(Editorial
del Diario Buenos Aires Herald del 29/03/2016) Crónica
anunciada pero no por ello menos cuestionable. A la decisión del gobierno
argentino de retirar su participación en la emisora regional Telesur ya le
había ganado de mano Cablevisión, el sistema de cable del Grupo Clarín, al
quitar al canal con sede en Caracas de la grilla básica analógica, la más
económica y que ofrece unas setenta señales, sin que mediara explicación ni
ninguna intervención del ente regulador creado a gusto y piacere de la Casa
Rosada. Agrade o no, Telesur es una emisora de noticias internacionales, un
segmento en el que los canales argentinos, si algo no hacen, es brillar.
El caso de Telesur es arquetípico de los méritos y defectos de las políticas
públicas de comunicación en América Latina. Por un lado, se trata de la primera
emisora latinoamericana gestionada por los propios estados de la región. En sí,
un intento legítimo para ampliar el derecho a informarse de los ciudadanos. La
distintiva cobertura de Telesur de acontecimientos como el golpe de Estado en
Honduras (2009), el intento en Ecuador (2010) y la destitución del paraguayo
Fernando Lugo (2012) son demostrativos de lo saludable que significa contar con
un medio público regional. La otra cara de la moneda ha sido la plena
identificación de la línea editorial de la emisora con los gobiernos de los
países que la financian desde 2005: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador,
Nicaragua, Uruguay y el timonel, Venezuela. La falta de ecuanimidad, en
especial en asuntos venezolanos, ha sido tal, que dejó a Telesur en situación
de debilidad ante posibles cambios de rumbo de los gobiernos, como los que se
están dando en los últimos meses. Dicho y hecho. Cualquier similitud con lo
ocurrido con los medios públicos gestionados por el kirchnerismo no es mera
coincidencia.
Cuando decimos que el caso Telesur es arquetípico de las políticas públicas de
comunicación, nos referimos también al perfil adoptado por el gobierno de
Mauricio Macri. De un plumazo, con palabras huecas sobre el pluralismo y la
austeridad, el Estado argentino se retira del proyecto. En el mismo paso, se
desentiende de su responsabilidad de ordenar la inclusión de diversidad en los
sistemas de televisión paga. No sería extraño que en cuestión de semanas, el
canal chavista Telesur quede excluido del todo del sistema de cable de Clarín,
que es el dominante en las grandes ciudades argentinas. Esto plantea la
pregunta de quién tiene la sartén por el mango en las políticas públicas de
comunicación bajo la Presidencia de Macri. ¿El gobierno o el Grupo Clarín?