Medio millar de víctimas participaron en Colombia de una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Hombres y mujeres humildes -la mayoría de ellos campesinos- relataron sus vicisitudes. El miedo era evidente en sus rostros y en sus voces. Sus relatos eran a veces murmullos que narraban ataques a sus comunidades, muertes, secuestros, desapariciones, destrucción de sus cultivos o desplazamientos forzosos. Llegaron a Valledupar, capital del César, desde diversos sitios de la Costa del Caribe.
Campesinas con timidez y dolor contaron violaciones sexuales y agresiones padecidas. En muchos de estos episodios, se denunciaba que sus agresores eran miembros de los grupos paramilitares de ultraderecha que actúan en la región. Durante casi ocho horas se sucedieron relatos de diversas experiencias que emocionaron a todos los presentes. El temor de quienes exponían era proporcional a la crueldad de las agresiones sufridas o de los tormentos padecidos. Estas 500 personas coincidieron en denunciar que se sentían abandonadas por el estado colombiano, y recordaron que en realidad son la expresión de más de tres millones de colombianos y colombianas que han perdido a miles de familiares, y casi siete millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas de modo violento. El gobernador Cristian Moreno, no dudó en señalar las responsabilidades del gobierno. Precisamente, su antecesor, Hernando Molina Araujo, está preso por vínculos con los paramilitares en esa región.
Escuchaban en silencio congresistas, funcionarios y miembros de organismos internacionales. Las víctimas continúan esperando reparación y justicia. Mientras tanto, el miedo sigue condicionando sus vidas.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info