El acuerdo alcanzado la semana anterior entre los negociadores del gobierno de facto y los representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya, establecía entre otros puntos la reposición en el cargo del mandatario expulsado del país por el golpe del pasado 28 de junio. Pero ese y otros puntos del acuerdo no quedaron convenientemente acotados en tiempo y forma de cumplimiento, lo que permitió a Roberto Micheletti continuar con su política de dilaciones y de “ganar tiempo”.
Tal como indicábamos en nuestro anterior “Mirador”, la visita de una delegación norteamericana encabezada por Thomas Shannon, subsecretario para Asuntos Hemisféricos, fue la puntada final para forzar un acuerdo. Oficialmente nada se sabe, pero extraoficialmente se afirma que la misión que representaba al gobierno de Barack Obama, presionó a “las partes” del conflicto.
Lo cierto es que golpistas y partidarios del presidente constitucional ya estaban desgastados por cuatro meses de tensión permanente, durante las cuales no cesó la protesta popular en las calles, ni la presión internacional (OEA y Naciones Unidas) y tampoco la represión del régimen que deja más de una docena de muertos y cientos de heridos y detenidos.

La validez de los comicios del 29
Pero en el fondo, el acuerdo alcanzado el 30 de octubre pasado, tiene para los golpistas el prometedor “premio” de que finalmente la comunidad internacional reconocería los resultados de los comicios convocados para el 29 de este mes. Y Zelaya habría aceptado esa posibilidad, a cambio de que previamente, sea repuesto en el cargo. Ni aunque su vuelta a la presidencia se concretara -algo que está por verse- no puede asegurarse la limpieza y transparencia de los comicios presidenciales.
Hasta hoy rige una situación de represión en las calles, limitación de las libertades democráticas y de prensa, con autocensura, control militar y emisoras y otros medios cerrados. ¿Puede considerarse que en ese marco puede desarrollarse una campaña electoral con libertad? Pero las cosas no son tan simples, porque los dos candidatos con posibilidades, y que representan a los partidos tradicionales, Liberal y Nacional, lo único que pretenden es precisamente que las elecciones se realicen, y que cualquiera que los dos que gane, sea reconocido por la comunidad internacional.
Este acuerdo “blanquearía” o legalizaría la victoria en las urnas de cualquiera de los dos candidatos y de hecho reconocería validez a la gestión de los golpistas. Zelaya, en el mejor de los casos, tendría un papel decorativo en lo que denominaron “gobierno de unidad nacional” o “de reconciliación” que nadie sabe como y cuando se formaría. Y en todo caso, en enero deberá entregar el gobierno al vencedor de los comicios del 29 de noviembre.

La Resistencia desconfía
El Frente Nacional contra el Golpe, celebró el acuerdo, pero no esconde su profunda desconfianza en lo que se pactó. El movimiento de rechazo al golpe, fue una construcción espontánea de la sociedad hondureña, en particular de los sectores populares, movimientos barriales, campesinos, y sindicales.
En cierto modo, estos cuatro meses de resistencia, permitieron forjar una organización que no existía y que posiblemente excede en sus reivindicaciones el mero apoyo a la legalidad presidencial de Manuel Zelaya. Ellos, por ejemplo, no resignan la exigencia de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que modifique la norma actual, surgida de dictaduras militares y fruto de la época de la Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos. Pasados varios días del acuerdo, nada parece definido. Hay muchas más preguntas que respuestas. Y gran parte del pueblo hondureño no parece dispuesto a aceptar “cualquier” solución que sea un simple maquillaje que perpetúe el control del país por un puñado de familias que se alternan en el poder, como ha venido sucediendo en las últimas décadas.
Al cierre de esta crónica para el “Mirador” ya estaba en Tegucigalpa “la comisión de verificación”, otra instancia internacional para tratar de que se cumpla el acuerdo. La encabeza Ricardo Lagos, ex presidente chileno y la secretaria de trabajo de los Estados Unidos, la hispana Hilda Solís.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info