Un proyecto destinado a la derogación de algunos artículos del Código de Procesamiento Penal de la Provincia, fue confeccionado por el concejal del bloque del Frente para la Victoria Partido Justicialista Marcelo Ciccola, quien es abogado.

Según el parte de prensa del HCD, el edil Ciccola solicita “que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, derogue distintos artículos del Código de Procedimiento Penal”, argumentando que “si tenemos en cuenta los trágicos sucesos ocurridos recientemente, estamos convencidos de que resulta necesario suministrar a los Jueces instrumentos o herramientas legales que permitan arribar a un juicio justo, a una decisión que asegure al ciudadano, al vecino, al hombre común, una respuesta judicial que se traduzca en ‘justicia para el caso concreto’, que el servicio de justicia emita decisiones conformes a la ley, pero resguardando los derechos de las víctimas”.
Ciccola hizo público a través del parte de prensa del Concejo Deliberante que “cuando debatimos ya es tarde, porque el daño ya está hecho, el robo ya se hizo o la víctima ya está muerta; y el victimario suelto. Tampoco podemos esperar a que algún día lejano baje la cifra de delitos porque mientras discutimos si el juez resolvió bien o mal o esperamos que la situación mejore, día a día las víctimas se suman al listado o tenemos que lamentar muertes que se podrían haber evitado”.

Poner en duda
El proyecto de Ciccola sentencia: “Hoy nadie puede poner en duda que un sujeto que fue arrestado -una o varias veces- por ingresar armado a un hogar, a un comercio, o a un banco, lo volverá a hacer. Es altamente probable que lo haga, por no decir seguro. Y si cometió un delito tan grave que puso en riesgo la vida de los vecinos -o lisa y llanamente terminó con un proyecto de vida-, entonces esa persona no puede ser ‘beneficiada’ mientras espera el juicio, porque nos pondrá de nuevo en alto riesgo, y ciertamente lo hará con más violencia y frecuencia que antes”.
Pero eso no es todo. Dentro del pedido de derogación de artículos que integran el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, Ciccola menciona que “si esto está pasando es porque el sistema penal no funciona correcta o eficientemente. Esa disfuncionalidad produce daños terribles e irreparables en la sociedad, en la gente; y estas situaciones deben y tienen que evitarse. Y podrían evitarse si los márgenes de discrecionalidad de los jueces se reducen o se eliminan, se garantiza los derechos del imputado pero no brinda garantías al ciudadano. Con esta propuesta pretendemos lograr un servicio de justicia eficiente, que asegure un ‘juicio justo’, que permita a las víctimas sentirse más seguras después de un episodio traumático; y que en definitiva, la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida, asegurando a la vez los derechos humanos”.  

Está pero no atiende
Frente a semejante propuesta nos dirigimos al bloque FPV-PJ con la intención de conocer los detalles del pedido, el origen y los fundamentos por el cual el edil solicita un cambio en las normas provinciales.
Luego se ser recibidos por su secretaria y anunciados ante Ciccola, la larga espera sin certezas de ser atendidos se vio interrumpida con la llegada de otros medios que sí fueron atendidos por el concejal.
Así, el tiempo pasó, y nos tuvimos que retirar sin respuestas porque el concejal no recibió a EcoDias. Así optó por no aprovechar la posibilidad de explicar su innovador proyecto a los vecinos. Un proyecto que, parece ser, pasa por encima de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la defensa de los derechos humanos, logros que tanto sufrimiento le costaron a nuestro país a lo largo de la historia.
 
