La doctora Mirta Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Familiares de las Víctimas de la represión militar en Bahía Blanca, estuvo en la ciudad y habló de las causas y de la necesidad de desarrollar acciones rápidas para llegar a los juicios orales.

Es sabido que desde hace un tiempo se vienen llevando a cabo las acciones judiciales correspondientes para condenar a los responsables del genocidio ejecutado en nuestro país con el golpe cívico-militar de 1976. Pero también es sabido que el camino hacia esa justicia ha tenido y tiene acumulación de trabas y obstáculos que hasta llevan a pensar que ese camino se puede tornar interminable.
Es por esa razón que quienes trabajan para condenar a los culpables están intentando agilizar los ritmos para llegar a los ansiados juicios contra los represores.
Así también lo dio a entender la doctora Mirta Mántaras, abogada de la APDH y de Familiares de las víctimas de la represión ilegal, quien en su paso por Bahía Blanca, en conferencia de prensa dio ejemplos de lo dicho: “Hay tribunales como Salta donde el juez está en Jujuy porque todos se excusan, porque son amigos de los reos y entonces no queda juez que pueda juzgar. Así muchos casos por falta de jueces ya sea en tribunales orales o en las cámaras, hay mucha detención de los expedientes. En el caso de Buenos Aires donde están las megacausas, el problema que tenemos es que han ido todas a un solo tribunal que es el Tribunal Oral Nº 5. En ese tribunal están haciendo colas los casos”.
Por esta razón, dijo la abogada, se ha producido una especie de toma de conciencia de que hay que implementar medidas por parte de los tres poderes: “Está pensado implementar una manera de que en todos los lugares pudiera haber jueces instalados con rapidez y abiertos los tribunales a una mayor cantidad de juzgados porque no hay otra forma de resolver el tema. Esto es bastante importante para nosotros. Estuve en la Corte en una conferencia y es allí donde pude conocer que ya se toma esta cuestión de la demora de los juicios como una cuestión verdaderamente urgente”.
Refiriéndonos a la situación en Bahía, el fiscal Hugo Cañón ha presentado recursos por la demora de la justicia: “Lo que ha pedido el fiscal Cañón se ha concretado porque han empezado a salir sentencias, a apurar los procesamientos, les está apurando la elevación a juicio. El juicio de Bahía Blanca tiene que ser oral y es adonde vamos ahora con la elevación a juicio. En este camino, como ya sabemos, puede pasar cualquier cosa. Los propios jueces que sean los jueces del tribunal oral pueden no actuar con rapidez o complicarse las cuestiones. Por eso Cañón está detrás de esta celeridad”.

 Asociación Ilícita
Informábamos en nuestra edición anterior que dentro del procesamiento de Jorge Mansueto Swendsen se le imputa a éste el hecho de ser integrante de una asociación ilícita, calificación que Mántaras toma como indispensable para cuando se llegue a juicio oral: “La persona tiene que ser indagada por el delito que se le atribuye, este es el caso que tenemos con la asociación ilícita pero esto no quiere decir que la Cámara lo acepte o no lo acepte, aunque aceptó en unos casos y en otros considera que no corresponde. Pero nos permite tener cumplimentados los pasos procesales para poder llegar al juicio oral con esa figura que se está aplicando mucho en todo el país. Consiste en que las fuerzas armadas fueron copadas por este grupo que implementó el plan criminal. El plan venía de los comandantes de las fuerzas pero la implementación ha venido a través de determinados resortes de aplicación que estaban ligados por una voluntad común de aplicar el plan. Y como el plan era criminal, aplicarlo mediante la comisión de delito”.
 
Por otro lado, Mántaras rescató la posibilidad existente de que los familiares de las víctimas del genocidio puedan ser parte querellante en los juicios: “No es una cosa instantánea, nosotros tenemos que la conformación del tribunal oral tendría que ser diferente porque hay incompatibilidad desde algunos jueces y de otros que aparentemente pareciera que están en instancias de jubilación. Pero aquellos que han estado durante muchos años en Bahía Blanca en condición de víctimas, cuando llegan a ser parte querellante, pasan de la condición de víctima sufriente a la de participe de un proceso en donde dicen ‘yo acuso’, cambia el rol”.

Martínez Loydi
Días antes de la presencia de Mántaras en Bahía, se producía en Necochea la captura de Francisco Manuel Martínez Lloydi, en el marco de la causa 04/07 “Investigación de Delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)”.
Pero, ¿de quién se habla cuando se menciona a este capturado? A fines de septiembre de 2007 EcoDias publicaba una nota del periodista Diego Martínez en la que queda bastante en claro la respuesta a la pregunta. Martínez Lloydi es un nombre que suena fuerte también al mencionarse el caso del secuestro y asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores del diario La Nueva Provincia, diario que como se sabe le dedicó en aquel momento apenas un recuadro de veinte líneas al macabro crimen de sus trabajadores.

