También Ecuador, con un gobierno que está en la Alianza Bolivariana, padece los problemas que genera el avance de la minería extractiva en el continente. Pobladores de una treintena de comunidades del Cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar han reanudado sus movilizaciones para oponerse a la explotación de la empresa Curimining S.A., que busca yacimientos de oro, plata y otros minerales.

Fuerzas policiales desalojaron a unos 200 comuneros que ocuparon durante cuatro días instalaciones de la empresa, que es subsidiaria de Salazar Resources, una firma minera que tiene oficinas en Vancouver, Canadá, pero cuyo gerente y principal propietario es Freddy Salazar, un ex funcionario del Ministerio ecuatoriano de Minas y Petróleos.
Hace ya dos años, las comunidades habían logrado paralizar los trabajos de la Curimining argumentando razones legales, ambientales y sociales expuestas ante el gobierno. Pero Freddy Salazar tiene influencias e importantes alianzas corporativas y financieras estratégicas y tiene la concesión inicial en varias provincias. En el área que incluye el cantón Las Naves, posee más de setenta mil hectáreas. Los pobladores realizaron acciones para evitar que continuaran los trabajos de exploración, pues afirman que resultarán contaminadas sus tierras y fuentes hídricas.
Antes de la llegada de unos 130 policías reforzados por gendarmes, los colonos consiguieron retirar maquinarias y herramientas de la minera. Siete pobladores fueron detenidos y enjuiciados por ingresar ilegalmente a la propiedad y dañar sus bienes, entre ellos un gran taladro para la perforación del suelo.

Continuarán su resistencia
Las comunidades llevan mucho tiempo en su resistencia a la minería extractiva, y no parece que vayan a resignarse a pesar de la presencia policial. Han solicitado entrevistarse con el gobernador de la provincia de Bolívar, pero el funcionario no sólo se ha negado a conversar, sino que amenazó a los dirigentes de las comunidades. Precisamente, esa respuesta oficial es la que determinó que la población iniciara marchas y protestas para presionar a las autoridades al diálogo y a una solución por vías democráticas.
Las comunidades han denunciado que son hostigados por la policía que allanó varias viviendas. Algunos dirigentes se han escondido en las montañas por temor a ser capturados. El campamento de la empresa minera está protegido por decenas de policías armados y guardias privados de la Curimining.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE respalda a las organizaciones sociales y campesinas de la región afectada. Estas, por su parte, denuncian que el gobierno ecuatoriano está criminalizando la protesta y el activismo social persiguiendo a los dirigentes que están luchando “por sus vidas y la de la madre tierra”. Exigen la inmediata libertad de los detenidos, la suspensión de la extracción minera y el cese de las persecuciones a los comuneros.-

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info