Las autoridades policiales detuvieron a cuatro personas por su presunta vinculación con el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano ocurrido el pasado 19 de febrero. Al parecer los detenidos, tres hombres y una mujer, estarían relacionados con el tráfico de drogas y fueron apresados en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador.
Tras este múltiple crimen fueron apresados como presuntos autores cuatro policías, uno de ellos nada menos que el jefe de la División Criminal del organismo de seguridad. Pocos días más tarde un grupo comando ingresó a la prisión de alta seguridad donde se hallaban recluidos y los ejecutó en una clara operación “silencio”, evitando que pudieran hablar ante cualquier instancia judicial. A partir de entonces, circularon múltiples versiones que vincularon estos hechos con el narcotráfico y el crimen, pero también con su infiltración o convivencia con determinados niveles del propio estado.
Lo cierto es que a pesar de la gravedad de estos hechos, el presidente Oscar Berger rechazó la renuncia que le presentó el ministro del Interior, Carlos Vielmann, señalado por la oposición como responsable de la impunidad en las operaciones de los escuadrones de la muerte que operan dentro de la policía guatemalteca.
Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos guatemaltecas, entre las que se encuentran el Centro de Investigaciones Internacionales en Derechos Humanos, el Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación, entre otras, han hecho pública una declaración ante los hechos que evidencian las estructuras ilegales dentro del sistema de seguridad en Guatemala. En su comunicado, las organizaciones firmantes declaran: «No es ningún secreto el funcionamiento de aparatos clandestinos de seguridad que operan directamente vinculados al sistema de seguridad en Guatemala fortalecidos ante la falta de depuración en la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.”

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info