La denuncia pública del magistrado español Carlos Castresana al presentar su dimisión como responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, provocó el cese del fiscal general Conrado Arnulfo Reyes. Fue la Corte de Constitucionalidad el organismo que decidió anular el proceso de postulación de la nómina de seis candidatos, y por tanto invalidar la elección de Reyes para el cargo.
Castresana, al presentar su renuncia, había señalado a Reyes como una persona vinculada con la corrupción que padece el país. Dio a entender que en las dos semanas durante las cuales estuvo en funciones, el fiscal había paralizado o dificultado procesos de investigación contra el crimen organizado.
El presidente Álvaro Colom se mostró satisfecho por la resolución de la Corte, algo desconcertante si se tiene en cuenta que fue el presidente de la república quien escogió a Reyes de la lista de seis nominados que le presentaron los miembros de la comisión integrada por representantes de las universidades, de la Corte Suprema de Justicia y del Colegio de Abogados. Colom argumentó que “si hubiera conocido antes los términos de la denuncia presentada por Castresana, no lo hubiera elegido.”
Esta ceremonia de confusiones se completa ahora con la posibilidad de que sea la misma comisión nominadora, la que deba elaborar la propuesta de otros seis nombres. Esto crea una situación absurda o ridícula, como quiera calificarse, ya que tras haber incluido a Reyes, son los componentes de la comisión quienes tendrían que ser reemplazados para evitar otra propuesta incorrecta. Tres representantes de diversas universidades han comunicado que se retiran voluntariamente, pero otros han pedido ampliación de la resolución por la cual la Corte invalidó el proceso que permitió que Conrado Reyes accediera a la Fiscalía General de Guatemala.
Castresana también afirmó en su momento que las propias estructuras del estado, organismos de seguridad y otras instituciones tienen elementos que responden al crimen organizado. Todo parece indicar que el magistrado español tiene razón. Eso plantea un difícil horizonte para la democracia y hasta para la propia viabilidad de Guatemala como nación soberana.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info