Leopoldo Luis Núñez, oficial retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense, iba a ser beneficiado con la excarcelación pese a que se encuentra acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Bahía Blanca. Sin embargo, los jueces a cargo de las causas optaron por denegar esa medida.
La búsqueda de Verdad y Justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, ha tenido, desde hace algunos años a la actualidad, avances más que importantes. Las condenas que se han aplicado en distintas partes del país a militares represores son prueba de ello. El trabajo que se viene realizando en Bahía Blanca para dar a conocer y llevar al banquillo de los acusados a genocidas que cometieron crímenes por estas tierras, también es ejemplo de que ciertas posturas se han modificado.
Sin embargo, existen decisiones y actitudes que dejan ver que la impunidad no se extingue en lo que respecta a los responsables del Terrorismo de Estado que sufrió Argentina a partir de 1976. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal había tomado la decisión nuevamente- de liberar a un represor. Se trata de Leopoldo Luis Núñez, oficial retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense quien, a falta de una, se encuentra imputado en dos causas. Una de ellas es la que investiga lo ocurrido en el ámbito del V Cuerpo de Ejército y la otra es la llamada causa Armada Argentina.
No se va a escapar…
Frente al voto positivo de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, doctores Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola, que entendían que no existía ningún tipo de riesgo procesal al dejar libre al represor Núñez, el también miembro de esa instancia judicial doctor Eugenio Krom votó en disidencia proponiendo mantener su estado de encarcelamiento.
Al conocer esta situación EcoDias mantuvo un diálogo sobre el tema con el fiscal Abel Córdoba, a cargo de
Para el Ministerio Público, continuaba Abel Córdoba, puede haber riesgo de fuga y también se deja en una mayor situación de vulnerabilidad a los testigos que están sabiendo que estas personas están libres, y los pueden encontrar en cualquier ámbito de la sociedad. Los testigos y víctimas, que van a tener que ir a declarar y tienen que convivir con esta gente.
Señalaba el fiscal que casos iguales son los de García Moreno y Méndez. A los tres casos los consideramos graves y por eso hemos recurrido a instancias de Casación, pero lo cierto es que la jurisprudencia tanto de Casación como de tribunales orales es permisiva en cuanto a esto.
No va a salir…
Horas más tarde se conoció que desde el Juzgado Federal nº 1 de Bahía Blanca se denegó esa medida, lo que significa que Leopoldo Luis Núñez continuará bajo el régimen de prisión preventiva.
Mientras tanto no se escucha desde la prensa reaccionaria el lamento de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, pese a que se trata de represores y torturadores que participaron de un plan sistemático de desaparición de personas.
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Análisis genéticos
Otras noticias que surgieron respecto a la causa fueron las que señalan la ampliación de procesamiento de Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Andrés Reynaldo Miraglia y el primer procesamiento de Raúl Oscar Otero. Este último es considerado coautor de privaciones ilegales de la libertad agravadas por violencias y amenazas, y haberse prolongado por más de un mes; tormentos; homicidios agravados por alevosía y concursos de dos o más personas; y sustracción de menores en el caso de dos niños nacidos en cautiverio.
Con semejantes antecedentes y acusaciones, los tres represores, imputados en la causa Ejército, se encuentran en libertad. Otra bofetada del independiente poder judicial local.
Por otro lado, se sigue trabajando en lo que compete a hijos e hijas de desaparecidos que aún no han sido restituidos a sus familias de origen.
A raíz de versiones periodísticas sobre el caso de Pablo Cuchán, preso por el asesinato de una adolescente de Ingeniero White, el fiscal Córdoba planteó que existe una causa en la que se denuncia que Pablo Cuchán podría ser hijo de desaparecidos, a la vez que se denuncian algunas irregularidades en su adopción: A partir de eso, el juez Álvarez Canale pasa la causa de la secretaría común a la de Derechos Humanos y ahí interviene la fiscalía a mi cargo. Se dispone realizarse un allanamiento ya que él (Cuchán) se negó a hacer las pruebas genéticas entregando sangre o algún material. Apelamos la medida de allanamiento porque entendemos que está hecha al margen del procedimiento que marca el Banco Nacional de Datos Genéticos. A partir de ahí, el juez dispone no hacer lugar a la apelación y hoy está en
El expediente, señaló Córdoba, es que el que debe determinar si se trata de una adopción irregular, de una adopción ocurrida luego de una apropiación llevada a cabo dentro del plan sistemático de apropiación de menores o de otro tipo de irregularidad.
Siguiendo con el mismo tema, y consultado sobre la situación de otros hijos de desaparecidos de Bahía Blanca -en el caso de
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