La semana pasada, casi sobre el cierre de la edición de EcoDias, añadía desde SERPAL una crónica urgente con la resolución de la O.E.A. que dejaba sin efecto la exclusión de Cuba del sistema interamericano adoptada en enero de 1962. Confiaba que en el Mirador de esta semana podríamos analizar más extensamente esa histórica decisión. Pero los acontecimientos en nuestra bullente América Latina se precipitan y generan otras noticias significativas. Buenas y malas. Una de estas últimas es la que conmociona en estas horas al pueblo peruano. Me refiero a la orden represiva dictada por el presidente Alan García contra las poblaciones indígenas de la Amazonia que pedían negociar con el gobierno medidas que afectan su entorno territorial. La prensa comercial, generalmente comprometida con intereses económicos antagónicos con los de las mayorías de los pueblos, ha minimizado o manipulado los ya tendenciosos cables de las grandes agencias. Intentaremos en este Mirador, precisar las causas y razones de los graves sucesos.

Antecedentes del conflicto
En realidad, el proceso que dio origen a estos enfrentamientos nace con la decisión del gobierno peruano de firmar el TLC (Tratado de Libre Comercio) con el gobierno norteamericano a pesar de la fuerte oposición de diversos sectores productivos del país que temen por las consecuencias del pacto. Luego, Alan García solicitó al Congreso permiso para legislar (emitir decretos para implementar el TLC).
En agosto y setiembre del año pasado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana -AIDESEP- que agrupa a 1350 comunidades nativas, inició una movilización denunciando medidas oficiales que “abrirían las puertas a la explotación de los territorios amazónicos” y dispuso las primeras movilizaciones. A pesar de los pedidos de diálogo, en el Congreso las promesas de formar comisiones especiales se reiteraban pero no llegaban a concretarse. En abril pasado, las comunidades indígenas amazónicas, se declararon en estado de alerta ante algunos decretos que a su juicio, ponían en riesgo las regiones naturales donde están asentados, abriendo las puertas a las transnacionales madereras, mineras, etc.
El Comité de Lucha Provincial Condorcanqui – Amazonas, publicaba a mediados de mayo una “carta abierta al gobierno central” que en uno de sus párrafos expone: “El bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro Buen Vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen, es nuestro sentido y cosmovisión como Pueblo Indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua. Por eso nuestra lucha forma parte de la defensa de la supervivencia de la humanidad ahora que el planeta está en crisis de cambio climático”. Más adelante, el mismo documento planteaba al gobierno de Alan García que humanizara sus políticas “anteponiendo los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, antes que los intereses privados de pequeños grupos de poder económico cuyo único afán es maximizar sus ganancias a todo costo”.

El gobierno ordena reprimir
El pasado viernes 5, cumpliendo órdenes del gobierno, unos 600 efectivos fuertemente pertrechados de la Dirección Nacional de Operativos Especiales intervinieron contra miles de miembros de las comunidades indígenas que cortaban la carretera panamericana en la zona conocida como Curva del Diablo en proximidades de la población de Bagua. En los sucesos se utilizaron también elementos de las Fuerzas Armadas y el apoyo de un helicóptero, desde el cual -según dirigentes indígenas- se hicieron disparos contra los manifestantes. Estos, como se advierte en las fotos y en las secuencias filmadas, estaban en su mayoría armados con lanzas y flechas. La confrontación fue violenta, e inicialmente dejó un saldo de 15 indígenas y 7 policías muertos. Pero otros sucesos, como el secuestro de una treintena de policías por parte de cientos de indígenas, derivaron en nuevos enfrentamientos.
Las cifras oficiales y las que manejan las comunidades indígenas son muy diferentes. Todos admiten que los muertos superarían el medio centenar, aunque no todos los cuerpos han aparecido. El gobierno decretó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba. Hay comunidades que han denunciado que fuerzas especiales han retirado cadáveres e incluso se han llevado heridos que estaban en los hospitales de las localidades próximas. Hay indígenas desaparecidos que podrían haber sido víctimas de traslados extrajudiciales a la Base Militar “El Milagro”, próxima a Bagua.

Condenan la masacre
Diversas organizaciones sociales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresaron su rechazo a la intervención policial, y condenan lo que califican de “matanza ordenada por el gobierno del presidente Alan García”. Desde movimientos, sindicatos y diversas corrientes políticas se exige al Congreso de la República, la derogación inmediata de los decretos que califican de inconstitucionales” y reclaman que se retome el diálogo.
El gobierno dice que “400.000 indígenas no pueden decidir sobre recursos que pertenecen a millones de peruanos”. Y argumenta que era imprescindible “restituir el orden en la zona”. Amnistía Internacional ha exigido el respeto por las vidas humanas y pidió al gobierno peruano el uso proporcionado de la fuerza y el respeto por la vida. Desde Ecuador, Bolivia y Colombia, las confederaciones que agrupan a los movimientos indígenas y campesinos han expresado su solidaridad con las víctimas y han respaldado los reclamos de las comunidades amazónicas.

Tensión política y social en Perú
El hecho de que Alan García se ampare en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos para justificar sus decretos que ponen en riesgo los recursos naturales de la amazonia, ha encendido los reclamos de amplios sectores sociales peruanos. El mes pasado, dos abogados de los movimientos que defendían el medio ambiente en la provincia amazónica de San Martín, lograron un inesperado fallo de la Corte Constitucional que suspendió tareas de exploración petrolera por una empresa transnacional.
La concesión de explotación petrolera en la región que tiene el tamaño de Puerto Rico, le pertenece a un consorcio transnacional, conformado por la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con la mayoría accionaria con 40% y la española Repsol y la brasileña Petrobras con 30% cada una.

Huelga de los mineros
La Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, decidió por unanimidad realizar un paro indefinido a partir del lunes 15 de junio contra el decreto oficial que otorga facilidades a las empresas transnacionales. La Federación que representa a 300.000 mineros, expresó también su solidaridad con los indígenas de la región selvática.
El gobierno ha intentado contrarrestar las protestas con un video publicitario que recuerda a los de las dictaduras militares de los años 70. Allí, con imágenes de violencia y locución solemne, se proclama que los indígenas son subversivos y van contra los intereses de la mayoría de los peruanos. “Así actúa el extremismo contra Perú” es la frase inicial, mientras muestra la imagen de los policías muertos en los enfrentamientos. La propaganda oficial, reiteradamente difundida por los medios públicos y privados, generó numerosas protestas, no sólo de las comunidades amazónicas, sino de diversas organizaciones de la sociedad civil. Incluso, fue el detonante para la renuncia de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, quien no ocultó sus diferencias con los métodos represivos con los que Alan García afrontó el conflicto amazónico.
Mientras tanto, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica que representa a 1.350 comunidades amazónicas, pidió asilo político en la embajada de Nicaragua en Lima. Los graves sucesos en Bagua, parecen haber favorecido que se conforme en Perú un frente popular contra las medidas neoliberales y las acciones represivas del gobierno de Alan García.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info