La nueva crisis económica mundial del capitalismo que tiene como ejes el aumento del precio del petróleo y el déficit en la producción alimentaria, cobra sus primeras víctimas en territorio europeo entre los trabajadores inmigrantes. En España la fuerte recesión en la construcción, ha provocado que miles de obreros perdieran sus fuentes de trabajo. Posiblemente más de la mitad de ellos son de origen inmigrante, ecuatorianos, bolivianos y de países del este europeo. También en las tareas agrícolas y en servicios hay muchos despidos y las perspectivas indican que esta situación puede durar al menos dos o tres años. Durante los últimos transcurridos, el flujo migratorio representó un ingreso económico significativo al sistema de la Seguridad Social, debilitado por la creciente desproporción entre la clase activa la pasiva. Los aportes permitieron consolidar las diversas prestaciones médicas y asistenciales para todos los ciudadanos. Pero la llegada de los tiempos de “vacas flacas”, alientan un giro en las normas que regulaban la inmigración, permisos de trabajo, reagrupamiento familiar, etc.

La izquierda resiste
Los nuevos gobiernos conservadores de Francia e Italia (Sarkozy y Berlusconi), han desbloqueado las discusiones que desde hace tres años se mantenían en el Parlamento Europeo y todo indica que la nueva directiva endurecerá las condiciones de la inmigración extracomunitaria en Europa. Se estima que en el continente hay unos ocho millones de inmigrantes en situación de ilegalidad en cuanto a la posesión de permisos de estadía y de trabajo. Uno de los indicadores es que los ministros de trabajo europeos aprobaron hace unos días llevar a 180 días el plazo por el cual pueden mantener detenidos a inmigrantes ilegales solo por esa condición. En España, ese período tiene actualmente un máximo de 40 días. Organismos de derechos humanos y movimientos sociales rechazan esta intención europea y afirman que implica “criminalizar” lo que hasta ahora era una simple falta administrativa. El bloque parlamentario de los partidos conservadores europeos muestra unidad en apoyo de endurecer todas las medidas de control de la inmigración. Los “euroliberales” también se inclinan por apoyar esta posición. Se oponen los parlamentarios socialistas, verdes y otras minorías de izquierda.

“Volver…”
El gobierno español intenta adelantarse a la grave situación que provocaría que cientos de miles de inmigrantes desocupados, queden varados y sin recursos económicos en su territorio. Por eso prepara una medida extraordinaria que consistirá en ofrecer incentivos para que aquellos que lo deseen puedan retornar a sus países de origen cuando queden en paro. Para ello les ofrecería cobrar todo el importe del seguro de paro, que según el tiempo trabajado y la categoría de cotización puede oscilar entre cuatro y diez mil euros. Con esa ayuda podrían regresar e intentar establecerse nuevamente en su tierra.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info