La denominada “Minga de los Pueblos”, coordinadora de más de un centenar de cabildos indígenas de la región del Cauca, decidió en asamblea regresar a sus tierras tras una marcha de más de 100 Km. hasta Cali, donde esperaban reunirse con el presidente Álvaro Uribe para reivindicar sus derechos, reclamar sus tierras y pedir el cese de agresiones de policiales y militares contra sus comunidades. La marcha había movilizado entre 30 y 40 mil personas.
La “Minga” proviene de los incas que así denominaban una forma de actuar comunitaria. Eran esfuerzos colectivos para un propósito común que no requería ningún tipo de contrato laboral ni pagos. Definen la “minga” como un compromiso colectivo por la vida, solidario. Y eso fue precisamente esta gigantesca marcha que muchos realizaron de a pie y con sus familias. El pasado fin de semana habían llegado a Cali, donde esperaron varias horas la presencia del presidente Uribe. Finalmente, tras una deliberación, decidieron iniciar el regreso. Cuando ya casi no quedaba gente en el espacio municipal, apareció Uribe acompañado por guardaespaldas y funcionarios. Desde un paso elevado intentó dirigirse a las escasas personas presentes en lo que fue denunciado como un “montaje”.

“Si quiere, que venga”
Ahora, la “Minga de los Pueblos” dice que si Uribe quiere escucharlos, lo esperan en La María Piendamó, precisamente uno de los territorios donde hace dos semanas fueron agredidos por fuerzas de seguridad. Los indígenas denuncian que hubo dos muertos, numerosos heridos y detenidos. Reclaman que fueron destruidos almacenes comunitarios y una posta sanitaria. También les robaron animales y diversos elementos. Daniel Piñacué, uno de los líderes de la marcha, dijo que esperan al presidente “para mostrarle la crueldad con la que nos tratan”. Según Darío Toté, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, si el presidente falla nuevamente, iniciarán una marcha masiva sobre Bogotá, la capital del país.
Los indígenas desean que el mandatario escuche sus denuncias de violaciones de derechos humanos, de la ocupación de sus territorios, exigen el cumplimiento de acuerdos sobre devolución de tierras a las comunidades, y rechazan el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Una larga resistencia
Al igual que otros países del área andina, como Bolivia, Perú o Ecuador, el hoy territorio de Colombia albergó en sus orígenes una importante población indígena estimada a la llegada de los españoles en unos diez millones. Actualmente, sobreviven poco más de un millón en condiciones lamentables. Desde la Conquista les fueron arrebatadas grandes extensiones de tierras. Conservan zonas en bosques húmedos tropicales, páramos, lagunas y faldas montañosas, tierras que en su mayoría no son cultivables. A diferencia de algunos de sus vecinos, Colombia se volvió un país de minorías étnicas. A pesar de esa precaria situación, sobreviven 82 grupos étnicos amerindios con sus propias lenguas, autoridades y sistemas normativos.
La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural, y establece derechos para las comunidades. Pero muchas veces lo que figura en los papeles no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad cotidiana. La comunidad U’wa -por ejemplo- tuvo que apelar a la amenaza de un suicidio colectivo para frenar el proyecto de exploración y explotación petrolera de una multinacional en Samoré, su tierra ancestral. El secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias afirma que desde que Uribe llegó al poder han sido asesinados en Colombia 1.253 indígenas y más de 50.000 han sido expulsados de sus tierras. Esta semana, en Madrid, Amnistía Internacional daba a conocer un documentado estudio donde afirma que la violencia en Colombia sigue impune y oculta por el gobierno.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info