“La propuesta tiene grandes fallas de aceptación constitucional”
Para entender en profundidad los alcances que tendría la vigencia de una propuesta similar, nos reunimos con la defensora general de Bahía Blanca, dra. Graciela Cortazar, quién también se desempeña como docente en el Departamento de Abogacía de la Universidad Nacional del Sur.
A través de la charla con la doctora Cortazar pudimos entender por qué el proyecto del edil Marcelo Ciccola es absolutamente inviable: “A mi juicio no son correctas estas observaciones. En primer lugar, en algunas preocupaciones que tiene el concejal de vacío de la ley o de que la ley es contraria o no apoya las necesidades de seguridad que tiene la gente”, detalló Cortazar.
La doctora comentó que el Código de Procedimiento atiende las posibilidades de que las personas acusadas de delitos graves no recuperen la libertad. Estas consideraciones van “más allá de la discusión sobre el tema del principio de inocencia, que en realidad todos debemos sostener porque hasta que no exista una sentencia firme no podemos decir que una persona sea culpable. Este es el sistema constitucional que hemos elegido vivir y que tiene su principio en respetar y en hacer poner por delante el principio de la libertad y los derechos humanos. Porque los daños que pueden causarse tratando como condenado a alguien que es inocente, y que después así se lo declare, serían infinitamente mayores”.
Todos en mayor o menor grado sabemos el daño que causa la prisión es realmente inconmensurable y en este sentido, dice Cortazar, “el trato de inocente tiene ese fundamento y hasta tanto los jueces no declaren la culpabilidad de alguien, en principio -por la Constitución y por los tratados internacionales- debe ser tratado como inocente”.
Se podría discutir que esto puede tener limitaciones o excepciones, “por supuesto que las debe tener, y por supuesto que la ley nos da la solución en este sentido”.

Los jueces tienen las herramientas
Dice la dra. Cortazar que el Código de Procedimiento “no es un código loco que no prevé que para los delitos graves deba mirarse con cuidado esto. Y que en ocasiones cuando haya peligro de fuga porque alguien esté acusado de un delito muy grave no se lo pueda privar de libertad. Por supuesto que esto está previsto, de hecho en principio los delitos graves, la amenaza de pena que tengan estos delitos pudieran hacer sospechar que la persona al estar procesada de un delito grave pueda intentar huir o no someterse a proceso y en ese caso es posible privar de libertad”.
Afirma que no es necesario, como dice a su juicio equivocadamente el concejal Ciccola, refiriéndose a la idea de dar una ley que le dé herramientas adecuadas a los jueces.
“Los jueces tienen las herramientas. Nuestro código permite valorar estas cuestiones. Entiendo la preocupación, pero me parece que es desacertada la idea de creer que el código, insisto, no da respuesta. Pero además hay cuestiones que no pueden hacerse constitucionalmente. Nosotros no podríamos ir hacia un sistema que negara la excarcelación, esto hay que decirlo con todas las letras: nosotros tomamos un sistema que tiene sus bases en una constitución liberal, en una constitución que desde 1853 tiene como intangible el principio de inocencia, en el artículo 18. No podemos ir hacia un sistema que permita la prisionización por la mera sospecha. Esto era así desde siempre y además ahora tenemos obligaciones internacionales que cumplir, nuestro país a partir de 1994 ha incorporado a la Constitución los tratados internacionales que nos imponen adoptar un sistema que el mundo civilizado ha adoptado pensando primero en respetar al hombre, al ser humano, al individuo”.

Conquista de los DDHH
“Se ha sufrido mucho. El hombre individual, las personas individuales a lo largo de la historia, han sufrido mucho los abusos del poder y justamente el sistema internacional de derechos humanos ha venido a garantizar estos derechos que todos tenemos frente al Estado. Estas conquistas de preservar la libertad y la dignidad individual, han sido producto de mucho sufrimiento histórico, no estamos aquí por obra de un iluminado que un día inventó el catálogo de derechos humanos. Los derechos humanos tienen un origen histórico a partir de lo que las instituciones, los intereses políticos en uno u otro sentido hicieron al hombre individual, al hombre común; entonces las comunidades del mundo se reunieron y generaron este sistema que dice que, más allá de las leyes, los pueblos civilizados del mundo creemos que hay que respetar estas cuestiones individuales, estos derechos que son un derecho de gente, que está más allá de la ley escrita. No podemos dejar de pensar esto en clave de respeto a los derechos humanos porque es lo que la comunidad civilizada del mundo pretende, es lo que hacen los países civilizados: buscan soluciones a sus problemas comunes sin avasallar los derechos del hombre, sin hacer pasar la solución por encima de los derechos individuales”, dijo la defensora.

