Un nuevo hecho criminal se ha sumado a la cadena de graves delitos que se inició en febrero pasado con el secuestro y asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, y continuó con el ingreso de un comando a una prisión guatemalteca de alta seguridad donde fueron ejecutados cuatro policías que estaban detenidos como presuntos autores de la masacre.
Ahora dos asesores del jefe de la policía de Guatemala, que trabajan en las investigaciones de este último múltiple crimen, sufrieron un atentado del que lograron salir ilesos. Los investigadores policiales se desplazaban en un vehículo cuando fueron atacados a balazos. El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, no descartó que este atentado intentara “silenciar” a los investigadores en un operativo similar al ejecutado cuando fueron asesinados los cuatro policías acusados del crimen de los diputados y su chofer.

La impunidad protegida
Helen Mack, presidenta de Fundación Myrna Mack, galardonada en Madrid con el II Premio Rey de España de Derechos Humanos, ha señalado que la impunidad en Guatemala ha sido «protegida y generada» por el Estado y constituye uno de los obstáculos para la construcción democrática del país centroamericano. Añadió que en Guatemala «no se ha podido resolver el problema de la impunidad, de la justicia o de la seguridad», a pesar del discurso oficial.
La Fundación Myrna Mack, debe su nombre a la hermana de Helen, asesinada por militares de la guardia presidencial guatemalteca en 1990. Y España le concedió el premio por su «extraordinaria labor» en la lucha contra la impunidad política y la recuperación de los derechos humanos en Guatemala.
Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en sus siglas en inglés) la investigación del asesinato de los diputados y de la ejecución de los sospechosos de haber realizado el crimen, han desvelado que las estructuras clandestinas que están detrás de esos hechos, han operado también en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, mujeres y en ataques y agresiones contra defensores de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la agencia norteamericana, «La Cofradía», «El Sindicato», «El Estado Mayor Presidencial (EMP)», las «Patrullas de Autodefensa Civil» y la «Red Moreno y el Grupo Salvavidas», son los cinco grupos armados clandestinos que dominan el crimen organizado en Guatemala. La ONG estadounidense sostiene que estos grupos están dirigidos, en su mayoría, por militares activos y retirados, inciden en el gobierno y actúan desde algunas estructuras estatales. Durante el conflicto armado (1960-1996) fueron elementos claves en la lucha contrainsurgente y en la postguerra se dedicaron a narcotráfico, comercio de armas y otros ilícitos.
Según WOLA, estas organizaciones forman una «red secreta y amorfa conocida como poderes ocultos, que ejercieron influencia en el gobierno de Alfonso Portillo y continúan operando durante la administración de Oscar Berger». Señala que “sus actividades socavan el sistema judicial, valiéndose de sus conexiones políticas, la corrupción y la violencia”. En su investigación «Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala postconflicto y las fuerzas detrás de ellos», WOLA indica que estos grupos «perpetúan el clima de inseguridad y socavan el estado de derecho», por lo que demanda proceder a su desmantelamiento inmediato para rescatar las posibilidades democráticas en Guatemala.
Pero no hay indicios de que el gobierno guatemalteco esté dispuesto a realizar una limpieza profunda de esos organismos criminales producto de la impunidad.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info