Se agota la paciencia

La Jornada Nacional de Movilización Social y Sindical convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile no tuvo el alcance que preveían sus convocantes, pero puso en evidencia el hartazgo de una gran parte de la sociedad chilena que sigue esperando profundas mejoras y una distribución equitativa de la riqueza.
El bombardeo de cifras macroeconómicas que se lanzan periódicamente desde el Palacio de la Moneda, se ha convertido en un boomerang. La bonanza de los números sólo encuentra comprensión y sonrisas de satisfacción en un sector minoritario ligado a la producción, al comercio y a determinados servicios. Pero para la mayoría de la población esos avances no se reflejan en sus salarios que pierden su carrera frente a los precios de artículos de primera necesidad. Por eso, cuanto más les recuerdan «lo que bien que están», más se encrespa el descontento.
Casi 700 detenidos, y más de un centenar de heridos fue el saldo de una jornada de protestas durante la cual las formas de la represión repitieron imágenes de los métodos violentos y desproporcionados que utilizaban los carabineros durante la dictadura pinochetista. La cifra de detenidos, la mayoría de los cuales recobró la libertad a las pocas horas, revela que la policía tenía instrucciones para desarticular la protesta y evitar su extensión y crecimiento. El operativo con tempranas detenciones de dirigentes, apuntaba a descabezar a las columnas de manifestantes.
La convocatoria de la CUT se hacía bajo el lema «a conquistar un estado social, democrático y solidario». Pero el ministro del Interior en su balance de los hechos afirmó: «Fue una movilización atípica porque no vi una razón clara para manifestarse y tampoco vi un apoyo masivo ciudadano». Esta apreciación oficial parece equivocada o al menos ingenua si se tiene en cuenta que el día anterior expresaban su apoyo a la convocatoria los jefes de las bancadas parlamentarias de partidos que integran la Concertación en el gobierno, incluido el Partido Socialista al que pertenece la presidenta Michelle Bachelet.
La Central de Trabajadores chilena convocó la movilización para protestar contra el alza de precios, los bajos salarios y la política económica de Bachelet que califican de «neoliberal». También subyace en la protesta, la exigencia de que se cambie el sistema electoral, que muchos consideran falto de representatividad y la causa principal de que la mitad de los electores no concurra a votar cuando son llamados a las urnas. Cada vez hay más gente que no cree en la solución de los principales problemas del país a través de los mecanismos políticos, al menos dentro de las reglas actuales.

Reivindicación profunda de cambio
Es peligroso que el gobierno y las direcciones políticas desoigan estos reclamos que vienen sintiéndose desde hace mucho tiempo como un rumor subterráneo pero con esporádicas explosiones en la superficie social. Mal asunto sería que el ministro del Interior minimizara estas reivindicaciones. O que la presidenta Bachelet se limitara a condenar la violencia sin asumir que hay un legítimo y creciente descontento por la falta de medidas sociales efectivas. Peor aún, que el «tic» defensivo del gobierno ante las convocatorias, fuera deslegitimarlas a priori, y emplear una fuerza represiva impropia de la situación democrática que pregona.
Y esta no es una calificación exagerada: las escenas en las calles difundidas por televisión demuestran que los carabineros actuaron de una manera violenta e indiscriminada. El senador socialista Alejandro Navarro sufrió heridas al ser golpeado por un oficial de policía cuando intentaba mediar para que se permitiera el desarrollo pacífico de la protesta. Entre los heridos y lesionados por la policía también figura el Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita, y varios periodistas y reporteros gráficos.
La movilización tuvo su epicentro en Santiago de Chile, pero también hubo réplicas en Valparaíso, Concepción o Rancagua y en la provincia de Arauco. En la capital, las protestas se extendieron por la noche a los cordones periféricos, con barricadas, fogatas y cortes de suministro eléctrico, como ocurría en las jornadas de resistencia contra la dictadura.
El secretario general del Partido Socialista, Marcelo Schilling, descartó que el apoyo dado por su organización política a la movilización haya sido un error político, por tratarse de un partido que forma parte del gobierno. «Creo que no, porque detrás de la manifestación hay una reivindicación profunda de cambio, de participación, de integración, de justicia y de igualdad, que son los valores del Partido Socialista, y yo lo siento mucho pero eso es lo que vamos a defender siempre, les guste o no les guste a quien sea», añadió. «Este es un partido que tiene mas de 70 años de historia y está ligado a la lucha de los trabajadores, no solo al ejercicio del poder. Y la constante ha sido el apego a la lucha de los trabajadores, y es muy difícil para un partido desnaturalizarse».

¿Sabrán escuchar?
La movilización de la CUT sumó el apoyo de diversos sindicatos de trabajadores, pero también de otras organizaciones como el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, la Confederación de la Pequeña y Mediana Industria, o la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. El dr. Juan Luis Castro, presidente del Colegio Médico de Chile, acompañó la marcha de protesta por las calles de Santiago. Y en ese momento fue muy preciso cuando lo interrogó el corresponsal de la BBC sobre su presencia: «En Chile no hay acceso igualitario a la salud. Hay que esperar días, semanas o meses para una atención médica y tenemos un importante déficit de especialistas. Esos son problemas reales que no han sido abordados».
A su lado, Jorge Pávez, presidente del Colegio de Profesores, añadía: «No ha cambiado la matriz de la dictadura que entiende la educación como un privilegio para quienes puedan pagarla». Las señales son claras. El descontento no es coyuntural, es producto de la acumulación de frustraciones, esperas y desencuentros. Una parte importante de la sociedad chilena considera insuficientes los pasos que se dieron en todos estos años. Demasiados vestigios de la dictadura están en pie, además de la omnipresente impunidad con la que abandonó este mundo Pinochet y la que cobija a tantos responsables de torturas, secuestros, crímenes y desapariciones.
Y lacerantes son las desigualdades sociales y económicas que prevalecen como una herencia perversa a pesar del supuesto cambio de signo de los gobiernos que sucedieron a Pinochet. Los sectores más lúcidos de las fuerzas políticas comprometidas con el gobierno, los más consecuentes con las ideas originarias de justicia social, tienen una oportunidad de romper con las formas de continuidad que hasta ahora siguieron los gobiernos de la Concertación.
Al menos, eso es lo que espera una parte importante de la sociedad chilena.