A estas horas nadie duda del
golpe de Estado parlamentario que sufrió Fernando Lugo, «el presidente de
los paraguayos» que con la confianza del pueblo sólo pudo lograr pequeños
avances ya que quedó enmarañado por las alianzas y los tejidos que hizo con las
fuerzas de derecha para llegar al Palacio de Solano López.
La caricatura «legal» del Congreso más corrupto de América Latina
para disfrazar el quiebre institucional no resistió a la presión internacional.
Los disfraces se cayeron a pedazo apenas asumió el vicepresidente liberal
Federico Franco.
Los partidos políticos paraguayos se volvieron a vaciar, retrocedieron,
cedieron ante el poderoso entramado de los terratenientes y gerentes de las
multinacionales del Agro. Es decir, Monsanto, Singenta y Cargill. Pero los
políticos cedieron espacio público en beneficio de los sectores porque los
senadores y diputados paraguayos no son dirigentes ni estadistas con
convicciones ideológicas; son lobistas, socios, y pertenecen al 2% de la
población propietario del 85% de las tierras paraguayas, algo así como 50
millones de hectáreas.
Claro, el ex obispo de San Pedro, llegó al Palacio bastante comprometido, sin
estructura política, con el respaldo de uno de los partidos tradicionales como
el Partido Liberal Radical Auténtico, (PLRA), que no solamente tuvo que darle
la vicepresidencia sino varios ministerios y que como buena organización paraguaya
es de derecha y tiene poco apego a la democracia. Basta recorrer su historia.
Nacen con las legiones paraguayas que pelearon a favor de las tropas brasileñas
en la guerra de la
Triple Alianza y participaron en todos los golpes, y en uno
de ellos, también fue víctima. Las traiciones y el formato de factoría no de
país aún llevan en las insignias los dirigentes encumbrados del maravilloso
país mediterráneo del sur de nuestro continente.
Con este panorama, el gobierno de Lugo no podía ser otra cosa que la expresión
de la debilidad ante las clases opresoras de la sociedad, que nunca lo
consideraron Presidente y apenas lo nombraban como «el obispo rojo».
Pero Lugo tampoco pudo aprovechar el respaldo popular, nunca confío en las
movilizaciones de los sectores que nunca lo iban a dejar solo, y lo mostraron
en la fatídica tarde del viernes negro, cuando la sátira del juicio político
sometido en pocos días terminó en su cantada destitución. No pudo, no quiso, no
se animó; lo cierto que miles de jóvenes y campesinos esperaban en la plaza
señales de liderazgo de un Lugo que se iba del Palacio, tranquilo con dos
valijas en un automóvil a su casa del barrio Lambaré. El golpe había sido
ensayado más de 100 veces en estos tres años de gobierno de la Alianza que no cumplió en
llevar adelante la urgente reforma agraria que necesita Paraguay.
Esos jóvenes, esos campesinos, que sortearon todos los obstáculos y requisas
que le interpusieron en las rutas para llegar a la plaza para fundirse con
quienes todas las mañana bajan de la villa más grande de Paraguay, La Chacarita. Esa
multitud estaba dispuesta a todo por defender a la democracia. Pero también los
francotiradores que estaban apostados alrededor de la plaza, y que habían
tomado posición días antes, estaban dispuestos a provocar una masacre. Paraguay
siempre fue dulcemente violenta. (Parafraseando a Julio Cortázar).
Cómo, -entonces-, no recordar el golpe en Honduras. Cómo no pensar que algo
está pasando, que hay una nueva receta para quebrantar las voluntades
populares, para evitar que los pueblos de América Latina levanten cabeza; y que
sigan siendo verdaderas factorías de los imperios. Y aquí, hay un llamado de
atención, y los dirigentes tienen que estar alerta para advertir estas nuevas
formas que utilizan cualquier traspié interno para encender la chispa golpista
y propagarla por la región. Los ensayos de Hondura terminaron en Paraguay. Hay
que apagar cualquier chispa para que no llegue el fuego al corazón del Unasur.
Qué casualidad, que el imperio deposite sus garras en Paraguay donde
precisamente meses antes los ministros de defensa de los países de América
Latina coincidieron en sus hipótesis defensivas. Qué casualidad que este golpe
se produzca tras fracasar la propaganda para frenar la candidatura de Hugo
Chávez en Venezuela, tras fracasar el lock out patronal disfrazado de reclamo
de los trabajadores en Argentina, encabezado nada más ni nada menos que por el
titular de la CGT,
y el amotinamiento de los policías en Bolivia.

