La situación en Bolivia se hace más compleja y delicada cada día que pasa. Es muy posible que cuando los lectores de EcoDias lean esta crónica, haya que sumar nuevos y graves acontecimientos. La derecha política, en una medida tan insensata como desesperada, parece haber descartado completamente cualquier procedimiento democrático para ejercer la oposición al gobierno, un gobierno popular, el de Evo Morales, que acaba de ser ratificado con más del 67% de los votos de los bolivianos.
La violencia en diversas formas es la herramienta de la oposición derechista, y el método, desconocer la existencia del estado boliviano. Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, los departamentos de la llamada “media luna” y que poseen las principales riquezas hidrocarburíferas, ejecutan un plan que consiste en bloquear y paralizar las carreteras y con ello producir el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Así llevan casi dos semanas.
El gobierno ha exhortado reiteradamente a dialogar y a deponer actitudes que perjudican a cientos de miles de ciudadanos. Pero la respuesta ha sido redoblar la violencia. El último anuncio de los “cívicos” y “autonomistas” ha sido que están dispuestos a tomar por la fuerza los puestos fronterizos con Brasil. Para ello cuentan con las “uniones juveniles”, réplicas de las bandas paramilitares ultraderechistas de Santa Cruz, poco numerosas, pero muy violentas y bien organizadas.

El pueblo pide respuesta
Organizaciones sociales y populares insisten en reclamar del gobierno que tome las medidas legales que le otorga la constitución para defender a los ciudadanos que son diariamente atacados por los grupos de choque organizados y pagados por algunos prefectos y sus aliados, terratenientes y grandes empresarios. El documentalista argentino Nelson Vilca fue secuestrado y torturado por elementos de la llamada “Unión Juvenil Cruceñista” en la localidad de San Ignacio. El periodista ha investigado sobre diversos temas de racismo contra los kollas bolivianos, tanto en las situaciones de esclavismo que padecen en trabajos en Argentina, como las agresiones que sufren en los departamentos orientales de Bolivia. Partidarios de Evo Morales fueron apaleados y humillados por estas bandas en el centro de Santa Cruz, el feudo del prefecto Rubén Costas.
A raíz de los últimos acontecimientos, los movimientos sociales exigen también que el gobierno movilice fuerzas de seguridad para proteger y controlar los edificios y bienes públicos, amenazados por los grupos de oposición que tienen la influencia de los prefectos opositores.

La gente se organiza
El gobierno muestra una paciencia que comienza a inquietar a sus propios partidarios. Esas muestras de intranquilidad quedan reflejadas en los anuncios de algunos sectores populares en distintas partes del país. Los campesinos de Tarija, por ejemplo, anunciaron que si los prefectos no deponen sus bloqueos, ellos tomarán sus bienes. Luis Alfaro, uno de sus dirigentes, dijo que en los dos últimos años, “aparecieron con residencias de dos millones de dólares, por eso queremos recuperar la plata del Impuesto Directo de los Hidrocarburos. Tenemos en la mira tomar propiedades de varias autoridades, entre ellas la del prefecto del departamento Mario Cossío y de otros que robaron a la región”.
Además, trabajadores y sectores sociales del occidente del país, afiliados a la Central Obrera Boliviana, anunciaron que se levantarán en contra de los cívicos y autoridades de la “media luna”. Uno de sus dirigentes, Ramiro Condori, dijo que “Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí estamos siendo muy tolerantes, pero cuidado que el león dormido se levante. Vamos a saber cómo defender este proceso y defender a nuestros compañeros en Santa Cruz que ha progresado con el sudor de los kollas”. Ante la evolución de los acontecimientos, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó el envío de refuerzos policiales a los «focos de conflicto» para intervenir los bloqueos y evitar la posible toma de las plantas de hidrocarburos de YPFB y el corte de suministro de la exportación de gas a la Argentina. El ministro dijo que «la Policía actuará, en adelante, con firmeza en el marco de la ley para desarticular el movimiento de los autónomos».
Horas difíciles aguardan a Bolivia. Fracasada para ellos la vía electoral, la derecha y los sectores que se niegan a perder sus privilegios, están dispuestos a utilizar la violencia y el terror. No sería la primera vez. Todos tenemos el recuerdo del Chile bajo el terror pinochetista, de cuyo zarpazo, precisamente en este mes de setiembre, se cumplen 30 años. Es de esperar que todos hayamos aprendido la terrible lección y no dejemos solo al pueblo boliviano.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info