“De corazón, ni idea”

Según su memoria anual de 1976, a partir del golpe de Estado grupos de “12 a 15 hombres” de Prefectura actuaron “en acciones contra guerrillas” en el sur bonaerense, en coordinación con la Fuerza de Tareas 2 del Comando de Operaciones Navales, con sede en la base naval de Puerto Belgrano. Pese a las abundantes evidencias de su participación en secuestros de personas que continúan desaparecidas, como el de Héctor Rubén Sampini en Ingeniero White, a tres décadas de los hechos la justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó a la Armada ni a la Prefectura.
 El jefe del servicio de inteligencia que durante 1975 ordenó realizar informes sobre estudiantes, dirigentes gremiales y sacerdotes tercermundistas a las delegaciones de todo el país fue el prefecto mayor Rodolfo Alfonso Manzi. Quien como jefe de la delegación bahiense recibía sus pedidos era el prefecto mayor Julio Benjamín Baeza. A cargo de la sección informaciones que investigó y redactó el borrador sugiriendo ralear La Nueva Provincia de obreros molestos estaba el subprefecto Bernardino Miguel Nieto. Pero para marzo de 1976, cuando finalmente se elevó el informe, Baeza había sido reemplazado por el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, y Nieto por el subprefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, quien volvió a ocupar el cargo en 1980, cuando a falta de militancia la “comunidad de inteligencia” se dedicó a perseguir y amedrentar a los familiares de detenidos-desaparecidos que exigían justicia.
 Ex combatiente de Malvinas, ex dirigente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y actual regente de la Escuela de formación y capacitación para el personal de la Marina Mercante de Prefectura Quequén, el bahiense “Pancho” Martínez Loydi se mostró sorprendido ante la consulta de este cronista.
 – ¿Recuerda los asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola?
– A la pistola… No recuerdo los nombres, sí los homicidios.
– Fue un caso atípico para ese año: los secuestraron y fusilaron pero no difundieron ningún comunicado haciéndolo pasar por tiroteo.
– (silencio)
– ¿Recuerda el informe sobre la guerrilla sindical infiltrada en La Nueva Provincia?
– Te soy franco, no recuerdo.
– ¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?
– Pudo haber sido la SIPBA.
– ¿Qué entiende usted por “personal a ser raleado” de una empresa?
– Supongo que movido, sacado. ¿Por qué?
– Un informe firmado por su sección aconsejó ralearlos, tres meses antes de matarlos.
– No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial. No podíamos nosotros.
– ¿Y qué fuerza sí podía?
– Te soy franco, no sé. Mentiría si dijera algo. De corazón, ni idea.

Nota completa en www.ecodias.com.ar/notas/vernota.asp?NN=4352

Más represores ante el juez
A la captura y posterior declaración de Martínez Lloydi se sumaron nuevas noticias en cuanto a lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad. Se entregó Eduardo Fracassi, vicealmirante, quien fuera comandante de Infantería de Marina durante el año ‘76.
Fracassi se entregó en el Juzgado Federal Nº 1 ante el juez Eduardo Tentoni -recordamos que recusaron tanto al juez Álvarez Canale como su similar Dardanelli Alsina.
Los cargos que se le imputan a Fracassi son privación ilegal de la libertad y tormento de varias víctimas. Se trata de personas detenidas clandestinamente en el buque ARA 9 de Julio, que luego fueron trasladadas al Batallón de Comunicaciones 181 para ser derivadas finalmente en la Unidad nº 4. Todo esto en el marco de la causa 04/07 “Investigación de Delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)”.
Por otra parte, se supo de la detención de otro ex militar. Se trata de Félix Ovidio Cornelli, prefecto de Zona de Prefectura en la Zona del Atlántico, quien a la vez fuera jefe del ya detenido Martínez Lloydi.
Y a la de Cornelli se suma la detención de Guillermo Botto que ejercía el cargo de jefe de la Divisón de Contrainteligencia en el Comando de Operaciones Navales. Tanto a Cornelli como a Botto se les imputan los mismos cargos que a Fracassi dentro de la misma causa, y la acusación de asociación ilícita.
Por último, vale decir que tras la declaración de Martínez Loydi, luego de que se le exhibiera la prueba, se esperaba al cierre de esta edición que se les tomara declaración a los otros tres detenidos.