El 29 de agosto se realizarán las
elecciones en la
Asociación Judicial Bonaerense. Se renovarán cargos
departamentales, provinciales y de congresales. Para conocer más sobre la
realidad del sector, EcoDias dialogó con Víctor Solomón, secretario general de la Delegación Bahía
Blanca de la
Asociación Judicial Bonaerense. Los principales reclamos de
los trabajadores del ramo y una mirada sobre la concepción de la Justicia bonaerense.

El
Departamento Judicial con sede en Bahía Blanca es el más extenso de entre todos
aquellos en que se divide la provincia de Buenos Aires. Al este, su límite es
Tres Arroyos. Aunque con la salvedad de que ese distrito empieza a ver creadas
las condiciones para lograr su autonomía. Entonces, quizá es más propicio tomar
como extremo este al de Adolfo Gonzales Chaves. Al sur, siempre, Carmen de
Patagones. Al norte, Coronel Suárez. Y al oeste, Puan. En el límite mismo del
territorio bonaerense con el pampeano.
Esta realidad genera notorios problemas de operatividad, como ya se reseñará.
Pero, además, convierte a la Departamental Bahía Blanca de la Asociación Judicial
Bonaerense que agrupa a los trabajadores del Poder Judicial provincial en un
núcleo importante del ramo.
El próximo 29 de agosto se realizarán elecciones al interior de la Asociación. Incluirán
la renovación de las comisiones directivas a niveles departamentales y
provincial. A ello se agrega la designación de congresales. Para el caso local,
en Bahía Blanca se han presentado dos listas, una de las cuales propone
reelección del actual conductor local, Víctor Solomón. Con él dialogó EcoDias
para conocer más a fondo la actualidad del sector, así como también los
reclamos que a la fecha sostienen.
“Los mandatos nuestros duran tres años. En el caso de las Departamentales,
caducan el 30 de septiembre. Por lo que para octubre ya deben estar las nuevas
autoridades”, indicó Solomón.

La vida con dos patrones
“Los trabajadores judiciales decimos que tenemos dos patrones. Uno es la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires, de la que dependemos. Pero a su vez, el Poder
Judicial está ligado al gobernador, al poder político, en cuanto a los sueldos.
Ese es el gran problema, que sobre todo últimamente estamos teniendo”, abrió
Solomón. La referencia era, claro, al mandamás actual de la provincia de Buenos
Aires, el ex motonauta Daniel Scioli.
Más allá del escenario que se planteó en las últimas semanas a partir del
anuncio sciolista en torno al pago fragmentado del sueldo anual complementario,
los reclamos que elevan los trabajadores judiciales merecen una explicación
especial.
“En este momento, está en vigencia la
Ley 10374, o de Porcentualidad Salarial. Pero no se aplica en
su totalidad desde dictada la Ley
de Emergencia de la década del ’90. Para ilustrar mejor: un Ministro de la Suprema Corte cobra
el máximo. Sobre ese cien por ciento, hay determinados porcentajes, que van
desde el 50 al 20 por ciento en el caso de la última categoría y establecen cuánto
tiene que percibir un trabajador judicial. Como esta ley quedó suspendida en el
estado de emergencia, la proporcionalidad está totalmente desvirtuada. De allí
que esta lucha que nosotros llevamos a cabo hasta hace un mes atrás con más
setenta días de medidas de fuerza haya sido por la reinstalación de este
sistema de porcentualidad salarial”, detalló Solomón.
“Cuando comenzó el estado de emergencia, en los ’90, se hizo una demanda ante la Justicia. Y después de
veinte años, la Corte
nos dijo que tenemos la razón y el sistema se tiene que reinstalar”, narró.
Sin embargo, a pesar del éxito en los estrados judiciales, nada sería fácil. “Allí
comenzó de nuevo la historia de esta lucha. Porque cuando salió el fallo,
rápidamente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, convocó a los
dirigentes máximos de la
Asociación en la provincia para ver de qué manera se podía
reinstalar el sistema. Por supuesto que, por otro lado, el fallo fue apelado
por la provincia, a través de la fiscalía de Estado”, relató el dirigente
bahiense.
Más allá de la apelación a resolverse, el fallo estipulaba “que hay que
retrotraer los salarios a aquella época, por lo cual se ven beneficiados todos
los trabajadores judiciales de la provincia. No sólo los activos, sino también
aquellos compañeros jubilados que han estado en el Poder Judicial”.
“Allí comenzó la lucha. Porque el Ejecutivo creó una Comisión para evaluar el
modo en que se podría reinstalar este sistema. En el caso de la Asociación, nuestro
congreso provincial realizado en octubre en San Nicolás aprobó que un par de
compañeros se pusieran a estudiar esto, para elevar una propuesta al Ejecutivo”,
reseñó.
“Pero llegamos al cambio de autoridades, en diciembre. Y la Ministro que asumió en
Economía (NdR: se trata de Silvina Batakis) dijo que tendríamos que esperar.
Que no conocía cómo estaban los números. Y puso una fecha: el 7 de febrero de
este año. Esa era la fecha para volver a comenzar y ver de qué manera se podía
restablecer el sistema”, rememoró Solomón.
“La realidad es que esas comisiones avanzaron pero no dieron ningún tipo de
solución. Porque se fueron dando los aumentos a otros trabajadores de la
provincia de Buenos Aires. Y nosotros vamos quedando para lo último. Se dio un
porcentaje (de aumento), que es más o menos el establecido para todos”, añadió.
La propuesta fue rechazada por el gremio debido a que “aún estábamos en
conversaciones. Nosotros decíamos que no queríamos un porcentaje sino el
restablecimiento de la
Ley. Entonces, el gobernador lo sacó por decreto. Y dio un 26
por ciento a las categorías más bajas (3 mil pesos), un 24 a las intermedias y un 21 a los Ministros de la Corte (70 u 80 mil pesos)”. Cabe
consignar que en estos tampoco muestra afán redistributivo el gobernador
bonaerense: mientras la categoría más baja cobra unos tres mil pesos como
salario, un Ministro de la Corte
puede alcanzar los 70 u 80 mil. Y sólo cinco puntos porcentuales separan el
índice de aumento que el mandamás previó para uno y otro grupo.
“Acá se provoca el desfasaje. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque siguen los
Ministros yéndose con el salario. Y planteábamos que, en aquel momento, con la
misma masa salarial, podría haber establecido nuevamente el sistema de
porcentualidad, incluso gradualmente”, objetó Solomón.
“En algún momento, respecto del sueldo de los Ministros llegamos a estar cinco
a uno. Hoy estamos 25 o 30 a
uno”, ilustró.

