrantes, sino también
porque entre los retornados, seguramente se incluyan componentes de las
“maras”, las temibles bandas delictivas conformadas en Estados Unidos por
jóvenes de origen hispano, y que hoy constituyen un gravísimo problema de
seguridad en El Salvador, Honduras y otros países del área.