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La herencia de la impunidad

En nuestro anterior mirador, habíamos señalado la incógnita que representaba el asesinato en Ciudad de Guatemala de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano. Aún reconociendo la gravedad del suceso, al momento de redactar aquella nota no imaginábamos las derivaciones que se producirían en los días siguientes. Indicábamos entonces que las primeras sospechas recaían sobre elementos de la propia policía nacional guatemalteca.
A las pocas horas se hacía pública la detención de cuatro policías de la División de Investigación Criminal de Guatemala, como responsables de la masacre. Uno de los detenidos, el propio jefe de la Sección contra el Crimen Organizado de esa unidad. A partir de entonces comenzaron las conjeturas sobre el móvil de los asesinatos. Las primeras pericias demostraron que antes de incendiar el vehículo, los policías habían destrozado la tapicería, como si hubieran buscado algo en su interior. El propio presidente Oscar Berger decía luego que los acusados de matar a los parlamentarios “esperaban un traslado de droga o de dinero, buscaban obtener un botín”, y que al no encontrarlo se enfurecieron y decidieron asesinarlos.

Ya no lo podrán contar
El domingo 25, un comando armado penetraba en la prisión de alta seguridad de El Boquerón, y asesinaba a los cuatro policías. Aunque inicialmente la información fue confusa y se hablaba de un supuesto motín, todos los indicios corroboran que fue un asesinato premeditado y cometido por un grupo que ingresó desde el exterior. A las 3 de la tarde las familias que visitaban a los presos fueron desalojadas argumentando una “requisa de rutina”. Pero hay testigos que afirman que varias personas armadas y con pasamontañas ingresaron al penal y momentos más tarde se escucharon disparos.
La abogada defensora de los policías asesinados indicó que 48 horas antes había presentado un recurso para que fueran trasladados a un lugar más seguro porque “temían por su vida”. Es más que evidente que se trató de una operación para silenciar definitivamente a los cuatro implicados, para que no revelaran quién les dio la orden de asesinar a los diputados y qué es lo que buscaban. Varias puertas de seguridad fueron abiertas sin violencia para llegar hasta donde estaban los policías. El personal del penal dijo “no haber sentido nada”. Los funcionarios hicieron declaraciones contradictorias.
Finalmente, el Juzgado Penal de jurisdicción ordenó la detención del alcalde y de otros 20 miembros del penal por la presunta colaboración con los asesinos. Se acumulan las evidencias de que las propias estructuras del estado están carcomidas por la corrupción y el crimen. Después de estos escándalos y sucesión de asesinatos en los que aparece implicada la policía y el personal de prisiones, el presidente Oscar Berger ratificó en sus cargos al ministro de gobernación y al director de la Policía Nacional. Como si nada hubiera pasado.

Conviviendo con la violencia
Estos acontecimientos revelan hasta que punto la población civil se encuentra indefensa. Ya no es la pobreza y falta de horizonte por la continuidad de políticas que marginan a gran parte de los ciudadanos, que provocan una migración incesante. Quienes se quedan deben convivir con la violencia de las bandas de asesinos, de los jóvenes retornados de los Estados Unidos que forman las “maras”, y que sólo conocen el mismo lenguaje de supervivencia; de los corruptos sin límite; de las tramas de narcotráfico y lavado de dinero; y de unos organismos “de seguridad” y de gobierno que están trufados por funcionarios implicados o que directamente forman parte de esas redes delictivas.
Cuando hipócritamente los propios gobernantes afirman que la sucesión de hechos ocurridos en la última semana son obra “del crimen organizado”, ocultan que las propias estructuras del poder político, judicial y económico están infectadas por esas mafias interrelacionadas.
No es casual que desde esas estructuras se haya protegido y amparado al general Efraín Ríos Montt, que en dos años de dictadura en los años 80 sembró de muerte las aldeas campesinas e indígenas y disparó la estadística de asesinados y desaparecidos de la larga guerra sucia de los generales y los terratenientes contra su pueblo.
La propia “justicia” guatemalteca consolidó la impunidad de tan siniestro personaje, que hoy -a sus 80 años- sigue incidiendo en la política de su partido y de su país. Es el mismo militar cruel y despótico que ante un numeroso grupo de civiles indígenas proclamó en 1982: “Si están con nosotros, les alimentaremos; sino, los mataremos”. Esta es parte de la herencia de la impunidad que hoy se reparten los que gobiernan, en disputa con las tramas mafiosas, los narcotraficantes y los lavadores de dinero negro.
No solamente en Guatemala. Algo similar ocurre en El Salvador, Honduras y otros países de la región centroamericana. Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, afirma que “tras los Acuerdos de Paz la Comisión de la Verdad recomendó la investigación, el desmantelamiento y el enjuiciamiento de los escuadrones de la muerte. Se nos advirtió que estos grupos degenerarían en estructuras del crimen organizado… Pero no se prestó atención, la violencia criminal del pasado se encubrió con una amnistía y la consecuencia de ello es que la impunidad ya está en la propia casa de los que la promovieron.”
Algunos datos corroboran estas afirmaciones: en la Policía Nacional Civil Guatemalteca, en realidad son los militares los que dan las órdenes. El director de la PNC, Edwin Sperisen, que llegó al cargo en junio del 2005, incorporó a unos 30 militares; algunos de ellos ocupan cargos claves en la institución de seguridad. Esto trasgrede abiertamente los Acuerdos de Paz, que en su artículo 23 señalan inequívocamente que la seguridad civil deberá ser dirigida por personal ajeno al ejército.
Los años de lucha, de grandes sacrificios de los sectores populares, no han conseguido todavía mejorar sustancialmente las condiciones sociales y políticas de Guatemala. Y todo esto ocurre a las puertas de un nuevo proceso político, donde se registra la novedad de la candidatura presidencial de Rigoberto Menchú. Pero será difícil que con este entorno, el pueblo guatemalteco logre romper la telaraña de complicidades e impunidades heredada de tantos años de dictaduras, represión, influencias militares, corrupción, autoritarismo y marginación de amplios sectores sociales.
La única esperanza es una definitiva toma de conciencia del sufrido pueblo guatemalteco, que desde la dictadura de Castillo Armas en 1954, viene sufriendo casi sin alivios, una sucesión de gobiernos despóticos, representantes de intereses económicos y sociales absolutamente minoritarios.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info

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2007-03-02 00:00:00
Etiquetas: Internacionales.
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