“Establécese que el certificado de discapacidad previsto por la Ley Nº 22.431 y su modificatoria será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional”. Así arranca textualmente el decreto nacional 38/04 que otorga a personas con discapacidad el derecho a poder viajar de manera gratuita en colectivos de corta, media y larga distancia. Esto quiere decir que si una persona presenta su certificado de discapacidad en las ventanillas de cualquier empresa de la terminal de ómnibus y solicita un pasaje, le debe ser entregado sin ningún tipo de costo: no hay negativa posible por parte de la empresa.
Sin embargo, parece que en Bahía Blanca hay empresas que no cumplen con este decreto. Al menos es lo que se desprende de los reclamos efectuados por discapacitados que se reunieron en la Oficina Municipal de Información al Consumidor junto a su titular, dr. Diego Aldacour, para buscar una solución al conflicto.

Argumentos graves
En las dos reuniones que se realizaron hasta ahora estuvieron presentes distintas entidades como la Comisión de Discapacitados del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Integral Humanista del Discapacitado y Discapacitados Autoconvocados, entre otras. Su preocupación tiene que ver con la negativa por parte de algunas empresas de micros de larga distancia a entregarles los pasajes gratuitos. Según Aldacour, los fundamentos de las empresas escapan a la ley poniendo así trabas para suministrar la cantidad menor posible de pasajes o directamente no suministrarlos. Por otro lado, existen empresas cuyos argumentos son graves y preocupantes como por ejemplo los de aquellas que prefieren pagar una multa antes que entregar un pasaje: “Los argumentos son terribles porque se ha tratado de demonizar de alguna manera el tema de los discapacitados teniendo frases irrepetibles con respecto a ellos”.
Volviendo al decreto 38/04, lo único que exige al discapacitado es reservar el boleto con 48 horas de antelación. De esta manera, la empresa tendrá la posibilidad de vender esos pasajes a cualquier persona en caso de que ningún discapacitado los haya requerido. Pero también se presentan dificultades en este punto porque, según se informó, existen firmas que exigen solicitar el pasaje de ida en Bahía Blanca y el de vuelta en el destino correspondiente con lo cual el discapacitado, una vez en destino, tendrá que esperar otras 48 horas. Esta maniobra hace que en algunos casos, de acuerdo a la premura, el discapacitado se vea obligado a pagar un boleto de vuelta.
Según Aldacour estas conductas no sólo perjudican a los discapacitados sino también a las empresas que cumplen con la ley: “Si yo pago un pasaje y la empresa no me brinda el servicio o lo hace de manera deficiente, me voy a otra empresa. Los discapacitados hacen lo mismo, con lo cual las empresas que cumplían se ven cumpliendo exorbitantemente esta condición y terminan no haciéndolo o viéndose perjudicadas”.

Elevar el reclamo
La descripción de estas actitudes discriminatorias llevó a que en las reuniones se decidiera realizar una presentación común entre las asociaciones y la OMIC ante las autoridades de aplicación que son la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y su similar de la provincia de Buenos Aires: “Esto va a ser elevado al Ministerio que corresponde y en segunda instancia haremos un seguimiento. Llegado el caso se puede plantear un recurso de amparo. Hay que ver en base a como se vayan dando las cosas como vamos a ir encarando la pelea”.
Según datos de la comisión que contempla todo lo que tiene que ver con transporte nacional, el 90% de las quejas son por este problema. Incluso, agrega Aldacour, hay empresas que otorgan pasajes a discapacitados pero para colectivos de servicios de menor calidad cuando, debido a la incomodidad que genera la propia discapacidad, debiera ser a la inversa, en micros con lugares cómodos y con la menor duración de viaje posible.

Sanción o no sanción
Las multas para las empresas que no cumplen tienen un máximo de 750 pesos. En las reuniones en la OMIC los discapacitados plantearon la necesidad de aumentar la sanción. En este punto, Aldacour no está de acuerdo y les explicó que la solución tiene que venir de la mano de un cambio de actitud por parte de las empresas, algo que, según dijo, los discapacitados entendieron: “El agravamiento de las penas no es un mecanismo disuasorio por sí mismo. Lo que es disuasorio en estos casos es un seguimiento de todos los casos y la aplicación de las multas indefectible en los casos de incumplimiento. Yo pretendo no llegar a esa instancia, pretendo que se arribe a una conducta distinta donde la empresa entienda que esto es un derecho, donde no se atente contra la dignidad de los discapacitados que se ven obligados casi a mendigar los pasajes cuando es un derecho que tiene una raigambre legal”.
Por último y refiriéndose a la manera de lograr un cambio de conducta, Aldacour señaló que la sola sumatoria de las voluntades interesadas ya es una gran avance: “El cambio es una apropiación de los derechos, por ahí pasa para mí la cuestión de los logros: apropiarse de los derechos y hacer una lucha que siga hasta que se cumpla”.