Que no se repita la historia
 Respecto a la propuesta de Ciccola de endurecer las penas, Cortazar aclaró: “Si nosotros intentamos instalar que la solución para que la sociedad esté segura es el encierro masivo, ¿cuál es el límite? ¿Cómo sé quién no tiene que ser encerrado por las dudas? ¿Yo? ¿El que dicta la norma? En realidad, todos podemos pasar a ser peligrosos, o lo que es más tremendo aún, a lo mejor no seremos los encerrados en esta situación, pero cuando la cuestión cambie, cuando no estemos en el poder, podemos ser nosotros los que quedemos sometidos a este régimen de simplemente por parecer peligroso, por pertenecer a determinada clase social o por vivir en una villa que es una cuestión de riesgo. Guarda con esto porque la historia ya tiene registro de las masacres más enormes cuando esto se instaló, porque primero vamos a instalar la idea de que si alguien está sospechado de cometer un delito por estar sospechado de cometer un delito no lo dejamos en libertad, porque puede cometer otro, esa es la noción de peligroso”.
La oportunidad de conversar con la defensora general nos acerca la realidad “de la inseguridad” desde un lugar distinto en el que se sitúan algunos medios de comunicación: “El Código nos da las herramientas, nosotros no tenemos una ley que sea de liberar a mansalva a la gente o de no permitir la prisión cuando hay algún riesgo en el proceso. Por el contrario, basta con ir a ver las comisarías superpobladas y la cárcel local para advertir que el nuestro no es un sistema amplio en materia de libertades ni mucho menos. En rigor de verdad, si quisiéramos cumplir a pie juntillas y sin mirar excepciones debiéramos cursar un proceso en todos los casos siempre con el imputado en libertad, y sin embargo hay un sistema que permite a los jueces ver en qué casos graves esto puede poner en riesgo el proceso”.

Imposible sostener la propuesta
“La propuesta tiene grandes fallas de aceptación constitucional. El primer reparo es que es imposible sostenerlo constitucionalmente y convencionalmente. Esta es la primera cuestión que advierto. Es contraria a los principios que debemos respetar, pero además no es conveniente porque ir hacia una política o una legislación cada vez más restrictiva de los derechos humanos, además de estar probado que no es eficaz, porque los problemas de la seguridad no se resuelven”, y dice Cortazar que esto fue probado por las propias experiencias en la Provincia de Buenos Aires con leyes inconstitucionales que rigieron durante una época, las llamadas Leyes Ruckauf, que impedían la excarcelación en casi todos los casos. “De ningún modo hubo una rebaja de delitos ni bajó el índice de violencia y se aumentó el índice de violencia institucional porque aumentaron los delitos en las cárceles, porque aumentaron las muertes, el hacinamiento”. Recuerda las observaciones de los organismos internacionales que exigían adecuar la ley a los principios de derechos humanos. “La Corte en el fallo Vertbisky tuvo que decir que la provincia de Buenos Aires debía adaptar su legislación para evitar el hacinamiento y la prisión preventiva irracional que estaba instalada cuando llegó arriba de 33.000 detenidos en las cárceles y con las comisarías, que eran sitios realmente de hacinamiento en condiciones vergonzosas para cualquier estado”.
“Pero además de esta imposibilidad de ir hacia este sistema por ser inconstitucional, sería ineficiente e innecesario porque lo que pretende Ciccola, que la finalidad es absolutamente buena porque quiere darle seguridad a la gente; esas herramientas nuestro código las tiene, además nuestros jueces no se apartan de la ley ni dictan fallos irrazonables”.

Innecesaria
“Los jueces no pueden prever las conductas futuras; imaginar que existe la posibilidad de prever los actos futuros de la gente y prevenirlos, es muy peligroso. Ese es un mundo donde nadie quisiera vivir, ni siquiera los que preocupados genuinamente por el tema de la inseguridad pretenden la modificación de las normas. Por eso digo, en términos normales, para situaciones previsibles normales, y este hecho que ocurrió es un hecho excepcionalísimo que podemos medir en la estadística de criminología histórica de la ciudad, no se da habitualmente, no hay registro de que esto ocurra de esta manera”.
Finaliza la doctora Graciela Cortazar diciendo que “humildemente creo que además de imposible -porque una propuesta por el estilo no resistiría el control de constitucionalidad-, resulta innecesaria porque las normas existen, nuestros jueces en líneas generales son cumplidores de la ley y de la Constitución y porque la seguridad en primer lugar requiere herramientas de otro tipo, que son preventivas, como el control previo del delito, como las acciones estructurales para evitar aquellas situaciones que hacen caer a determinados sectores en el delito y también con la prevención concreta y la cuestión policial que evite la comisión de delitos.
Se puede trabajar en los barrios, con la prevención de puntos fijos, con el trabajo preventivo en las comunidades en riesgo, el control a las adicciones y al alcohol, porque la adicción de la mano de la pobreza esta ligada a la comisión de delitos”.

