Sectores de oposición, liderados por los fuertes grupos económicos industriales y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra, continúan utilizando vías violentas para desestabilizar al gobierno boliviano. Tras el abrumador respaldo de más del 67% del voto popular en el referéndum, Evo Morales exigió que se respete la legitimidad de su gobierno y convocó una vez más al diálogo. La respuesta ha sido un plan de cortes de las rutas del sureste del país, en particular afectando las que comunican con fronteras internacionales.
Los llamados “cívicos”, que incluyen grupos juveniles con instrucción paramilitar, amenazaron también con ocupar los campos de producción y plantas de bombeo de petróleo y gas y el cierre de válvulas. En previsión, el gobierno dispuso poner estos puntos estratégicos bajo custodia militar, y advirtió que los daños que puedan provocarse en instalaciones estatales, se descontará del presupuesto de la prefectura implicada. No todos los sectores de oposición apoyan estas medidas radicales, pero para la ejecución de estas acciones sólo se requieren grupos organizados aunque sea de pocas personas.
Por su parte, un plenario ampliado del Comité Intersocial por el Cambio que agrupa a diversas organizaciones y movimientos populares, pidió al gobierno de Evo Morales que convoque un referéndum para que se vote la nueva Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente y que sean todos los ciudadanos bolivianos quienes decidan que país quieren. Esta posibilidad alarmó a los opositores que ven que las vías democráticas deslegitiman sus protestas. Por eso reanudaron sus acciones desestabilizadoras.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info