Los gobernadores de la llamada “media luna boliviana” ya no disimulan que su verdadero objetivo es derribar el gobierno constitucional de Evo Morales, primer presidente de origen indígena que tiene el país. Ahora, tras celebrar en Tarija el cuarto referéndum autonómico ilegal, al margen de las normas y leyes vigentes y sin intervención alguna del Estado, los cuatro prefectos acordaron “desconocer” el referéndum revocatorio convocado para el próximo 10 de agosto por el presidente Evo Morales. Curiosamente, esta idea de convocar un revocatorio por el cual se sometieran a la voluntad popular el presidente y todos los prefectos fue de la oposición parlamentaria. Contra lo que pensaban, Evo Morales no solo la aceptó, sino que firmó la convocatoria a todos los bolivianos. Y desafió públicamente a los prefectos diciendo que él “no tenía miedo de someterse al pueblo”. Pero los gobernadores de las cuatro regiones más ricas de Bolivia por los recursos de hidrocarburos en el subsuelo, ahora se rectifican, y dicen que como sus territorios son “autónomos” no necesitan esa consulta. El gobierno quizás con una exagerada prudencia no intervino bloqueando los consultas ilegales convocadas unilateralmente por los prefectos de Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija, en este caso el domingo pasado. Esta decisión no hace más que aumentar la tensión política y social en el país. Por si hicieran falta más elementos urticantes en el conflicto, los gobernantes de las cuatro provincias decidieron crear por su cuenta un órgano propio que denominaron “Consejo Nacional de Defensa de la Democracia”, y cuya característica más evidente es que se aparta de las normas democráticas y constitucionales. Dieron este paso los prefectos apenas 24 horas después del referéndum autonómico en Tarija, que según sus propios cómputos dio una victoria amplia para el “SI”, aunque admiten una abstención superior al 30 por ciento, y más de un 15 por ciento de votos negativos. Pero posiblemente nunca se sabrán los resultados reales de las cuatro convocatorias, ya que no hubo veedores nacionales, ni custodia de urnas, ni representantes de otras opciones. Incluso la logística del proceso que normalmente corresponde a los organismos estatales, fue realizada en estos casos por empresas privadas contratadas por los prefectos, lo cual provoca serias dudas sobre las garantías de las consultas. El viceministro de Justicia Wilfredo Chávez afirmó que los prefectos de la “media luna” tienen miedo a perder el referéndum y en particular, a que el voto popular ratifique al frente del gobierno al presidente Evo Morales. Detrás del virtual motín de las cuatro regiones, está el prefecto Roberto Costas de Santa Cruz de la Sierra, y el dirigente del llamado Comité Cívico, el acaudalado terrateniente de origen croata Branco Marincovick. Y detrás de ellos, todos los políticos opositores desplazados por la victoria electoral del Movimiento al Socialismo, y por supuesto, los representantes de las grandes empresas nacionalizadas. El gobierno, también ha señalado como parte de la conjura opositora al consulado de los Estados Unidos que tiene una larga historia de ingerencias en la vida política de Bolivia.