Entre la abstención de una mayoría de la población y la asistencia a las urnas de la otra parte, transcurrió la jornada electoral hondureña, considerada por los analistas como el objetivo fundamental del golpe consumado el pasado 28 de junio que significó el desplazamiento violento del presidente constitucional Manuel Zelaya. El plan de Roberto Micheletti era llegar a estas elecciones con el propósito de iniciar una nueva etapa que “borre” o permita olvidar la interrupción del proceso democrático.
Ese era el principal encargo que la oligarquía hondureña había confiado a este oscuro personaje, elegido por los tradicionales sectores de poder para que ejecutara el “trabajo sucio” de sacar del gobierno a un presidente que se alejaba cada día más de sus propios intereses. En verdad, Zelaya sólo tomó medidas cautas y mesuradas para reducir las desigualdades, como reconocer derechos laborales o elevar los salarios más bajos. Pero la deriva que llevaba su gobierno desde que decidió sumarse al ALBA, acuerdo continental que integran entre otros países Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, inquietó a los sectores de poder. Así se consumó el “golpe preventivo”, acusando falsamente a Zelaya de tener intenciones de perpetuarse en el poder. En realidad, no lo dejaron siquiera terminar su mandato, que vencería en enero próximo.

EE.UU. invoca un “realismo” que favorece a los golpistas
El gobierno norteamericano de Barack Obama ha sido una pieza clave para que el golpismo sobreviviera a las iniciales críticas y rechazos internacionales. El Departamento de Estado fue pasando de una condena al golpe a una estudiada ambigüedad, para terminar argumentando que “las elecciones pueden ser una salida”. Detrás suyo, se alinearon los gobiernos de Colombia, Perú y Méjico, que se mueven como en los viejos tiempos, al compás que marca Washington. Con estas decisiones, Obama se aleja cada vez más de sus retóricos anuncios sobre una “nueva era en las relaciones de EEUU con los países de América Latina”. Progresivamente y en los hechos, asume una forma de continuidad con la política exterior de su país.

No había opción
Parte del pueblo hondureño intentará que el movimiento de resistencia al golpe se transforme en una corriente política nueva. Está claro que liberales y nacionales en su expresión política actual, son defensores de que las cosas sigan como están. Para gran parte de la sociedad hondureña daba lo mismo que ganara Porfirio Lobo que Elvin Santos.
Según los resultados oficiales, venció el primero, que pertenece al Partido Nacional. Pero ambas opciones representaban una continuidad de los propósitos golpistas. Por eso no es solamente Zelaya el que rechaza este proceso electoral y cuestiona la legalidad de la etapa que se inicia. Amplios sectores sociales comparten la necesidad de cambios y por eso han asumido una bandera común: la convocatoria de una Asamblea Constituyente que modifique las normas heredadas de gobiernos autoritarios.
En cuanto a las cifras de participación, posiblemente nunca serán conocidas públicamente. Los únicos que lo saben son los golpistas. La torpeza ha sido tan notable, que mientras el gobierno de facto hablaba de más de un 60% de participación, su propio Tribunal Electoral mencionaba un 47%. Zelaya, el Movimiento de Resistencia al golpe y otros sectores sociales, estiman que más del 60% de los hondureños no fue el domingo a votar. Este panorama permite definir que por ahora los golpistas han conseguido cumplir su hoja de ruta, pero están muy lejos de poder garantizar estabilidad en el país, salvo que sigan utilizando los recursos de control social de los últimos cinco meses: represión, censura, detenciones arbitrarias y medidas coercitivas sobre la población civil.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info