La situación de los inmigrantes extracomunitarios en Europa se complica cada día que pasa. España, el país que más latinoamericanos ha recibido en los últimos ocho años, ha entrado en una etapa de turbulencia económica, réplica local de la crisis mundial capitalista. Las primeras grietas se convirtieron en derrumbe al anunciarse que el grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa entraba en suspensión de pagos con una deuda de 5.201 millones de euros, lo que supone la quiebra más importante de la historia española moderna. Esa caída, arrastra a gran cantidad de empresas contratistas en las que trabajan fundamentalmente inmigrantes. Miles de ellos han pasado al paro en los últimos tres o cuatro meses, y las perspectivas indican que el ejército de desocupados no hará más que crecer al menos durante uno o dos años. Estas circunstancias favorecen el endurecimiento de las medidas restrictivas hacia los que los europeos consideran “ilegales”, que en realidad son casi 8 millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular, sin papeles. Los tiempos de bonanza cesaron casi bruscamente, y las primeras víctimas sociales de la crisis, son los eslabones más débiles: en este caso los inmigrantes. Muchos de ellos analizan seriamente la posibilidad de retorno a sus países de origen, antes de que la sobrevivencia se torne mucho más difícil.