La masacre de Curuguaty
En Curuguaty, al este de la Región Oriental del Paraguay, a 200 km de Asunción, capital
del Paraguay, se halla la estancia Morumbí, de unas 70 mil hectáreas, del
terrateniente y dirigente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Este conspícuo
político de extracción conservadora tuvo relevancia durante la dictadura de
Alfredo Stroessner, (1954-1989), donde además de asesorar al dictador logró
amasar una inmensa fortuna. También fue aliado al general Andrés Rodríguez,
-yerno de Stroessner-, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al
mismísimo suegro. Riquelme, fue presidente del Partido Colorado por muchos años
y senador de la República,
propietario además de varios supermercados y establecimientos ganaderos. Pero,
no satisfecho con eso, su empresa Campos Morumbí S.A. quiso expandirse tomando
tierras estatales bajo el artilugio de la figura de la usucapión:
El caso se trata de 1748
hectáreas que fueron donadas por la firma La Industrial Paraguaya
al Estado Paraguayo en compensación de obligaciones que tenía esa empresa latifundista
con el estado. Esa donación fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo,
entonces a cargo del dictador Alfredo Stroessner en 1967. En el año 2004, el
gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos, declaró de interés social a esas
tierras y las transfirió en forma gratuita al INDERT (Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de Tierras) para que sean destinadas a una eventual reforma
agraria.
El INDERT inicia una mensura judicial para determinar los límites, linderos y
superficie exacta del inmueble. En ese mismo año, la empresa de Riquelme,
inició una demanda judicial en el juzgado de Curuguaty, solicitando la
usucapión de dichas tierras, alegando que la venía usando desde hace más de 20
años en forma continuada. El juzgado, sin realizar ninguna diligencia como
pedir informes al Registro de la propiedad, al INDERT, a la Procuraduría o al
Poder Ejecutivo sobre el estado legal de dichas tierras, en el año 2005, con
una celeridad sin precedentes, dicta sentencia otorgando dichas tierras a
Campos Morumbí S.A.; entonces, el Procurador General de la República, en 2005,
interpuso una acción autónoma de nulidad en el juicio contra dicha sentencia,
fundamentando que las tierras pertenecen al estado paraguayo y que se ha
dictado sentencia sin que se le de participación ni notificación del juicio al
estado paraguayo. La sentencia ordenaba la inscripción preventiva del inmueble
a nombre de Campos Morumbí S.A. en la Dirección General
de los Registros Públicos. La acción de defensa del estado paraguayo es
rechazada por el juzgado de Curuguaty y dicha resolución es apelada ante la Cámara de Apelaciones. Pero
el INDERT, quedó impedido para hacer los trabajos de mensura y amojonamiento
del inmueble.
En la Cámara
de Apelaciones, la
Procuraduría General consigue que, aunque el juicio no sea
anulado, la inscripción preventiva a nombre de Campos Morumbí S.A. sea
levantada y anulada en los Registros Públicos en el 2010, quedando de nuevo el
inmueble a nombre de La
Industrial Paraguaya S.A, empresa que había donado el
inmueble al estado paraguayo pero que por alguna razón no se había puesto el
inmueble a nombre del estado en los Registros Públicos.
Por otra parte, el campo era tramitado por una comisión vecinal de campesinos
sin tierra de Curuguaty y ante los reveses judiciales, decidió ocupar las
tierras y sus integrantes comenzaron a levantar sus viviendas y cultivar.
Entonces, Campos Morumbí S.A. promovió una acción judicial en Curuguaty para
conseguir el desalojo de dichas familias, presentando al inmueble como si fuera
suyo, pero el inmueble estaba en litigio aún. Sin embargo, la fiscalía y el
juzgado de Curuguaty, sin verificar el propietario real del inmueble y el
estado legal del mismo, dictó una orden judicial que ordenaba allanar el
inmueble para requisar a los ocupantes, pero esa orden judicial se usó como una
orden de desalojo.
En ese contexto, la policía preparó un operativo de desalojo con 300 efectivos,
dirigidos por el Grupo Especial de Operaciones (GEO), una unidad de élite de la
policía especializada en estos operativos. Y el día «D» llegó: El 15
de junio, a las 7:30 ingresó la policía. Se adelantó un grupo de efectivos al
mando de sus jefes y es recibido por un grupo de campesinos de la ocupación
para dialogar y negociar. Entablaron un diálogo. Los campesinos estaban armados
con escopetas, foizas y machetes, pero la conversación seguía tranquila hasta
que un jefe del operativo provocó, y ordenó a un campesino que le entregue su
foiza. Al negarse, el jefe policial trató de desarmarlo y se generó una lucha
cuerpo a cuerpo, en una acción absolutamente temeraria, imprudente y de
impericia profesional. En ese momento, uno de los dirigentes campesinos
presentes disparó al jefe policial Erven Lovera, jefe del GEO, y hermano del
teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo, y se
inició un tiroteo feroz donde murieron 6 efectivos policiales, dos de ellos
altos jefes policiales y 9 campesinos, al que se agregaron otros campesinos
cuyos cuerpos fueron encontrados en el monte donde se escaparon. En total murieron
6 policías y 11 campesinos, y 50 heridos.

(…)
De la Triple Alianza
a los brasiguayos
El golpe a Lugo hirió a América Latina de una forma que pareciera poner a
la historia arriba de la mesa hoy. A tal punto que desde aquella guerra
vergonzosa donde el imperio británico unió a tres países hermanos para que se
encarguen de matar al hermano menor, pero más honroso; Brasil y Argentina no
tuvieron una oportunidad tan clara como la que presenta Paraguay para reparar
lo sucedido en el Siglo XIX.
Sólo el compromiso regional y las presiones que pueden hacer los grandes de
América Latina podrán colaborar con el pueblo paraguayo que a su manera
defiende la democracia y se enfrenta al yugo histórico, y resiste a las
imposiciones de una «selecta minoría local» y al imperio foráneo.
Miles de jóvenes, miles de campesinos, encabezan las marchas y las
movilizaciones del pueblo que ganaron las calles contra quienes desde adentro
de un Congreso totalmente deslegitimado, golpearon al país. Esos legisladores
deberían ir a juicio político por poner en riesgo al país en el concierto
mundial.
Este pueblo paraguayo que espera que Brasil no ceda a las presiones de los
sojeros denominados brasiguayos, -hacendados de origen brasileño que cultivan
más del 43% del área sojera paraguaya-, y cierre la frontera comercial para que
entiendan que, como ellos tienen libertad para cultivar en suelo paraguayo el
problema institucional del Paraguay es problema también de Brasil.
Este pueblo paraguayo que espera que la Comunidad Internacional
admita lo que es vox populis, que las mafias paraguayas: Terratenientes
cultivadores ilegales de marihuana y los personeros del agronegocio han
derrocado a un presidente que fue votado por los paraguayos.

Texto completo en www.eldiariodecarlospaz.com