Como si de un principio físico se tratara, los cambios sociales también generan una fuerza en sentido contrario al rumbo que se pretende. Y en Bolivia, esa resistencia a la transformación que votó la mayoría del pueblo boliviano se ha desbocado en los últimos días en brotes de violencia alentados por la oposición derechista.
La Asamblea Constituyente que tiene el mandato popular de reformar la constitución, ha sufrido durante meses un bloqueo sistemático de la representación de los partidos de oposición. Han trabado de tal manera el consenso, que durante ese tiempo no fue aprobado ni un solo artículo.
En Sucre, sede de la Constituyente, desde hace meses la oposición revivió el antiguo reclamo por la capitalidad del país para esta ciudad. Esta condición la perdió a fines del siglo XIX, cuando La Paz quedó con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y Sucre con la Corte Suprema y otros organismos judiciales.
Los asambleístas decidieron apartar de su temario esta espinosa cuestión, para no agravar aún más las desavenencias, y derivarlo a una comisión especial. Justamente esta actitud tan razonable, fue la excusa para que arreciaran las protestas contra la Asamblea, que finalmente pudo reanudar sus actividades en dependencias de un liceo militar y bajo protección del Ejército. Los representantes de los partidos de oposición, resolvieron no asistir. Silvia Lazarte, una indígena que preside la Constituyente dispuso continuar adelante con una mayoría de asambleístas (138 sobre un total de 255), que finalmente aprobaron “en general” el nuevo texto. Ahora corresponderá votar en particular la nueva Constitución.

El caos se apodera de Sucre
Pero al conocer que la Asamblea había continuado sus deliberaciones, los grupos de oposición se manifestaron con gran violencia, atacando y saqueando cuatro dependencias policiales, el cuartel de bomberos, donde incendiaron más de 10 vehículos, y otros locales. Incluso intentaron acercarse al liceo militar donde estaban los constituyentes, la mayoría de ellos pertenecientes al MAS, Movimiento al Socialismo, la fuerza política de Evo Morales.
El caos se extendió por Sucre, y la vieja ciudad colonial quedó convertida en un campo de batalla. Horas más tarde se producía el primer muerto, un abogado de 29 años. Eso encendió aún más los ánimos, porque los manifestantes responsabilizaron a la policía. En incidentes posteriores fue secuestrado y linchado un miembro de ese cuerpo de seguridad, de 19 años. El comandante de la fuerza ordenó entonces el repliegue de todos los efectivos. La ciudad quedó en manos de los revoltosos. El saldo final fue de cuatro muertos, numerosos heridos, destrozos materiales importantes y 102 presos comunes fugados de la prisión de Sucre. La filial local de Radio Erbol, ligada a la Iglesia Católica y próxima a los movimientos sociales, debió suspender sus emisiones ante el ataque de los manifestantes.
Pocas horas después, la autopsia de Gustavo Durán, la primera víctima, determinó que había sido alcanzado por una bala calibre 22, munición que no utilizan ni el ejército ni la policía. El ministerio de gobierno denunciaba la acción de activistas de Santa Cruz de la Sierra, la región más rica de Bolivia, donde sus dirigentes agitan desde hace tiempo la intención de tener autonomía o de segregarse del resto del país.
Ante la gravedad de los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana, el presidente Evo Morales habló al país y lamentó los incidentes y el saldo de víctimas en Sucre. Dijo que las protestas en esa ciudad fueron impulsadas “por grupos oligárquicos y neoliberales que no quieren cambios”. Afirmó que en ningún momento el gobierno dio orden de utilizar las armas contra los manifestantes. “No somos la cultura de la muerte, somos la cultura de la Vida”. Defendió la reforma y la necesidad imperiosa de “refundar la nación boliviana”.

La nueva Constitución
Pero a todo esto, ¿qué contiene la propuesta de Constitución Política del Estado aprobada por una mayoría de los asambleístas en Sucre?
En los temas fundamentales, podemos hacer esta síntesis:
FF. AA., Policía y Estado. Es unitario, plurinacional, comunitario, libre e independiente. Garantiza la autodeterminación de los pueblos indígenas. Bolivia se convierte en Estado laico y se garantiza la libertad de culto. Competencias y estructura de la Policía y las FFAA se mantienen igual a la actual Constitución.
Educación. Es unitaria, fiscal, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Se respeta el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos. Es gratuita hasta el nivel superior.
Poder Ejecutivo. El periodo del mandato del Presidente (a) es de cinco años, pudiendo ser reelecto consecutivamente. El mandato presidencial podrá ser revocado. Será elegido Presidente el postulante que logre el 50% más uno de los votos o el 40% con una diferencia del 10% del segundo. Si esto no sucede, se llevará a cabo una segunda vuelta electoral.
Poder Legislativo. La Asamblea Legislativa Plurinacional estará constituida por una sola cámara, compuesta por 157 asambleístas. No gozan de inmunidad y tampoco tendrán representantes suplentes. Además se plantea la desaparición de la actual Cámara de Senadores, que tiene 27 miembros.
Autonomías. Se establecen cuatro tipos de autonomías: la departamental, la municipal, la regional y la indígena originaria campesina. Esta última tiene el mismo rango constitucional que el resto de los gobiernos autónomos. Esta propuesta se contrapone a los planteamientos de las regiones donde ganó el Sí por las autonomías.
Salud. El Estado protegerá el derecho a la salud y el sistema comprende la medicina tradicional. Los servicios de salud deben ser prestados de forma ininterrumpida y de manera gratuita.

Lo que vendrá
Bolivia entró en un tiempo de definiciones. El odio que encendía a los manifestantes en Sucre no puede justificarse en la pretensión de una capitalidad que la ciudad perdió a fines del siglo diecinueve. La violencia se desbordó, no casualmente, cuando se supo de la decisión de una mayoría de los constituyentes en cumplir -como fuera- el mandato popular de «refundar la nación» a través de una nueva Constitución.
Durante meses los sectores que rechazan cualquier tipo de cambio boicotearon la Asamblea al punto de no encontrar coincidencias en ningún artículo, en ningún punto. Y así continuaban hasta casi agotar el plazo vigente: el 14 de diciembre tiene que haber un proyecto aprobado.
Difíciles tiempos les aguardan a quienes impulsan los cambios. Estas revueltas violentas y los movimientos que se observan entre las castas dirigentes en Santa Cruz, Tarija, Beni, presagian que apuestan a polarizar. Y a esa jugada de la burguesía tradicional, se suma irresponsablemente aquella izquierda que cree que «cuanto peor, mejor», y en lugar de consolidar y organizar a las fuerzas populares, prefieren compartir la foto con las bandas de la ultraderecha.
No se pueden ignorar los errores cometidos desde el gobierno o la ingenuidad con la que a veces pretende resolver cuestiones que arrastran una antigua confrontación de intereses, racismo, discriminación… Pero estamos hablando de un proceso inédito, complejo, forjado por años de lucha, en el que además por sus propias características hay una falta de experiencia, de cuadros con formación como para afrontar las difíciles encrucijadas.
Al momento de redactar esta crónica, Evo Morales se ha sumado como uno más a la marcha que campesinos, indígenas y sindicalistas realizan hacia La Paz para reafirmar su voluntad de transformar Bolivia en un país más justo, inclusivo, democrático y donde los recursos y las riquezas sean administrados en beneficio de su pueblo. Ese es su origen, ese es su presente y en los hechos reafirma que ése es su destino. No van solos. Vamos con ellos.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info