La amplitud de jurisdicción, ese eterno
problema
 “La distancia que tenemos desde
Gonzales Chaves a Carmen de Patagones es similar a la que hay desde Bahía
Blanca a La Plata”,
abre Solomón al ser consultado acerca de las problemáticas que caracterizan al
Departamento Judicial con cabecera en Bahía Blanca.
Por ello, “una cuestión que venimos charlando con todo Ministro de Justicia con
que tenemos la oportunidad de conversar es el de la reforma del mapa judicial.
¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se ubican: el Departamento de Azul está a
150 kilómetros
de González Chaves. Y de Bahía Blanca está a 240”.
“Cuando recorremos (la
Departamental), siempre nos plantean la problemática que
tienen. Nosotros tenemos un dicho que dice ‘el país termina en la General Paz, y la
provincia en la Avenida
44’”,
añade.
Parte de lo que ven en las visitas a los Juzgados de Paz de los distritos que
conforman el Departamento se relaciona al modo en que surgen y se solucionan, o
no, los problemas. “Se manejan económicamente con una pequeña caja. Y cuando
surgen problemas como el arreglo de un calefactor o de una computadora.
Entonces son los propios compañeros que, cuando conocen, ayudan a repararlos. Y
cuando se pide la partida al funcionario de turno de la Corte, la respuesta es ‘pero
doctora, usted está en Carmen de Patagones’. Pero Patagones pertenece a la
provincia de Buenos Aires”, enfatizó el dirigente bahiense.
“También parece que no tienen mucha idea de las distancias. Porque en la Asesoría Pericial
hay un solo médico para toda la extensión del Departamento. Entonces, cuando se
produce un fallecimiento en Tres Arroyos, se le haría imposible al médico
asistir a Carmen de Patagones en caso de ocurrir algo allí”, ejemplificó.
Como anécdota relató que a veces “piden un informe pericial a las 12, 30 horas.
Y lo quieren ya para las 14. Es imposible. ¿Cómo llegar a Suárez, y hacer un
informe para enviar, en ese tiempo? No tienen idea de la extensión que tenemos”.