El presidente Álvaro Uribe sigue en su empeño de conseguir modificar los mecanismos constitucionales para poder aspirar a una segunda reelección presidencial, que equivaldría a un tercer mandato. A pesar de las denuncias sobre sobornos y presiones utilizados para conseguir el apoyo a ese objetivo en el parlamento, y a la oposición de diversos sectores sociales, Uribe está dispuesto a saltarse todos los obstáculos, inclusive los legales.
El presidente no disimula la distancia que separa al Ejecutivo de la Corte Suprema de Justicia, y en el transcurso de un acto en el municipio de Ibagué advirtió a la máxima corporación judicial que “no abuse de sus prerrogativas”. Con ese llamamiento pretende que la Corte se pronuncie y nombre a un nuevo Fiscal General en base a una terna entregada por él. Al parecer, los miembros de la Corte no se pronuncian a la espera de que el presidente cambie a los integrantes de la terna por no considerarlos idóneos para ese alto cargo judicial.
El fondo del debate puede rastrearse a través de los pronunciamientos políticos de uribistas y opositores. Los primeros afirman que la Corte quiere bloquear decisiones presidenciales, y en la oposición se afirma que desde el Poder Judicial se quiere garantizar un Fiscal General independiente del poder político y se afirma que Uribe pretende un fiscal “de bolsillo”, fácilmente manejable.
Días antes, durante su visita a Brasil, el presidente colombiano había afirmado que la posibilidad de ser reelecto por segunda vez consecutiva, algo que prohíbe la Constitución vigente, “depende de la mano de Dios”. Concretamente Uribe dijo: “Depende de tres elementos: la Corte Constitucional, el pueblo que debe acudir a las urnas y en tercer lugar, depende de la mano de Dios”.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info