A pesar de las declaraciones optimistas del fiscal guatemalteco Juan Luis Florido, no se conocen avances reales en las investigaciones sobre la serie de crímenes que se inició con el asesinato de tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano.
Tras estas muertes fueron detenidos como responsables cuatro miembros de la policía guatemalteca, uno de ellos jefe de la División Criminal del cuerpo. Trasladados a una prisión de máxima seguridad fueron a su vez asesinados por un grupo comando que logró ingresar al penal, ejecutarlos y marcharse sin dejar rastros. Todos los indicios apuntan a vínculos con el narcotráfico y la presencia de elementos ligados al crimen organizado en las estructuras de gobierno y del Poder Judicial de Guatemala.
El fiscal salvadoreño Félix Garried afirmó que las autoridades guatemaltecas investigan a un diputado de ese país, pero agregó “ ahorita nada más es una conjetura (…) entiendo que el ministerio público de Guatemala lo está averiguando”. El diputado en cuestión sería Manuel Castillo, miembro del congreso guatemalteco por Jutiapa, quien ya ha sido vinculado con el narcotráfico e incluso fue expulsado del partido que lo postuló al cargo.
Mientras, el renunciante ministro de gobernación Carlos Vielmann confirmó la infiltración del narcotráfico en las estructuras de seguridad de Guatemala. Afirmó que “estos grupos criminales financian candidatos de los partidos políticos y compran a quienes trabajan en las instituciones de justicia”.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info