Las comunidades indígenas y campesinas decidieron levantar la huelga que desde hacía casi una quincena mantenían en La Convención, región selvática del departamento peruano de Cuzco.
La región que alberga unos 220.000 habitantes estaba prácticamente paralizada por la protesta colectiva que demandaba la cancelación de los cuestionados contratos de exportación de gas de los ricos yacimientos de Camisea por considerar que las condiciones de venta son desventajosas y el proyectado gasoducto puede afectar gravemente el santuario ecológico Megantoni. Los exportadores del gas de los yacimientos de Camisea son las empresas Hunt Oil, norteamericana (50 por ciento), Repsol, española, (20 por ciento), la coreana SK (20 por ciento) y la japonesa Marubeni (10 por ciento), todas agrupadas en un consorcio denominado Perú LNG.
En los últimos días, las protestas se extendieron en la región con cortes carreteros. En la población de Kiteni los manifestantes fueron violentamente reprimidos con un saldo de 18 heridos, dos de ellos de bala, y 25 detenidos. Ante la persistencia y radicalización del conflicto, el primer ministro peruano Javier Velásquez viajó al distrito de Echarate, cabecera de la región, y dialogó varias horas con los representantes del Comité Central de Lucha.
Para conseguir su objetivo de convencer a los campesinos, el ministro tuvo que comprometerse a garantizar el suministro interno de gas, a la construcción de una planta de fraccionamiento en la región y a garantizar que las obras para transportar el combustible no afectarán la riqueza natural y la biodiversidad de la selva peruana.
El ministro mostró un documento en el cual la empresa Repsol, de matriz española, se compromete a igualar el precio del gas en todas las regiones de Perú, afirmando que el producto costará lo mismo en Lima que en la propia región productora. Esto implica que el balón de gas que costaba 60 soles en el departamento de Cuzco, ahora costará unos 34 soles (12 dólares aproximadamente). También indicó que una comisión estudiará la posibilidad de reducir el precio de venta al público del gas que producen los yacimientos peruanos explotados por empresas transnacionales.

Veremos dentro de un mes
En el año 2004, el gobierno peruano había declarado a la región como “santuario ecológico”, y afirmaba el compromiso de “conservar los ecosistemas que se encuentran en las Montañas de Megantoni que albergan bosques intactos, fuentes de agua como las cabeceras de los ríos Timpía i Ticumpía y altos valores culturales y biológicos, así como especies en vías de extinción y otras nuevas para la ciencia”. También garantizaba la provisión de zonas de uso especial para los indígenas, a fin de permitirles el uso tradicional de sus bosques.
Aparentemente, las promesas del primer ministro desbloquearon el conflicto. Pero uno de los compromisos fija que dentro de un mes las partes volverán a reunirse para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, se verá si esto fue una revisión de las políticas estatales, o una simple demora en la ejecución de los proyectos previstos.
Hay sectores sociales y políticos del país que enjuician los contratos de venta de gas a México, por considerar que sus términos perjudican a los peruanos y benefician excesivamente a las transnacionales. El opositor Ollanta Humala, que lidera una corriente nacionalista, pidió que el gobierno renegocie los contratos de exportación de gas natural. Afirma que el objetivo básico de dicha renegociación debe ser garantizar el abastecimiento del mercado nacional, reservando para éste la producción menos costosa del llamado Lote 88 del yacimiento sur andino de Camisea.
Si transcurrido el mes de tregua pactado con las comunidades cuzqueñas no hay indicios de que el gobierno de Alan García esté dispuesto a cumplir sus compromisos, no hay dudas de que el conflicto volverá a reactivarse.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info.