Con los derechos no
Con el proyecto de Ciccola en mano, EcoDias entrevistó a Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para conocer su opinión acerca del proyecto del abogado.
“Primero vemos el pensamiento instalado de que el garantismo es una medida excesiva, cuando es una medida constitucional. Y está fuertemente instalado sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de sustento en la argumentación, y peligrosamente por parte de funcionarios como en su momento fue Breitenstein y ahora el concejal Ciccola, con la gravedad de que ambos son abogados. Pero además con el criterio de que el Código de Procedimiento le garantiza los derechos al imputado y no le garantiza los beneficios al ciudadano común o a la ‘victima’ por decirlo de alguna manera. En realidad, lo que debería pensar desde ese lugar verdaderamente absurdo e infundado que plantea Ciccola es plantearle al gobierno de la Provincia que modifique la Constitución de la Provincia, y que al mismo tiempo los diputados justicialistas pidan la reforma de la Constitución Nacional ya que caminan en ese sentido, porque todo ese tema relacionado con las garantías tiene que ver con lo planteado en la Constitución y las garantías constitucionales”.
Hidalgo amplió el análisis y recordó los recientes hechos de nuestra historia: “Esto no es nuevo, esto viene sucediendo desde el momento en que Blumberg aparece en escena, un personaje nefasto, al cual le siguieron por detrás una gran mayoría de legisladores que generaron todas las dificultades y todas las problemáticas que hoy tienen los Códigos de Procedimientos en función del discurso de que hay que poner penas más duras, penas de mayor peso. A pesar de que se hicieron todas esas modificaciones, metiéndose en una corriente sin haber analizado absolutamente nada, hoy la situación es que el delito sigue existiendo, sin importar que las penas sean más altas. Y me parece que todo se torna en un terreno peligroso sin ningún fundamento más allá del hecho concreto de que existe el delito”.
En ese punto de la entrevista Hidalgo planteó la necesidad de dejar de mirar las consecuencias y trabajar en profundidad con las causas: “Lo que sucede es que Ciccola debería preocuparse, cosa que no hace con sus pares del Partido Justicialista local, por resolver los problemas sociales que no sólo son una cuestión de plata, sino que son una cuestión de humanidad, de estructura, de darle oportunidades a todo el mundo. Quizás Ciccola no haya escuchado al dr. Albino que estuvo en la ciudad, hablando del tema de las oportunidades, de la desnutrición y los efectos sociales, porque todavía no hemos empezado a vivir las consecuencias de la segunda etapa del proceso menemista de los 90, con todo el marco de desnutrición y de destrucción social que hubo, en el cual tuvo que ver profundamente su partido, la mayoría de los dirigentes que hoy están en el marco del gobierno municipal y de lo cual no se hacen cargo, salvo para hablar alguna tontería, para hacer inversiones faraónicas pero que no le producen modificaciones a la cuestión social de fondo, sino que todo sigue igual. Esto no se resuelve de esta manera, se resuelve de una forma multidisciplinaria a la cual hasta ahora no le han aportado nada más que este tipo de pensamiento que son los peores pensamientos que surgen de una sociedad como la bahiense que tiene reacciones profundamente autoritarias”.
Sobre el tema de la modificación pretendida dijo parecerle que “el que está trabajando en este sentido es el diputado provincial Marcelo Feliú y es muy posible que el concejal Ciccola repita como un loro estas cuestiones en un tema y en un plano donde no ha habido ningún tipo de debate serio ni fundamentado. Esta historia de mano dura encubierta o directa, genera problemas a nivel del poder judicial para jueces que trabajan muy bien. Esto es eso de que el cliente siempre tiene razón, que da por válido y fundado el reclamo de la gente”.