Tras los graves incidentes ocurridos el pasado 5 de junio cuando el gobierno de Alan García lanzó a más de 600 efectivos policiales con apoyo de tanquetas y helicópteros para reprimir a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, el gobierno “suspendió” la vigencia de los cuestionados decretos por los cuales privatizaba más de dos tercios de esa región plena de recursos naturales.
Pero los casi 400.000 indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), mantuvieron su movilización, responsabilizaron de la violencia y del medio centenar de víctimas al gobierno y exigieron la derogación lisa y llana de los decretos 1.090 y 1.064, que abrían las puertas a las transnacionales extractivas. Además, una gran manifestación de apoyo de organizaciones y movimientos sociales, recorrió Lima en solidaridad con los indígenas y pidió la dimisión del gabinete ministerial.
Alan García, que ya tiene fallidas experiencias de gobierno en su haber, consideró prudente dar un paso atrás, y a través del cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió a enviar un proyecto al Congreso para derogar los decretos que regulan el manejo y explotación de los recursos forestales e hídricos. Eso, a pesar de que horas antes, había expresado que esas normas eran una consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, y por lo tanto “eran un paso legal irreversible”.
Paralelamente al anuncio de derogación, desde el gobierno se admitió que habrá una negociación en la que estarán representadas todas las comunidades indígenas, sin excepción. Daysi Zapata, de la ADISEP, expresó sus reservas y dijo que “antes de escuchar promesas, debemos ver realidades”. Y se preguntó a continuación: “¿tantas vidas tenían que perderse para que el gobierno se diera cuenta que las leyes estaban mal dadas? “.
Daysi reemplaza en la presidencia de la organización indígena amazónica a su líder Alberto Pizango, que se encuentra asilado en la embajada nicaragüense en Lima, después que el gobierno peruano ordenara su captura. Hay quienes piensan que el gobierno en realidad está “haciendo tiempo”, para facilitar que la situación se descomprima, y que los indígenas que llevaban casi dos meses en alerta y movilizados, vuelvan a sus regiones.
Las comunidades tienen muy claro lo que reclaman y también lo que supondría la entrada de las grandes empresas en la vasta región amazónica, con el consiguiente deterioro del medio natural, de los cursos de agua y de los recursos forestales. Y gran parte de la población parece estar dispuesta a respaldarlos, comprendiendo que defendiendo la amazonía, defienden los recursos y el patrimonio de todos los peruanos.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info