Mientras los prefectos opositores realizaban en Pando y Beni consultas ilegales e inconstitucionales para decidir su autonomía, el presidente Evo Morales dio otra vuelta de tuerca en el proceso de recuperar el control de recursos y servicios estratégicos para Bolivia. Ante el fracaso de un acuerdo para la transferencia de acciones, el presidente promulgó un decreto que establece la nacionalización de Transredes, la empresa transportadora de hidrocarburos, cuyos principales accionistas son las firmas Ashmore y Shell. Evo Morales dijo que esta medida forma parte “de la lucha del pueblo boliviano para recuperar los recursos naturales”. Añadió que dispone de información de que desde la cúpula empresaria de esta empresa se conspiraba contra su gobierno y la democracia. Con anterioridad, el gobierno ya había hecho lo mismo con Andina (del Grupo Repsol), Chaco S.A. propiedad de Pan American Energy y con la Compañía Logística de Hidrocarburos. En una de las primeras medidas, el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez anunció cambios en las vicepresidencias y gerencias, con reajustes de sueldos. “Tengan por seguro -anunció- que ningún ejecutivo percibirá más de 20 o 30 mil dólares”.